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Asamblea Nacional de Nicaragua ratifica la cadena perpetua para quienes cometan "crímenes de odio"

La cuarta ley que promete ser el brazo legal de Ortega para reprimir, en medio de un año crucial para el futuro del país, ha sido ratificada. Este 18 de enero, en una ceremonia al aire libre en Ciudad Darío, Matagalpa, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó, en segunda legislatura, una reforma a la Constitución Política de la República, cambio que incorpora la cadena perpetua como castigo para quienes comentan "crímenes de odio".


Fotografía de El 19 Digital por Enrique Oporta

El Artículo 37 ahora pone a disposición la cadena perpetua, herramienta que podrá ser utilizada por el aparato orteguista para justificar la criminalización de opositores políticos y ciudadanos que se manifiesten en contra del Gobierno.


Varias organizaciones de derechos humanos a nivel regional y la sociedad civil de Nicaragua denuncian desde el 2020 las irregularidades de este proceso y el sistema que a partir de ahora tendrán a disposición los operadores de justicia en el país, leales a Daniel Ortega y su esposa, quienes acusarán por "crímenes de odio" a cualquier persona que ose enfrentar de alguna forma al régimen.


Con 70 votos a favor, 13 oposiciones y 5 abstenciones, la votación se dio en medio del acto que el órgano legislativo realizó en conmemoración del natalicio del Príncipe de las Letras Castellanas, Rubén Darío.


El bloque opositor a Ortega y varios medios de comunicación del país preveían la aprobación de esta ley para principios de 2021, y han acertado.


El combo completo


En ausencia total del Estado frente a la pandemia de Covid-19, y ante la prolongación de una crisis social, política y humanitaria que no da tregua, el Gobierno de Nicaragua ha aprobado cuatro polémicas y atrevidas normativas jurídicas, que tienen como fin legalizar la represión, imponer la censura y criminalizar las libertades públicas e individuales de la ciudadanía, entre otros derechos civiles y políticos.


Aprobada el 15 de octubre de 2020, y publicada cuatro días después en La Gaceta - Diario Oficial, la Ley de Agentes Extranjeros (Ley No. 1040) regulará a las personas naturales y jurídicas que, según la interpretación de las autoridades, respondan a intereses y financiamiento extranjero y lo utilicen para realizar actividades que deriven en injerencia de organizaciones y Gobiernos extranjeros en los asuntos internos de Nicaragua.


Por otra parte, la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley No. 1042) fue creada para la prevención, investigación, persecución y sanción de los "delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y comunicación en perjuicio de personas naturales y jurídicas". Esta ley violenta los derechos humanos y la libertad de expresión, y sobre todo limita el ejercicio periodístico.


A su vez, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley No. 1055), pretende anular la participación política de opositores a Ortega en los comicios de noviembre.


Fotografía de El 19 Digital por Enrique Oporta

Preparando el escenario


Aún no sé conoce a ciencia cierta si el caudillo buscará un cuarto mandato consecutivo, pero los movimientos políticos y legislativos de su Gabinete, y de la Asamblea misma, anuncian los preparativos finales de Ortega en el tablero electoral que pretende instaurar.


Mientras la oposición comienza a definir mecanismos y candidaturas, sin perder de vista las tan necesarias reformas electorales, el órgano legislativo enfoca sus esfuerzos en la permanencia del FSLN en el poder e ignora por completo los pasos legales que se deben dar para garantizar un proceso electoral democrático.


La primera sesión de la Asamblea aparenta ser el tráiler de la película del 2021 para Nicaragua. ¿Más leyes represivas? ¿Comicios sin reformas?

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