Del mejor al peor, según el informe 2023 de Transparencia Internacional (TI), Centroamérica, en cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción, se ubica de la siguiente manera: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En el caso específico de este último país, el informe de TI señala que el Poder Judicial ha sido instrumentalizado para consolidar a la actual dictadura, poniendo en riesgo no solo la democracia, sino también la estabilidad social y económica del país y la región.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
El reciente informe presentado por Transparencia Internacional (TI) ha revelado que la falta de independencia del poder judicial en América Latina es uno de los principales obstáculos para combatir eficazmente la corrupción en todos sus niveles y formas. Este problema se refleja claramente en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2023, donde todos los países de la región, excepto tres, obtuvieron una puntuación inferior a 50 sobre 100. Uruguay, Chile y Costa Rica destacan como los países latinoamericanos mejor posicionados, con puntuaciones de 73, 66 y 55 puntos, respectivamente, siendo los únicos que superan el umbral de aprobación. Por otro lado, Venezuela (13) y Nicaragua (17) ocupan los últimos lugares, evidenciando un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de independencia de los órganos judiciales locales. Honduras y Guatemala, con 23 puntos, también se sitúan entre los más corruptos de la región.
El informe de TI subraya que la ausencia de independencia judicial debilita el Estado de derecho, promueve la corrupción y fomenta la impunidad de las y los corruptos y criminales. Este problema se convierte en una barrera significativa para combatir la corrupción de manera efectiva y garantizar el buen funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos en los Gobiernos, las instituciones estatales y los sectores país.
Luciana Torchiaro, consejera regional para las Américas de Transparencia Internacional, enfatizó la importancia de que los países de la región fortalezcan sus poderes judiciales para garantizar la rendición de cuentas y la justicia en todos sus niveles y formas. La falta de independencia judicial no solo debilita los cimientos de la democracia, sino que también perpetúa la impunidad de las élites corruptas, en detrimento de la sociedad y el bien común. En el caso específico de Venezuela y Nicaragua, países señalados por su baja puntuación y contexto de dictadura, Torchiaro destacó la inexistencia de división de poderes, la opacidad reinante y la difusa línea entre lo legal e ilegal. En estos casos, los órganos de justicia sirven como instrumento al servicio de las élites gobernantes y el crimen organizado, eliminando cualquier posibilidad real de sancionar la corrupción o las bases de lo que pueda estar mal.
El ejemplo de Guatemala también resalta en el informe, ya que ha experimentado una declinación significativa desde el año 2012, perdiendo diez puntos. La construcción de una élite económica y política en el país centroamericana, aliada con prácticas corruptas durante tres administraciones consecutivas, ha manipulado las instituciones del Estado, especialmente al Ministerio Público (MP).
En este contexto, la consejera de TI depositó esperanzas en el nuevo presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, quien asumió el cargo con una firme postura anticorrupción. Sin embargo, el camino hacia la erradicación de este cáncer social y estatal, y el fortalecimiento de la independencia judicial, presentan desafíos sustanciales.
Brasil, por su parte, también experimenta una tendencia regresiva en la lucha contra la corrupción, con la designación de personas afines a los presidentes Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva en puestos clave como la Fiscalía General. Chile, a pesar de mantener una posición destacada en el IPC, es considerado por TI como un país a observar, ya que ha experimentado una disminución significativa en su puntuación desde 2014, debido a casos de corrupción que han afectado a diversas instituciones del Estado.
El gran caso de Nicaragua
En este informe, Nicaragua emerge como uno de los países más afectados por esta lacra, ocupando un lugar preocupante junto a Haití como el segundo más corrupto del continente americano.
Según los datos revelados por TI, en el sector público nicaragüense, la corrupción ha alcanzado niveles alarmantes, con una puntuación de 17 en una escala que va desde cero, que representa una corrupción muy alta, hasta cien, que indica una corrupción mínima. Esta cifra coloca a Nicaragua en una situación de vulnerabilidad extrema, con un contexto de impunidad generalizada y una ausencia total de independencia en el sistema judicial, lo que ha facilitado la consolidación de la dictadura que ha gobernado el país desde 2007, la de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Pero como ya lo mencionamos, la falta de independencia judicial no es exclusiva de Nicaragua; de hecho, es un mal endémico que afecta a gran parte de la región. Países como Guatemala y El Salvador también han experimentado cooptación extrema de jueces y fiscales por parte de élites políticas, convirtiendo al poder judicial en una herramienta para perpetuar la corrupción y socavar los principios democráticos. En el caso específico de Nicaragua, el informe de TI señala que el Poder Judicial ha sido instrumentalizado para consolidar la dictadura, poniendo en riesgo no solo la democracia, sino también la estabilidad social y económica del país, y del vecindario.
La sensación de impunidad que prevalece en Nicaragua y en otros países de la región mina la confianza pública en el sistema judicial y desalienta las denuncias, señalan expertos consultados por el equipo de COYUNTURA, especialmente entre los grupos más vulnerables de la sociedad, como las mujeres, los pueblos indígenas y las minorías sexuales. Esta situación crea un círculo vicioso en el que la corrupción y la injusticia se retroalimentan, perpetuando la desigualdad y la exclusión social.
Ante esta realidad desafiante, es urgente que los países de América Latina, particularmente los de Centroamérica, redoblen sus esfuerzos para fortalecer la independencia y la transparencia del poder judicial. Solo así se podrá garantizar la rendición de cuentas y la justicia para todos los ciudadanos, sin distinción de estatus social o afiliación política. Sin embargo, el camino hacia una mayor integridad institucional no será fácil, y requerirá un compromiso firme por parte de las administraciones nacionales y locales, la sociedad civil y la comunidad internacional.
En este sentido, TI hace un llamado a los líderes políticos y a la ciudadanía en general para que se unan en la lucha contra la corrupción y exijan reformas significativas que fortalezcan el Estado de derecho y promuevan la transparencia en todos los niveles de Gobierno en Centroamérica y la región. Solo mediante un esfuerzo conjunto y sostenido se podrá avanzar hacia una América Latina más justa, equitativa y libre de corrupción.
El IPC de 2023 también destaca algunos casos de éxito en la región, como Uruguay, Chile y Costa Rica, que han logrado mantener niveles relativamente bajos de corrupción gracias a la fortaleza de sus instituciones democráticas y a su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Estos países son un ejemplo inspirador de lo que se puede lograr cuando se prioriza la integridad y se adoptan medidas concretas para combatir la corrupción.
En conclusión, la falta de independencia de los sistemas judiciales en América Latina, especialmente en Centro y Sur América, se presenta como un desafío crítico en la lucha contra la corrupción. La necesidad de fortalecer y garantizar la autonomía de los poderes judiciales se vuelve imperativa para asegurar la rendición de cuentas, la justicia y la construcción de sociedades más justas, orientadas al bien común y libres de corrupción e impunidad.
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