La manipulación -que es constante en la actual administración- del discurso de paz se hace evidente cuando se analiza el contexto histórico que rodea la aprobación de esta legislación, en el sexto aniversario de aquella gesta social y política. Abril, lejos de ser un mes de calma y concordia, es recordado por las masivas protestas ciudadanas que iniciaron aquel mes de 2018, que fueron brutalmente reprimidas por orden del Poder Ejecutivo, en manos de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Más de 350 personas fueron asesinadas, en su mayoría jóvenes, campesinos y civiles, quienes exigían reformas en el sistema dictatorial.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el lunes 08 de abril de 2024 por abrumadora mayoría una ley que declara el mes de abril como "mes de la paz", en un movimiento que ha despertado tanto elogios oficialistas como críticas dentro y fuera del país centroamericano. Con una votación de 89 a favor y ninguna en contra ni abstenciones, la aplanadora sandinista en el parlamento aseguró la aprobación de esta iniciativa, la cual busca institucionalizar un período "de conmemoración y promoción de la paz" en Nicaragua. La ley establece que durante todo el mes de abril se llevarán a cabo una serie de actividades enfocadas en promover "valores de paz y unidad en la sociedad nicaragüense".
El texto de la ley declara: "La paz, patrimonio del pueblo nicaragüense, bendición suprema alcanzada en nuestra Nicaragua, libre, digna y soberana, es un legado histórico que debemos celebrar con respeto, concordia y fraternidad para la prosperidad". Este anuncio ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social del país. Por un lado, los partidarios, medios, funcionarios y activistas del régimen sandinista han celebrado la medida como un paso hacia la "reconciliación y la estabilidad". Diputados sandinistas y algunos miembros de otros partidos aliados han expresado su apoyo a la ley, destacando la importancia de la paz como base para el progreso y el desarrollo.
Sin embargo, críticos y opositores han cuestionado la legitimidad y la intención detrás de esta ley. Argumentan que su aprobación es una estrategia política para desviar la atención de la crisis política y social que atraviesa Nicaragua desde las protestas de abril de 2018. Esas protestas, inicialmente dirigidas contra un incendio forestal mal gestionado y luego por unas controvertidas reformas a la seguridad social, se convirtieron en un movimiento masivo que exigía la renuncia del presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, vicepresidenta de la nación.
No obstante, durante el debate en la Asamblea Nacional, algunos diputados opositores denunciaron la falta de "verdadera voluntad política" por parte de "algunos sectores" para abordar las causas profundas de la tensión social en el país. Roberto José Lira Villalobos, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), señaló que la paz auténtica solo puede alcanzarse mediante el respeto a los derechos humanos, la justicia y la libertad.
En contraste, diputados oficialistas como Carlos Emilio López utilizaron su intervención para arremeter contra la oposición, tildándola de "malos hijos de la Patria" y acusándola de intentar desestabilizar al "Gobierno legítimamente electo". Este discurso ha sido característico del régimen de Ortega, que ha desestimado las críticas internacionales y los amplios informes sobre las violaciones a los derechos humanos durante la represión de las protestas de 2018, argumentando que se trató de un "intento de golpe de Estado auspiciado por potencias extranjeras".
Uno de los puntos más controvertidos de la aprobación de esta ley es su coincidencia con el aniversario seis de las manifestaciones de 2018. En esa ocasión, miles de nicaragüenses salieron a las calles de la capital y todo el territorio nacional para expresar su descontento con el orteguismo, desencadenando una violenta respuesta por parte de las autoridades, que resultó en la muerte de cientos de personas, según informes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para varios críticos de la administración sandinista, y defensores de derechos humanos centroamericanos, consultados bajo anonimato por el equipo de COYUNTURA, esta ley es un intento de reescribir la historia y desviar la atención de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas de 2018. Al declarar abril como mes de la paz, el oficialismo busca, según ellos, ocultar su responsabilidad en la represión y presentarse como defensor de la estabilidad y la armonía social.
En contraposición, los partidarios del sandinismo argumentan que esta ley es un paso necesario hacia la reconciliación y la construcción de un futuro pacífico para Nicaragua. Para ellos, la paz es un bien preciado que debe ser protegido y celebrado, especialmente en un país que ha experimentado períodos de conflicto y violencia en su historia reciente. Independientemente de las opiniones divergentes, la aprobación de esta ley marca un hito en el panorama político de Nicaragua y plantea interrogantes sobre el verdadero significado de la paz en un contexto de polarización, conflicto y abusos sistemáticos, con al menos tres intentos del orteguismo por borrar el significado cívico, político y hasta espiritual de abril de 2018, incluyendo un Día Nacional de la Paz, el histórico 19 de abril.
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