Para acabar con la vida de ellas, sus agresores han recurrido a armas de fuego, mecate, cuchillo, venenos y claro, golpes contundentes. Las mujeres en Nicaragua sufren violencia y se sienten desprotegidas. “En su día esto es lo que podemos hacer: DENUNCIAR”, dicen organizaciones.
Por Voces En Libertad | @VocesNi
Día Internacional de la Mujer
Nicaragua
Siete mujeres han sido asesinadas en Nicaragua en lo que va del año, algunas fueron violadas primero y otras sufrieron estocadas hasta que sus verdugos comprobaron que no respiraban más. Sus nombres no serán escritos en ningún cartel, ni gritados en alguna calle por ninguna activista exigiendo justicia este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
“A las mujeres en Nicaragua las han matado y las que viven, mandadas a callar”, denuncia una integrante de la Red de Mujeres Contra la Violencia.
La activista, que también es socióloga del organismo, señala que este año cumplen 15 años viviendo un alarmante deterioro de un sistema que debía protegerlas de la violencia machista. “Los derechos de la mujer en este país han sido devastados”, agrega. Recuerda que en octubre de 2006, la Asamblea Nacional penalizó el aborto, el primer golpe de muchos que vinieron después en contra de ellas. Hoy no se les permite ni marchar.
Martha Flores de Católicas por Derecho a Decidir, CDC, agrega que en el caso de las mujeres, han vivido en los últimos dos años bajo dos pandemias: “Una es la Covid-19 y la otra es la violencia machista. Ambas han matado”, menciona. “Pero la violencia contra las mujeres –explica -- no es una enfermedad, es un acto en el que se demuestra que las mujeres estamos en desventaja ante esta cultura machista que cada día enluta a las familias”, advierte.
La impunidad que duele
¿Hay algo que celebrar hoy? –preguntamos—“No”, responde Flores rápidamente. “Hay mucho que denunciar”, agrega. Recuerda que hay una ley en Nicaragua que debe proteger a las mujeres, la 779, que casi no funciona, que el activismo es perseguido, que algunas organizaciones han sido anuladas al arrebatarles sus personerías jurídicas y que campea la impunidad de violadores y femicidas. Eso y más, como parte de un listado amargo de desafina este día en el que el mundo celebra a la mujer.
Si alguien vive en carne propia lo que dice Flores es doña María Alvarado. El femicidio contra su hermana Belinda Alvarado, perpetrado hace dos meses y medio, en la comunidad de Huehete, Carazo, duele como si tan solo han pasado horas. “No ha sido nada fácil para nosotros, vemos a los hijos de mi hermana sufrir su ausencia, es duro decirle a un niño de cinco años que su madre se ha ido para siempre”, comparte Alvarado.
Doña María dice que este “día duele”, porque las hace sentirse “burladas”. “Hoy las autoridades van a hablar de la mujer y sus derechos logrados, pero, ¿Cuáles? En el caso de mi hermana, le arrebataron lo más importante de todos, que es la vida y su asesino sigue sin responder ante ese crimen”, acusa.
Daniela Alvarado de tan solo 19 años ha tenido que dejar sus clases para asumir el rol de su madre en la casa y terminar de criar a su hermanito menor. Le ha sido imposible olvidar el día que mataron a su madre. “Nuestras vidas dejaron de ser las mismas”, asegura. “Nos arrebataron todo, mataron a mi madre”, lamenta.
Belinda Alvarado murió el 25 de diciembre del año 2021, luego de haber recibido una brutal paliza de parte de su cónyuge, tras una violenta discusión. Según el dictamen médico, cuatro tipos de traumas en la cabeza fueron las causas de su muerte. Es la fecha y el juicio contra el agresor no arranca.
En su comunidad la mujer era muy conocida. La recuerdan como una mujer activa y valiente, una defensora de derechos. Hay videos de ellas dando entrevistas en nombre de varias familias de Huehuete que demandaban al alcalde de Jinotepe a responder por la falta de agua potable. Era el año 2011 y lideró a un grupo de madres que se apostaron sobre la vía principal de la ciudad para presionar por soluciones. Algunos días después, las autoridades locales cedieron y anunciaron la construcción de un pozo que hoy en día abastece a más de 300 familias. “Esa era una vida valiosa”, dice su hija Daniela al recordar el episodio.
El desprecio a la vida de ellas
Según el observatorio de CDC, en el año 2021, 71 mujeres fueron asesinadas, y exactamente ocurrieron el mismo número de femicidios un año anterior a ese 2020.
Este año apenas cumplía una hora o dos de haberse estrenado cuando en la Costa Caribe, la sangre de una mujer fue derramada. Martha Alicia Robinson, fue asesinada por su expareja Bernardo Melecio Ruiz Chow, de quien estaba separada. Eran las primeras horas del primero de enero pasado.
La abogada, maestra y contadora viviría sus 35 años, de no ser porque su agresor llegó en busca de venganza porque ella había decidido el fin de su relación con él y hasta lo denunció ante la Policía, cansada de su violencia y sus amenazas. Pero el hombre estaba libre. Peor aún, si la policía hubiera acudido a un llamado de auxilio que sus familiares hicieron la madrugada que la mató, ella estaría viva.
La socióloga de la Red de Mujeres Contra la Violencia explica que ese desprecio por la vida se debe a que las autoridades de este gobierno desarticularon hace seis años la lucha preventiva contra la violencia machista. “La desaparición de las Comisarías de la Mujer con todo el sistema preventivo que estas tenían, no tiene nada que ver con cómo funcionan ahora, que solo son fachadas, sin una lógica de género y sin el acompañamiento interdisciplinario necesario para atender a la víctima a tiempo y evitar el crimen”, asegura la especialista.
La peligrosa desconfianza de la víctima
El último día del mes de enero de 2016, la Policía inició el cierre de las Comisarías de la Mujer con el cuento de que sus oficinas pasarían a ser una dependencia de la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ. Antes de ésto, esa división policial tenía la tarea específica de combatir la violencia de género y lo hacían con apoyo de las organizaciones feministas.
En cada distrito de Policía, había además del equipo investigador de estos casos, un trabajador social y una fiscal que atendían las denuncias de mujeres violentadas, que las organizaciones feministas venían acompañando en comunidades y barrios. “Era un bloque efectivo, que no solo atacaba la violencia de género, sino que salvaba vidas de mujeres y niñas. Solo antes de esos años de cierre de las Comisarías, las muertes llegaron a bajarse a la mitad de la estadística de ahora, aunque creemos que no debería de haber ni una”, señala Flores.
El régimen Ortega-Murillo, el mismo que impulsó su cierre, se vio obligado a reabrir las Comisarías abrumado por un disparo histórico de casos de violencia contra la mujer. Comenzaba el año 2020 y el país se desangraba con las muertes de hasta dos y tres mujeres en un solo día en diferentes partes del país.
“El problema --dice la socióloga de la Red de Mujeres contra la Violencia-- es que no reabrieron con la lógica de género con las que antes funcionaban. Fueron como una especie de parches y hacen más que trabajo preventivo con la mujer víctima, trabajo político, los militantes de cada zona están involucrados en esa atención y claro, no hay confianza", denuncia.
"Peor, muchas veces lo que hay es complicidad. El agresor ha resultado amigo del secretario político y más bien se garantiza la impunidad”, agrega.
Flores cree que se trata de un asunto de abuso de confianza en este sistema. “Si no hay un tratamiento integral no hay una solución, la mujer no siente que les estén ayudando y siguen buscando apoyo en las organizaciones de mujeres que casi trabajan en clandestinidad, bajo persecución y sin fondos para llevarles ayuda para que salven sus vidas”, dice.
Para las organizaciones, hay un número que demuestra esa falta de confianza en el sistema: los femicidios frustrados. “Se han registrado casi 40 de estos casos”, explica Flores. “Pero eso es lo que hemos sabido, hay subregistros aquí, sabemos de mujeres que no denunciaron, no están visibilizadas ni ella ni su tragedia”, le añade otra activista de las organizaciones que trabajan con las mujeres.
La terrible mediación
Recordó que hay casos en los que las autoridades han obligado a la mujer a mediar con su agresor, porque ellos, las autoridades de gobierno, necesitan informar que dan soluciones, que están trabajando. “Es terrible para una mujer estar cara a cara a su agresor y que sea el mismo sistema que debe protegerla de ese hombre, el que la obliga a darle una oportunidad, vuelve ese mismo día a la casa donde la golpeó y después a los días la mata. Es lo que ha estado pasando”, explican.
El 22 de julio de 2012, las mujeres celebraron la aprobación de la Ley 779 o “Ley integral contra la violencia hacia las mujeres”. Estaban contentas con el logro, quizás el más significativo de su lucha para erradicar la violencia de los hombres contra ellas. Venían de unas largas jornadas de trabajo que inició con la aprobación de la Ley No. 150 de finales de 1980 y la Ley la 230 de 1994, que tenían como fin el castigo y la prevención de la violencia intrafamiliar.
Nadie podía negar que la Ley 779 no solo actualizaba la lucha para defender a las mujeres, sino que traía afilados colmillos para castigar el machismo. Pero solo fue una buena ley que duró un año y dos meses. Sufrió reformas al año siguiente y al reglamentarla prácticamente aniquilaron su espíritu.
“Aparece la mediación con el supuesto de no aportar a la desunión familiar y en busca de maquillar las estadísticas, establecieron que el término femicidio se redujera al ámbito privado solamente. Es decir, el femicidio solo será entendido como aquella muerte en la que hay una relación de pareja, dejando por fuera la violencia contra las mujeres en la esfera pública”, critica la Socióloga.
“Estas muertes de las mujeres dejan de ser un problema de salud pública y queda como un problema de las familias. Eso significó un retroceso, un golpe a la lucha contra toda expresión de violencia contra las mujeres, y claro muchas muertes ahora quedan disfrazados como asesinato y en el peor de los casos homicidio”, denuncia.
El agresor está libre y llega a matar
Nicaragua podría ser el país que más ha liberado a convictos antes de que cumplan una condena judicial. En un mundo ideal, si el sujeto está arrepentido, se ha regenerado y está listo para reingresar a la sociedad, eso no debería ser un problema.
En Nicaragua las organizaciones feministas han encendido las alarmas y denunciado casos en que el femicida, salió de la cárcel al ser beneficiado con un indulto o perdón presidencial y llegó a vengarse de la expareja.
Massiel Carolina López, de 26 años, no pudo despedir el año 2020 con su familia como lo tenía planeado, debió luchar por su vida varios días en una cama del Hospital Regional de Santiago en Jinotepe y solo pudo estar consciente en los primeros días del año nuevo.
El 28 de diciembre su expareja, que fue indultado por Daniel Ortega con la figura de Perdón Presidencial en vísperas de la Navidad de ese año, la atacó con un cuchillo y le hirió piernas y cuello, le destrozó una amígdala y la dejó muy cerca de la muerte. “Hay muchos casos como este”, agregan las activistas.
A diciembre de 2021, el régimen Ortega-Murillo se jactaba de haber liberado a 26 mil 386 convictos. Lo que no dijeron, es que en esas liberaciones, habían incluido a violadores, a agresores de mujeres y femicidas frustrados como el atacante de López.
“No solo es promover la impunidad es poner al alcance del verdugo a la mujer indefensa, es lo que hemos dicho, estamos frente a un sistema de protección devastado, la amenaza es real porque las muertas ahí están”, dice Flores.
Vidas que duelen:
01 de enero, es asesinada en el barrio Santa Rosa de Bluefields, Costa Caribe Sur, Martha Alicia Robinson. Su atacante es su expareja Bernardo Melecio Ruiz Chow.
07 de enero en Panamá, la nicaragüense Zenaida del Carmen López, de 29 años es asesinada por su pareja el también nicaragüense Halsin Aniel Jirón.
04 de febrero, María Julia Gutiérrez Rizo de 54 años murió cinco días después de haber sido agredida por su ex pareja Ernesto Calderón Sevilla, de 56 años, en Rosita, Caribe Norte.
10 de febrero, comunidad de Pondler, Laguna de Perlas, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), Blanca Nubia Pérez, de 43 años, fue decapitada. La versión señala a varios atacantes.
13 de febrero, en la comunidad de Sapoá, Rivas, Ana Rosa Amador Hernández, de 21 años, fue asesinada a manos de su expareja José Rafael Reyes.
13 de febrero, en Rosita Caribe Norte, la adolescente de 16 años de iniciales J.C.C.J fue asesinada por su cuñado Henry Javier Molina García de 31 años, después que la violó.
18 de febrero, en Siuna, Triángulo Minero, Emilia Mendoza Mejía, de 39 años, recibió un disparo que acabó con su vida. Su atacante fue su cónyuge Elvin Areyson Ortega Manzanares de 28 años.
