La aprobación de un reglamento que otorga pasaportes diplomáticos vitalicios a exfuncionarios del servicio exterior hondureño ha desatado una controversia política y jurídica en el país centroamericano en la segunda semana de marzo. Mientras el excanciller "socialista" Eduardo Enrique Reina defiende la legalidad del mecanismo al amparo de normas vigentes desde finales del siglo pasado, sectores políticos y jurídicos sostienen que la medida constituye un privilegio indebido que debe ser derogado.

El debate se intensificó luego de revelarse que Reina aprobó la normativa pocos días antes de abandonar el cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que le permitiría acceder al documento diplomático de manera permanente. El reglamento también amplía el beneficio a otros exfuncionarios de la diplomacia hondureña y a sus cónyuges.

Ante las críticas, Reina sostuvo que el otorgamiento de estos documentos tiene respaldo jurídico en disposiciones vigentes desde 1998, que establecen quiénes pueden acceder a pasaportes diplomáticos.

Según explicó, la legislación reconoce ese derecho a presidentes, expresidentes y diplomáticos de carrera, categoría que incluye a cancilleres, vicecancilleres y exfuncionarios de alto nivel en la política exterior.

El exjefe de la diplomacia hondureña afirmó que el reglamento se elaboró conforme a ese marco normativo y que la emisión de estos documentos se ha realizado durante décadas dentro de la institucionalidad del país.

Reina también indicó que durante su trayectoria en la Cancillería —incluido el período en el que se desempeñó como vicecanciller— firmó pasaportes diplomáticos para distintos exmandatarios y exresponsables de la política exterior, insistiendo en que se trata de una práctica respaldada por la ley y no de una actuación irregular.

Reacciones críticas

Sin embargo, la disposición ha generado cuestionamientos desde el ámbito jurídico. La abogada Ruth Lafosse, entrevistada en el noticiero 30/30, afirmó que el instrumento aprobado por la Cancillería no tiene rango de ley secundaria, sino que se trata únicamente de un reglamento administrativo.

En ese sentido, explicó que la actual canciller Mireya Agüero tendría facultades para derogarlo sin necesidad de un proceso legislativo.

Lafosse calificó la decisión como una "oficialización del abuso del poder" y sostuvo que la medida se asemeja a la concesión de privilegios propios de sistemas de títulos nobiliarios. A su juicio, los pasaportes diplomáticos deben limitarse exclusivamente a quienes ejercen funciones públicas en representación del Estado.

La jurista también argumentó que el reglamento podría contradecir el artículo 60 de la Constitución hondureña, que establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, al crear un tratamiento privilegiado para determinados exfuncionarios.

En la misma línea, la Fundación 15 de Septiembre denunció que la normativa permitió que Reina asegurara un pasaporte diplomático vitalicio tras dejar el cargo. La organización señaló además que tanto el ex canciller como el excanciller Javier Efraín Bú continuarían utilizando estos documentos para facilitar la obtención de visas y conservar beneficios asociados al estatus diplomático.

La controversia escaló también al ámbito político. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció este lunes 09 de marzo de 2026 que promoverá una iniciativa legislativa para eliminar el reglamento vigente.

El parlamentario de derechas calificó la medida como un "exceso y abuso" contra el Estado hondureño y aseguró que el Congreso acompañará las acciones destinadas a suprimirla.

Zambrano argumentó que los cargos públicos son de naturaleza temporal, por lo que los privilegios vinculados al ejercicio de funciones diplomáticas deben extinguirse al finalizar el mandato.

En esa línea, planteó que los exfuncionarios deberían devolver los pasaportes diplomáticos una vez concluidas sus responsabilidades en el Estado. La exigencia —según dijo— debe aplicarse sin distinción partidaria.

De acuerdo con información difundida en el programa de análisis 30/30, el reglamento aprobado por la Cancillería contiene 15 artículos. El documento fue aprobado el 06 de mayo de 2025 y posteriormente publicado el 14 de junio del mismo año en La Gaceta - Diario Oficial.

La normativa establece que los pasaportes diplomáticos y oficiales para funcionarios en ejercicio tendrán una vigencia de uno o cinco años, dependiendo de la naturaleza del cargo.

En contraste, introduce la figura de pasaportes diplomáticos vitalicios para expresidentes de los poderes del Estado, excancilleres, exvicecancilleres, exsubsecretarios de Relaciones Exteriores y sus cónyuges.

El alcance de esta disposición y su eventual compatibilidad con el marco constitucional hondureño se han convertido ahora en el centro de un debate que enfrenta a la Cancillería, sectores jurídicos y el poder legislativo. Mientras el exjefe de la diplomacia defiende su legalidad histórica, voces críticas y dirigentes políticos presionan para que el beneficio sea eliminado.

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