Para finalizar octubre de 2023, el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo reforzó su control absoluto sobre la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras la destitución de la magistrada presidenta Alba Luz Ramos y la remoción de directores clave en este poder del Estado. Esta acción ha generado controversia y ha sido calificada por algunos como un "golpe de Estado". El retiro abrupto de Ramos se llevó a cabo bajo la influencia de Murillo y su asesor de seguridad, Néstor Moncada Lau. Expertos sugieren que este movimiento es parte de los esfuerzos de Murillo por eliminar cualquier "foco de resistencia" a su eventual ascenso como sucesora de Daniel Ortega, y su estrategia implica una represión severa y la sustitución de funcionarios con lealtades hacia ella.

Los cambios en la CSJ se enmarcan en una serie de movimientos políticos que buscan reforzar el control del gobierno, y se especula que el Ejército podría ser el siguiente en la lista de instituciones afectadas por estas transformaciones. Según analistas, se está produciendo un proceso de sucesión familiar en Nicaragua, con Rosario Murillo consolidando su influencia en las instituciones que anteriormente estaban bajo el control de Ortega. Esta situación plantea desafíos significativos para la estabilidad política en el país, y se espera una mayor concentración de poder en manos de Ortega y Murillo en el futuro.