Huelga de hambre por la liberación de presos políticos

Actualmente la ciudad de Masaya, Nicaragua, se encuentra en una situación de tensión y violencia policial. El motivo es una huelga de hambre encabezada por familiares de varios presos políticos, quienes exigen la liberación de los mismos, ya que estos permanecen privados de libertad por orden directa de la dictadura Ortega-Murillo.

La represión por parte del Gobierno en contra del estallido social que inició en abril de 2018 ha dejó más de 300 personas asesinadas, más de 700 personas encarceladas ilegalmente y más de 80 mil exiliados. Las evidencias del terrorismo de Estado y las violaciones de derechos humanos han sido ampliamente registradas por diversos medios de comunicación, organismos nacionales e internacionales y un sinnúmero de personas. A pesar de la irrefutable responsabilidad de los cuerpos policiales y las fuerzas para-policiales, dirigidas por el Gobierno de los Ortega-Murillo, no se ha procesado ni investigado a ningún funcionario estatal, y mucho menos a una institución del Estado. Por el contrario, fue aprobada una ley "anti-terrorismo", sin respetar los parámetros del derecho internacional, ni la Constitución de Nicaragua como tal; dicha ley tiene como objetivo el criminalizar cualquier acción de protesta pacifica en contra de la dictadura, y le da al Gobierno la potestad de considerar o no si dichas acciones son actos que "rompen el orden constitucional".

Varias personas llevan 5 días dentro de la Iglesia San Miguel de Masaya, exigiendo la liberación de los presos políticos - Fotografía de AP

Producto de esta ley, más de 150 personas están encarceladas injustamente y muchas de ellas fueron condenadas en juicios que irrespetan los debidos procesos y los derechos civiles como tales. Los familiares de estos presos se encuentran en huelga de hambre desde horas tempranas del 14 de noviembre, dentro de la Iglesia San Miguel de Masaya, con el único fin de exigir de forma pacifica su liberación. La respuesta del Gobierno fue la movilización de cuerpos policiales para asediar la iglesia en la que se encuentran refugiados, cortar los servicios básicos de agua y electricidad del recinto, bloquear el paso de agua, comida y medicinas, y arrestar ilegalmente a 13 personas que intentaron la noche del 14 de noviembre de 2019 hacer llegar agua a dichas personas en huelga.

Estos arrestos se dieron, según declaraciones de abogados defensores, citando a funcionarios del Ministerio Público, por "delitos de relevancia nacional". Los apresados ya fueron presentados por la Policía y enfrentan procesos acusatorios por diversos delitos, entre ellos el de "portación ilegal de armas restringidas". Desde el 2018 se han denunciado situaciones de tortura y trato inhumano hacia quienes son detenidos por la Policía, razón por la cual se teme por la integridad física y psicológica de estas personas.

El mundo necesita conocer que en Nicaragua las violaciones de derechos humanos continúan y se agudizan. Asesinatos de campesinos, prisión por razones políticas, tortura, persecución policial, grupos armados, y un Estado de Indefensión en todo el país; todo esto, planifica y dirigido desde Gobierno "de reconciliación y unidad" de los Ortega-Murillo.

La instauración del Estado Policial en el país es real y palpable desde hace varios meses, y esto hace que toda forma de protesta pacifica sea criminalizada. La participación política y libertad de pensamiento y de expresión es una actividad de altísimo riesgo pues sus consecuencias pueden ser la cárcel, el exilio o la muerte. En el corriente mes de noviembre el Gobierno, a través de figuras como el dictador Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, Juan Carlos Ortega Murillo (hijo de la pareja dictatorial), miembros del FSLN como Carlos Fonseca Terán y grupos paramilitares vinculados al partido en el poder, han realizado declaraciones públicas donde reafirman su disposición a utilizar las armas para asesinar y neutralizar cualquier intento de protesta surgido de la población en contra del régimen. En este contexto de miedo los grupos opositores se encuentran desmovilizados y la población sufre de un Estado de Indefensión extremo.

Este escenario realza el valor y coraje de los familiares de presos políticos y activistas que ponen en riesgo sus propias vidas para visibilizar las injusticias en el país. La huelga de hambre en curso y las demandas de estas personas, y de todo el país, deben ser conocidas internacionalmente. El terrorismo de Estado ejecutado por los Ortega-Murillo debe ser evidenciado y difundido para, en un futuro, encontrar culpabilidad y procesar a los responsables; solo así se podrá iniciar el proceso de memoria histórica y reparación que tanto necesitan las y los nicaragüenses.

El padre Edwin Román también se encuentra dentro de la iglesia San Miguel de Masaya - Fotografía de AP por A. Zuniga

El día de ayer, 18 de noviembre de 2019, luego de que la Policía presentara a las personas detenidas ilegalmente el pasado 14 de noviembre y anunciara los procesos acusatorios en su contra, varias madres de otras personas privadas de libertad injustamente se unieron a la huelga de hambre desde la Catedral de Managua, pero tuvieron que abandonar el lugar debido a que turbas orteguistas profanaron el templo y agredieron a un sacerdote y a varias religiosas. Así también, han sido agredidas otras personas en Matagalpa y Masaya.

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