Investigación sobre la campaña de Salvador Nasralla escala al ámbito penal y reabre el debate sobre la transparencia electoral en Honduras
- hace 2 días
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Las diligencias tienen su origen en una denuncia presentada el 3 de marzo de 2026 ante la Unidad de Política Limpia. El documento solicitó investigar posibles irregularidades relacionadas con la recepción, administración y liquidación de recursos utilizados durante la campaña electoral del excandidato liberal en las elecciones generales de 2025. La denuncia fue admitida administrativamente y generó una serie de requerimientos de información dirigidos al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), particularmente sobre cuentas bancarias nacionales e internacionales vinculadas al partido y a actividades de campaña.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
La investigación que desarrolla el Ministerio Público (MP) sobre el manejo de recursos financieros utilizados durante la campaña presidencial de 2025 del excandidato liberal y presentador de televisión, Salvador Nasralla, ha abierto un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia, la fiscalización y el financiamiento político en Honduras.
Aunque las autoridades insisten en que las diligencias se encuentran en una fase preliminar y que aún no existe una acusación formal ni una determinación sobre la comisión de delitos, las pesquisas han comenzado a revelar una serie de elementos que han despertado el interés de los órganos de control electoral y de los fiscales encargados de investigar posibles irregularidades en el manejo de fondos de campaña.
La investigación gira alrededor de presuntas inconsistencias entre los informes financieros presentados ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), conocida popularmente como Política Limpia, y una denuncia que apunta a la existencia de mecanismos paralelos de captación y administración de recursos durante la contienda electoral.
Una denuncia que llegó al Ministerio Público
El caso tiene como antecedente una denuncia presentada el 3 de marzo de 2026 ante la UFTF, mediante la cual se solicitó investigar posibles irregularidades relacionadas con la recepción, administración y liquidación de fondos vinculados a la campaña presidencial de Nasralla.
La denuncia fue admitida dentro de un expediente administrativo y posteriormente derivó en diligencias que involucraron tanto a la Unidad de Política Limpia como al Ministerio Público.
Las actuaciones más recientes llevaron a la comparecencia, en calidad de testigo, de Ivonne Ardón, presidenta comisionada de la UFTF, quien acudió ante fiscales de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) para proporcionar información relacionada con el expediente.
Su abogado, Raúl Paniagua, aclaró que la funcionaria no figura como investigada y que su comparecencia responde exclusivamente a las responsabilidades institucionales derivadas de su cargo como máxima autoridad del ente fiscalizador.
Cuentas de terceros y fondos no reportados
Uno de los principales ejes de la investigación se concentra en la supuesta utilización de cuentas bancarias de terceros para captar recursos destinados a la campaña electoral.
Según explicó Paniagua, los fiscales han recopilado información que apunta a la utilización de cuentas vinculadas al diputado suplente liberal Josué Colindres para recibir aportaciones que posteriormente habrían sido destinadas a actividades de campaña sin haber sido reportadas ante la Unidad de Política Limpia.
El abogado afirmó que los investigadores intentan establecer si existe correspondencia entre los ingresos reflejados en los informes oficiales y los movimientos financieros descritos en la denuncia.
“Hay algunos indicios que indican que no hay ninguna correspondencia entre lo que se presentó en el informe de campaña y la denuncia de captación irregular de fondos”, señaló.
La hipótesis bajo análisis es que determinados recursos pudieron haber ingresado al circuito financiero de la campaña sin quedar registrados dentro de los mecanismos de rendición de cuentas exigidos por la legislación electoral.
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