Congreso Legislativo de Honduras entra en zona de alta tensión por posible juicio político contra Marlon Ochoa
- 23 mar
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El clima de confrontación también se ha alimentado desde el propio seno del Consejo Nacional Electoral (CNE). La consejera nacionalista Cossette López-Osorio acusó al izquierdista de sostener una estrategia basada en la reiteración de afirmaciones falsas, particularmente en torno a denuncias de intervencionismo. Según su versión, estas declaraciones responden a un intento de desviar la atención de acciones que, en su criterio, afectaron el funcionamiento del organismo electoral, incluyendo la paralización de decisiones clave y la generación de conflictos internos.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
El Congreso Legislativo de Honduras se ha convertido en el nuevo epicentro de la disputa política, institucional y electoral del país centroamericano. La posibilidad de promover un juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, ha escalado desde el plano de la advertencia al de una aritmética aparentemente resuelta: la oposición asegura que ya cuenta con los 86 votos necesarios para llevar la iniciativa al pleno.
A partir de ahí, el debate dejó de ser únicamente jurídico y pasó a ser profundamente político, con acusaciones cruzadas de fraude, persecución, obstrucción institucional y hasta amenazas a la democracia.
La señal más clara de ese giro la dio el jefe de bancada del Partido Nacional (PNH), Carlos Cano, quien afirmó que el proceso ya no se encuentra en una etapa exploratoria, sino en una fase de definición.
En la misma línea, el diputado nacionalista Kilvett Bertrand aseguró que la bancada opositora ya consolidó la mayoría calificada para presentar formalmente el juicio político contra Ochoa y otros funcionarios vinculados al órgano electoral. "Ya se tienen los 86 votos. A diferencia de otros momentos, hoy siento un ambiente decisivo y definitorio en el Congreso Nacional", sostuvo el parlamentario, al describir un escenario que, según él, se ha venido construyendo mediante conversaciones sostenidas entre distintas bancadas y sectores de la sociedad civil.
Bertrand explicó que el respaldo legislativo no surgió de manera repentina. Según su versión, se trata de un proceso trabajado durante semanas, con diálogos internos y presiones externas que, a su juicio, terminaron por decantar en un ambiente favorable para impulsar la moción. Aclaró, sin embargo, que todavía no existe una fecha confirmada para introducirla, ya que la maniobra sigue siendo objeto de "análisis estratégico". En otras palabras, el número parece estar garantizado, pero el momento exacto aún se evalúa con cautela política.
El argumento central detrás del intento de juicio político es que Ochoa y otros funcionarios habrían incurrido en faltas graves en el ejercicio de sus funciones dentro del CNE. Para el Partido Nacional, el tema no se reduce a una diferencia partidaria ni a una pugna circunstancial, sino a la necesidad de sentar un precedente institucional. Tomás Zambrano, presidente del parlamento hondureño, afirmó que la eventual decisión será inevitable una vez estén asegurados los votos. "Al tener los 86 votos seguros, es casi inevitable que se tendría que realizar", declaró, al insistir en que la medida no responde a venganza, persecución ni reparto de cuotas, sino a la idea de que "nadie puede abusar del cargo y quedar impune".
Zambrano fue más lejos al sostener que quienes hoy están bajo la mira "atentaron y boicotearon el proceso electoral", por lo que —según su criterio— corresponde establecer un precedente. En su lectura, el momento de ejecutar la acción dependerá del consenso, pero no de la viabilidad política. La decisión, dejó ver, ya está asumida como parte de una correlación de fuerzas que el bloque opositor considera favorable.
El anuncio encendió de inmediato la respuesta del ahora opositor Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y de su principal figura, el exmandatario izquierdista Manuel Zelaya Rosales, quien rechazó la iniciativa y la describió como parte de una maniobra mayor para reconfigurar el poder electoral en el país. Zelaya acusó al Partido Nacional, con apoyo de sectores del Partido Liberal, de pretender destituir a Marlon Ochoa para "ocultar un fraude" y recuperar el control del sistema electoral de cara a los comicios de 2029. Según su planteamiento, el objetivo no es solo remover a un consejero, sino avanzar hacia un "poder omnímodo" capaz de dominar el CNE, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General, como sí LIBRE no hubiera defendido las mismas dinámicas de control absoluto y cero independencia desde el Poder Ejecutivo.
La narrativa de Zelaya se ha sostenido en la idea de que Ochoa es una figura clave porque habría sido testigo de irregularidades vinculadas al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), incluidas supuestas fallas del biométrico, violaciones al código fuente y la existencia de audios que demostrarían una conspiración para alterar resultados. Desde esa perspectiva, una eventual destitución o juicio político no sería una simple medida disciplinaria, sino una estrategia para borrar evidencias y neutralizar a un funcionario incómodo. El expresidente "socialista" llegó incluso a advertir sobre riesgos para la vida de Ochoa, al considerar que la ofensiva política contra él podría escalar más allá del plano institucional.
Zelaya planteó además que, si la iniciativa avanza, los diputados deberían interpretarla como "una declaración de guerra contra el pueblo hondureño". En sus palabras, se trataría de un nuevo golpe político destinado a perpetuar el control del aparato electoral. Su mensaje, de tono alarmista, buscó situar la disputa en el terreno de la defensa democrática, no solo en el de la aritmética parlamentaria.
La respuesta desde el oficialismo no tardó. María Antonieta Mejía, designada presidencial del gobierno de Nasry "Tito" Asfura, salió al paso de las acusaciones de Zelaya con un tono confrontativo. "No se equivoque: aquí las víctimas no son ustedes", escribió, al rechazar la idea de que los sectores que hoy impulsan el juicio político estén actuando por persecución. Mejía cuestionó que quienes, a su juicio, "paralizaron instituciones, obstruyeron procesos y tensaron el sistema electoral" intenten ahora presentarse como perseguidos.
Desde su óptica, el problema no es el juicio político en sí, sino el intento de quienes lo enfrentan por instalar una narrativa de victimización para evadir responsabilidad.
La designada presidencial defendió el juicio político como un mecanismo plenamente constitucional y rechazó que deba ser satanizado. Para ella, exigir responsabilidades no equivale a persecución, así como aplicar la ley no puede confundirse con golpismo. Su mensaje fue claro: el debate no debe girar en torno a una supuesta cacería política, sino al uso correcto de los instrumentos constitucionales para responder a actuaciones que afecten la institucionalidad. En una segunda intervención, Mejía insistió en que el país centroamericano ya ha pasado por decisiones arbitrarias, persecuciones disfrazadas de legalidad y abusos que dañaron profundamente la institucionalidad, por lo que ahora corresponde aplicar las reglas sin manipulación. Su cierre fue categórico: "la democracia no se negocia, no se manipula y no se somete. Se defiende".
En paralelo, la consejera del CNE Cossette López también entró de lleno en la polémica y defendió la existencia de un trasfondo más amplio detrás de las denuncias contra el órgano electoral. López aseguró el viernes 20 de marzo de 2026 que el discurso sobre "intervencionismo" promovido por Ochoa responde a una estrategia de "mentiras por repetición" que, según ella, comenzó tras un intento de captura ilegal del jueves 11 de diciembre de 2025. En su versión, el consejero estaría intentando construir una narrativa de urgencia política para escapar de las consecuencias de haber atentado contra la democracia mediante fabricación de pruebas y bloqueo del quórum en el CNE.
López elevó el tono de su respuesta al describir a Ochoa como alguien que ahora "se acobarda frente a las consecuencias de sus actos", después de haber actuado contra Honduras y contra la democracia.
También sostuvo que el verdadero intervencionismo no está donde sus adversarios dicen que está, sino en la presencia de más de 123 extranjeros que, según afirmó, participaron como observadores sin acreditación oficial durante las pasadas elecciones generales de noviembre. Para la consejera, ese episodio constituye un ejemplo más concreto de intervención real que los señalamientos sobre publicaciones en redes sociales.
La funcionaria insistió en que el material electoral permanece intacto y que las versiones sobre planes de destrucción responden a invenciones de quienes buscan evadir su responsabilidad. Al final, dejó claro que su postura serena no representa retirada, sino firmeza: afirmó que sigue de pie junto a quienes defienden el imperio de la ley y el Estado de derecho, con la frente en alto y la verdad como respaldo.
En medio de ese cruce, la abogada Maribel Espinoza añadió una dimensión distinta al debate al pedir que en Honduras se impulsen más juicios políticos como mecanismo para frenar las violaciones reiteradas a la Constitución por parte de funcionarios públicos.
Espinoza sostuvo que no puede seguir permitiéndose que, "cuando se le ocurra a un politiquero", se viole la Carta Magna y la legalidad sin consecuencias. A su juicio, la falta de sanciones ha generado una cultura de impunidad que debilita las instituciones y deteriora la confianza ciudadana.
La jurista fue todavía más enfática al exhortar a las bancadas del Congreso Nacional a demostrar civismo y votar por juicios políticos contra quienes hayan puesto en precario la democracia. En esa misma línea, anunció que a partir de abril impulsará una iniciativa ciudadana para recolectar firmas con el objetivo de promover este tipo de procesos a nivel nacional. Su planteamiento traslada el debate del plano exclusivamente legislativo hacia una dimensión de presión ciudadana organizada, en la que la participación pública buscaría convertirse en motor de vigilancia institucional.
Espinoza también aprovechó para criticar al sistema judicial, al señalar que en Tegucigalpa se están programando audiencias hasta 2030, una situación que consideró condenable y que, en su opinión, pone en evidencia la deuda del Poder Judicial con los hondureños. Su intervención refuerza una crítica más amplia al funcionamiento del Estado: no solo se cuestiona la conducta de algunos funcionarios, sino la lentitud, la desconfianza y la debilidad de los mecanismos encargados de hacer cumplir la ley.
En este contexto, el choque en torno a Marlon Ochoa no puede leerse únicamente como un episodio aislado. Se trata de una disputa que revela la fragilidad del equilibrio institucional hondureño y la manera en que los órganos del Estado, especialmente los vinculados al proceso electoral, se han convertido en terreno de confrontación política. La discusión sobre el juicio político ha terminado por concentrar varias capas de tensión: la disputa entre oficialismo y oposición, el debate sobre el control del sistema electoral, la memoria de procesos cuestionados en elecciones anteriores y la lucha por el relato público sobre quién ha sido víctima y quién responsable.
La insistencia del Partido Nacional en que ya dispone de los votos para impulsar el proceso, la reacción de Libre denunciando un intento de encubrimiento, la defensa del mecanismo constitucional por parte del oficialismo y el llamado de figuras jurídicas a usar los recursos legislativos contra el abuso de poder componen un cuadro de alta volatilidad política. El Congreso Legislativo de Honduras, en ese sentido, se perfila como escenario de una sesión que podría no solo redefinir el futuro de Marlon Ochoa, sino también marcar un precedente sobre el alcance del juicio político en Honduras.
Lo que está en juego va más allá de una figura individual. La discusión toca directamente la credibilidad del sistema electoral, el peso de las mayorías legislativas, la capacidad del Estado para sancionar conductas de funcionarios y la forma en que el país procesará sus conflictos de cara a los comicios de 2029. Con los 86 votos ya exhibidos como un capital político, el siguiente paso será determinar si el Congreso transforma esa fuerza numérica en una decisión institucional o si el conflicto termina profundizando todavía más la polarización nacional.
En cualquier caso, el episodio ya dejó algo claro: Honduras ha entrado en una nueva fase de disputa por el control del relato electoral e institucional, y el Congreso Nacional aparece ahora como el lugar donde se definirá buena parte de esa batalla.
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