Congreso de Honduras destituye a Johel Zelaya como fiscal general, juramenta a Pablo Reyes Theodore en el cargo y abre crisis institucional tras la renuncia de Rebeca Obando
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El Poder Legislativo culminó el primer juicio político de su historia contra un alto funcionario del Estado, que terminó con la destitución del fiscal general Johel Antonio Zelaya. Con 93 votos a favor, el pleno legislativo resolvió removerlo del cargo tras la lectura del informe final de una Comisión Especial, que concluyó que existían indicios de actuaciones contrarias a la Constitución, negligencia en el desempeño y falta de independencia funcional. El proceso estuvo marcado por controversias desde su inicio.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
La noche del miércoles 25 de marzo de 2026 dejó una de las jornadas más tensas y decisivas en el Congreso Legislativo de Honduras en los últimos años. En una sesión marcada por protestas, empujones, interrupciones y choques entre bancadas, el parlamento culminó el juicio político contra el ahora exfiscal general Johel Antonio Zelaya, lo destituyó con 93 votos y juramentó de inmediato a Pablo Emilio Reyes Theodore como nuevo titular del Ministerio Público (MP). Casi en simultáneo, la ahora expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, presentó su renuncia al cargo directivo del Poder Judicial, aunque continuará como magistrada propietaria de la Sala Plena.
La secuencia de hechos convirtió la jornada en un reordenamiento abrupto de la cúpula del sistema de justicia hondureño. En cuestión de horas, el Congreso dejó fuera de la conducción de la Fiscalía a Zelaya; aceptó la renuncia de Obando a la presidencia de la Corte Suprema; y avanzó en la designación de nuevas figuras para ocupar espacios clave en la arquitectura institucional del Estado.
En el caso de la magistrada Obando, su salida se produjo justo cuando el Legislativo se disponía a debatir un juicio político en su contra, lo que obligó a suspender momentáneamente la sesión para formalizar la dimisión. En la carta dirigida al presidente del Congreso, Tomás Zambrano, la funcionaria fue precisa: renunciaba "de manera exclusiva al cargo de presidenta", pero no a su condición de magistrada. De acuerdo con su comunicación, seguirá ejerciendo como magistrada propietaria de la Corte Suprema de Justicia, en el seno del Pleno, conforme a la Constitución y al Decreto Legislativo No. 2-2023, mediante el cual fue electa para el período 2023-2030.
Obando explicó que su decisión responde a la aprobación del Decreto Legislativo No. 10-2026, reforma que —según su interpretación— transfirió al Pleno de la Corte Suprema facultades que antes correspondían a la Presidencia. En su escrito sostuvo que esa modificación "ha limitado de manera sustancial" las atribuciones que le fueron conferidas al asumir la conducción del Poder Judicial. Por ello, argumentó que dejar el cargo ejecutivo era una medida necesaria "en aras de la institucionalidad, del respeto al nuevo marco legal y del fortalecimiento del carácter colegiado del Poder Judicial".
La ahora expresidenta de la Corte hondureña expresó además su agradecimiento al Legislativo por la confianza depositada en ella al elegirla como magistrada, así como al Pleno de Magistrados, que la designó para presidir el alto tribunal. En su despedida institucional aseguró haber actuado con la convicción de contribuir a "una Honduras más justa", en la que el Estado de Derecho, la independencia judicial y el acceso igualitario a la justicia sean pilares irrenunciables de la democracia.
Mientras la crisis avanzaba en el Poder Judicial, el Congreso también daba forma a un relevo radical en el Ministerio Público. Johel Zelaya, suspendido y sometido a juicio político, presentó ante el Legislativo dos escritos. El primero fue un recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción contra el Decreto Legislativo 51-2013, norma que regula la Ley de Juicio Político. En ese documento pidió la suspensión de los efectos jurídicos del decreto, al considerar que el procedimiento en su contra vulneraba principios constitucionales.
La Comisión Especial encargada del proceso respondió que no tenía competencia para resolver ese tipo de impugnaciones. Según explicó el diputado Mario Pérez, la vía planteada por Zelaya corresponde exclusivamente a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; y, si no existe unanimidad en esa sala, el asunto debe pasar al pleno de magistrados del Poder Judicial. "No somos los diputados un ente judicial", remarcó Pérez en el hemiciclo, al justificar que el escrito sería remitido a la CSJ con su respectiva nota de traslado.
El segundo escrito del ahora exfiscal fue igualmente decisivo: en él renunció formalmente a comparecer ante el pleno del Congreso, donde había sido citado para este jueves 26 de marzo a las 08:00 de la mañana para presentar sus descargos. Esa decisión fue interpretada por la dirigencia legislativa como una renuncia a su oportunidad de defenderse ante los diputados. El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, sostuvo que con ello el exfiscal declinó la ocasión de exponer sus argumentos. "Le digo a Honduras: no hemos violado ningún derecho", afirmó el nacionalista, al insistir en que el procedimiento respetó las garantías del denunciado.
Con esos dos escritos sobre la mesa, el Legislativo avanzó sin pausa. Primero leyó el informe final de la Comisión Especial, luego votó y finalmente resolvió la destitución de Zelaya. Zambrano anunció que el pleno había aprobado el juicio político por unanimidad y que el fiscal quedaba removido del cargo. En paralelo, el Congreso procedió a juramentar a Pablo Emilio Reyes Theodore como nuevo fiscal general de la República.
La elección de Reyes Theodore cerró la jornada con otro mensaje político de fondo: el Congreso optó por una figura con experiencia en el sector jurídico y público, en sustitución del funcionario depuesto. Reyes Theodore, abogado de profesión, nacido en Tegucigalpa el 21 de junio de 1983, cuenta con formación en Derecho Laboral y una maestría en Derecho Empresarial. Su trayectoria incluye el liderazgo de la firma Consultus y diversas funciones de asesoría en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la junta interventora del Ministerio Público, la Dirección Ejecutiva de Ingresos y el Servicio de Administración de Rentas.
Su llegada al Ministerio Público se produce, por tanto, en el marco de una transición abrupta y en un momento especialmente delicado para la Fiscalía. El nuevo titular asume la conducción de una institución constitucionalmente encargada de la persecución penal y de la defensa de los intereses de la sociedad hondureña, con el reto inmediato de restaurar la estabilidad interna y enfrentar un entorno de alta exposición política.
La salida de Zelaya no ocurrió en el vacío. El fiscal había sido elegido de manera interina el 01 de noviembre de 2023 por la entonces Comisión Permanente del Congreso hondureño, dirigida entonces por el exdiputado izquierdista Luis Redondo, luego de que no se alcanzara el consenso de 86 votos exigido por el pleno. Más tarde fue ratificado el 28 de febrero de 2024. Su período, según el marco de elección que lo llevó al cargo, se extendía hasta el 30 de agosto de 2030. Sin embargo, el proceso de juicio político abrió un desenlace anticipado, en el que terminó separado del cargo a poco más de dos años de haber asumido la jefatura del Ministerio Público.
La denuncia que dio origen al procedimiento lo señalaba por una presunta denuncia grave en el desempeño de su cargo, así como por actuaciones contrarias a la Constitución y al interés nacional. También se le atribuyeron negligencia, incapacidad o incompetencia en el ejercicio de sus funciones. La Comisión Especial que investigó el caso recopiló testimonios de siete testigos y analizó documentación que, según el informe presentado al pleno, sustentaba la recomendación de responsabilidad política y de destitución.
El expediente se desarrolló en un clima de fuerte confrontación. La comparecencia del propio Zelaya ante la comisión investigadora, ocurrida el martes 24 de marzo, dejó más preguntas que respuestas. Durante varias horas, el fiscal no respondió con precisión a interrogantes relacionadas con la crisis electoral de 2025, el manejo de audios sensibles y la falta de acciones contra actores señalados. Su intervención, descrita por observadores como desafiante y política más que técnica, no logró revertir la percepción de debilitamiento frente a la Comisión. Al contrario, su actitud alimentó las críticas sobre su manejo del cargo y reforzó la narrativa de quienes impulsaron la denuncia.
El ambiente en el Congreso fue particularmente hostil. La lectura del informe final y la votación se produjeron en medio de gritos, silbidos y protestas de la bancada del opositor Partido Libertad y Refundación (LIBRE), cuyos diputados expresaron su rechazo al procedimiento. Las escenas dentro del hemiciclo reflejaron la magnitud del pulso político que rodeó el juicio y la sensibilidad del momento para el sistema de justicia hondureño.
Zambrano defendió el proceso afirmando que el Legislativo había respetado el debido proceso y que al exfiscal se le había concedido su legítima defensa. Desde la óptica oficial, la negativa de Zelaya a asistir al pleno cerró el margen de deliberación restante y permitió continuar con la destitución. Desde la perspectiva opositora, en cambio, el procedimiento fue cuestionado por su rapidez, por la intensidad del conflicto político y por la lectura que se hizo de las garantías procesales.
En medio de esa tensión, el Poder Legislativo también resolvió la sucesión en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. La moción presentada por el diputado liberal Jorge Cálix abrió paso a la postulación de Wagner Vallecillo, quien fue respaldado por una mayoría legislativa integrada por cuatro bancadas. Según la argumentación expuesta en el hemiciclo, existía un vacío legal derivado de la reforma que modificó el reparto de funciones dentro del Poder Judicial, lo que obligaba a tomar una decisión inmediata para evitar la parálisis institucional.
Así, el Legislativo terminó concentrando en una sola noche decisiones que impactan directamente en el equilibrio entre los poderes del Estado. La renuncia de Obando al cargo de presidenta de la CSJ, la destitución de Zelaya como jerarca de la Fiscalía hondureña y la designación de nuevos nombres para ocupar los puestos de conducción abren un nuevo capítulo en la relación entre el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
No se trata solo de cambios de personas. El episodio revela una disputa más amplia por el control, la legitimidad y el alcance de las instituciones encargadas de impartir justicia y perseguir el delito. El Congreso, al actuar con rapidez y en medio de fuerte polarización, reconfiguró la cúspide del aparato judicial y dejó sobre la mesa un mensaje de fondo: en Honduras, la estabilidad de las máximas autoridades del sistema de justicia sigue supeditada a las tensiones políticas y a la interpretación cambiante del marco legal.
La noche cerró con un saldo inédito: una presidenta de la Corte Suprema que renuncia a su cargo de conducción, un fiscal general destituido tras un juicio político y un nuevo titular del Ministerio Público juramentado en medio de protestas. La escena sintetiza una coyuntura de alto voltaje institucional, donde el Congreso se convirtió en el centro de decisiones que marcarán, al menos por ahora, el rumbo de la justicia hondureña.
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