Desaparece por completo la independencia judicial en Nicaragua
- Redacción Central
- hace 10 horas
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Con la implementación de esta nueva estrategia, la estructura del sistema judicial en Nicaragua queda completamente subordinada al ahora Órgano Ejecutivo, lo que profundiza la crisis institucional y de imparcialidad que vive el país centroamericano. La Ley de Carrera Judicial, vigente desde enero de 2005 hasta esta semana, garantizaba un proceso transparente y profesional para el ingreso y promoción a través de concursos de méritos y pruebas de oposición.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La Asamblea Legislativa de Nicaragua, controlada en su totalidad por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó el martes 13 de mayo de 2025, con carácter de urgencia, una nueva Ley de Carrera Judicial que elimina de facto la ecuanimidad en el país centroamericano. Con esta normativa, se deroga la ley que estaba vigente desde enero de 2005 y que había establecido los concursos de méritos y pruebas de oposición como mecanismos esenciales para el ingreso y promoción dentro del sistema judicial.
La nueva ley centraliza el control absoluto sobre el ahora Órgano Judicial, permitiendo el nombramiento discrecional de magistrados de los Tribunales de Apelaciones, jueces de distrito, jueces locales y secretarios judiciales, sin necesidad de un proceso de selección transparente y basado en competencias profesionales. Además, incorpora a los peritos forenses y asesores de los Tribunales de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al esquema de designación arbitraria.
El abogado y exdiputado Eliseo Núñez sostiene que la normativa "deja los nombramientos a discreción del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial", un organismo cuyo control responde directamente a la Copresidencia, estrenada oficialmente en febrero de este año. Esto implica, según Núñez, que los cargos en el sistema judicial ahora pasan a ser posiciones de índole política, en lugar de estar fundamentadas en méritos profesionales.
"La nueva ley únicamente menciona que los aspirantes deben contar con 'las características o las credenciales profesionales', sin especificar siquiera si deben ser abogados", enfatiza Núñez. Este vacío legal permite la incorporación de individuos alineados políticamente con el régimen, sin importar sus competencias jurídicas y civiles.
La Ley de Carrera Judicial actualizada no solo elimina los concursos de méritos, sino que también incorpora criterios de selección que profundizan el control del régimen de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo sobre el aparato judicial. Entre los nuevos requisitos para ingresar a la carrera judicial se establece que las y los aspirantes no deben poseer doble nacionalidad. En caso de haber adquirido otra nacionalidad, deberán haber renunciado a ella al menos seis años antes de su ingreso, según el artículo 9, numeral 1.
La Dirección General de Carrera y Gestión Judicial será la encargada de revisar cada solicitud y presentar una lista con los nombres de los aspirantes considerados idóneos al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que tomará la decisión final por mayoría de sus miembros, detallando un mecanismo sin transparencia ni supervisión pública.
Para el abogado Juan Diego Barberena, el régimen "creó una nueva Ley de Carrera Judicial, pero sin que exista la carrera judicial". Barberena argumenta que al eliminar las convocatorias públicas y las competencias para escalar en el sistema, se borra la esencia misma de la carrera judicial. "Es una ley nominativa que establece la carrera judicial, pero en los hechos, desaparece", sostuvo a El País.
El abogado y exfuncionario judicial Yader Morazán añade que esta ley marca el fin del Poder Judicial como un ente independiente, llamado órgano en la reciente Constitución, también aprobada por el parlamento. Según su criterio, "el extinto Poder Judicial, lejos de recuperar su independencia, ni siquiera alcanza el estatus de un Ministerio de Justicia". Morazán también resalta que la ley nueva profundiza la centralización y el control disciplinario, al tiempo que fortalece al Consejo Nacional de Administración y reduce las oficinas de Gestión de Despacho.
La actualizada Ley de Carrera Judicial también establece un régimen disciplinario sobre el sistema judicial que contempla aspectos como ingreso, promoción, permisos, sanciones, suspensiones, separación del cargo y destitución, entre otros. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, con sanciones que van desde amonestaciones por escrito, suspensiones sin goce de salario por un período de tres meses, hasta la destitución del cargo, sin perjuicio de la acción penal y la responsabilidad civil.
Entre las faltas graves se destacan el "no ejercer control sobre sus auxiliares subalternos y no notificar al Consejo para lo pertinente", mientras que entre las muy graves se incluye el "resolver contra norma expresa constitucional o legal", otorgando al Consejo un poder absoluto para decidir sobre la continuidad o remoción de los funcionarios judiciales.
A la par de la aprobación de esta ley, el régimen emitió una circular policial que subordina el Órgano Judicial a la Policía Nacional, dirigida por el consuegro de Ortega y Murillo, el comisionado general Francisco Díaz. La directriz, a la que tuvo acceso COYUNTURA, establece que toda orden judicial relacionada con embargos, ocupación de propiedades o desalojos por deudas deberá ser aprobada previamente por la jefatura policial. En la práctica, esto significa que la Policía se convierte en un filtro político-administrativo de la justicia, priorizando los intereses del Ejecutivo sobre el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
Un abogado constitucionalista nicaragüense, exiliado en Guatemala, señaló que esta disposición viola el Artículo 167 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece que "los fallos y resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado". Sin embargo, el régimen ha impuesto un control absoluto sobre el sistema judicial, neutralizando su independencia, y hasta sometiéndolo al brazo militar.
La nueva Ley de Carrera Judicial y la circular policial representan un paso más en el reforzamiento del control absoluto de la monarquía Ortega-Murillo sobre las instituciones del Estado. Lejos de fortalecer la carrera judicial, se ha eliminado cualquier posibilidad de transparencia y mérito en la designación de jueces y magistrados, subordinando a la CSJ y otros entes al poder político y policial.
La comunidad internacional observa con preocupación este retroceso en materia de justicia y separación de poderes en Nicaragua, mientras que las voces críticas lejos de casa advierten sobre un estado de excepción jurídico que blinda al sistema sandinista y persigue a la disidencia política. La dictadura ha desmontado el último resquicio de independencia judicial, consolidando un poder absoluto que no solo debilita la justicia, sino que profundiza y explota el autoritarismo en el país centroamericano.
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