Violencia, la crisis perpetua y sangrienta que no da tregua en Honduras
- Redacción Central
- 16 may
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"Las estrategias del Plan Solución Contra el Crimen (PSC) Fase III están dando resultados. Ya tenemos -24 % en homicidios en comparación con el año pasado y -18 % en el caso de muertes violentas de mujeres. Falta mucho por hacer, pero vamos bien", escribió el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, el miércoles 07 de mayo de 2025.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
La violencia en Honduras se ha convertido en un componente estructural que atraviesa todos los niveles de la sociedad. Desde las cifras alarmantes de homicidios juveniles hasta el incremento de masacres en espacios públicos, el panorama de seguridad en el país centroamericano se deteriora día a día, y eso está lejos de arreglarse, a pesar de que existe un régimen de excepción sectorial en varios municipios. En lo que va de 2025, el país acumula 722 homicidios, de los cuales 53 corresponden a menores de entre 0 y 18 años y 55 a jóvenes de entre 19 y 23 años, según denunció recientemente Cándida Sauceda, directora de Casa Alianza.
Estas cifras reflejan una crisis humanitaria sin precedentes, mientras que los mecanismos de protección para la niñez y la juventud parecen inoperantes o inexistentes. La situación es aún más alarmante si se toma en cuenta que solo en el mes de mayo ya se contabilizan más de 50 muertes violentas, un indicador que demuestra la creciente inseguridad en un país donde las políticas públicas parecen dar la espalda a las y los más vulnerables.
La directora de Casa Alianza expresó esta semana su preocupación por el hecho de que los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Olancho lideran los índices de violencia en Honduras. "No estamos creando un país seguro para nuestros jóvenes, niños y adolescentes, sino que al contrario, vemos que estas cifras no disminuyen, sino que se complican más", declaró Sauceda.
Las políticas públicas, como el Sistema Nacional de Garantía de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (CIGADEN), se mantienen como proyectos estériles en un contexto donde la voluntad política e institucional es completamente ausente. "No hay voluntad para poder poner mayor énfasis hacia estos sistemas de protección", lamentó Sauceda. Mientras el país se sumerge en la vorágine de un año electoral, los niños y niñas continúan perdiendo la vida, en un contexto de impunidad y desprotección.
La situación se agrava para las mujeres. Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), al menos 80 hondureñas han sido asesinadas de forma violenta en los primeros cinco meses de 2025. En menos de 24 horas, tres mujeres fueron brutalmente asesinadas en distintos puntos del país la semana pasada, reflejando una violencia sistemática y descontrolada.
Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), advirtió que Honduras se posiciona como el país con la mayor tasa de femicidios en América Latina. "Sin duda, las muertes violentas de mujeres y los femicidios son un problema en el país que es necesario abordar", afirmó.
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Las víctimas son, en su mayoría, atacadas por parejas o exparejas, y los crímenes son cometidos con extrema brutalidad. La falta de políticas efectivas de prevención y la ausencia de protección para las víctimas agudizan un problema que trasciende los límites de lo soportable en una sociedad que normaliza la violencia.
Durante el 2024 el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) contabilizó 231 muertes violentas de mujeres y femicidios, según los medios de comunicación impresos y digitales. "El 2024, el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres registró, a través del monitoreo de medios impresos y digitales, 629 agresiones contra mujeres y niñas, siendo un 42 % de estas, delitos contra la vida y otro 42 % delitos sexuales. También, registró reportes de desaparición o secuestro, violencia física y otras violencias. El Observatorio también registró 127 agresiones contra mujeres y niñas que corresponden a delitos cometidos en años anteriores; el registro más antiguo es del 2000, siendo capturado el agresor hasta el 2024", cita un informe de CDM.
Por otro lado, entre enero y abril de 2025, según documentación de COYUNTURA, Honduras registró un aumento significativo en los homicidios múltiples, pasando de seis masacres en el mismo periodo de 2024 a al menos 16 en 2025, con un saldo de 55 víctimas mortales. Tegucigalpa encabeza la lista de ciudades más afectadas, con cuatro masacres en distintos barrios y colonias.
Estas masacres no son hechos aislados, sino manifestaciones de un tejido social y hasta familiar fracturado, y de una institucionalidad incapaz de frenar la espiral de violencia, aunque han aprobado nuevos presupuestos en los últimos dos años y al menos tres grandes planes/estrategias nacionales desde el Despacho de Seguridad hondureño. La mayoría de estos crímenes quedan en la impunidad, y la justicia, bajo sospecha de politización, se muestra incapaz de ofrecer respuestas efectivas a los familiares de las víctimas.
No solo es un problema de gente muerta. La fragilidad del sistema de justicia en Honduras quedó evidenciada también este mes con el traslado de Yessenia Julissa Aguilar, quien se desempeñaba como magistrada en la Corte de Apelaciones del Circuito de Criminalidad Organizada. Aguilar fue removida de su cargo y enviada a la Escuela Judicial, una decisión que algunos abogados interpretan como un acto de venganza política.
Una investigación de El Heraldo reveló cómo el Sistema de Expediente Judicial Electrónico (SEJE), diseñado para asignar casos de manera aleatoria, ha sido reemplazado por un sistema manual, lo que ha generado denuncias de manipulación en la entrega de expedientes. "La justicia se ha monopolizado y politizado en función de perjudicar personas y ayudar a otras por estrictamente situaciones políticas y no jurídicas", denunció Rafael Canales, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
Según Canales, el problema radica en cómo se eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un proceso que depende directamente del Congreso Legislativo, dominado actualmente por el oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Esto convierte al sistema judicial en una herramienta de control político, donde los opositores son perseguidos y los aliados del poder encuentran refugio en la impunidad.
Jennifer Bonilla, abogada defensora de derechos humanos, coincide con esta visión. "En un juzgado politizado, si el culpable tiene contacto político lo hacen inocente, aunque haya todos los medios probatorios contra él. Eso no es tener una justicia proba, sino una justicia selectiva", señaló Bonilla al diario hondureño.
Mientras la realidad evidencia un país sumido en la violencia y la corrupción, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, defendió los logros del Plan Solución Contra el Crimen (PSC) Fase III, asegurando desde su cuenta de X (antes Twitter) que los homicidios se redujeron un 24 % en lo que va del año 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior. La afirmación se dio en respuesta a una alerta de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) sobre posibles tiroteos masivos en Tegucigalpa, el 06 y 16 de mayo.
No obstante, las cifras de Casa Alianza y el Observatorio de la Violencia de la UNAH contradicen estas declaraciones. Para Migdonia Ayestas, directora del OV-UNAH, el incremento de homicidios múltiples y la falta de políticas de protección efectivas revelan que el país está lejos de estar seguro. "La violencia y la criminalidad han crecido significativamente desde 2011, permitiendo la operación de grupos criminales organizados tanto nacionales como internacionales en Honduras. Esto ha generado un problema de seguridad que debe abordarse con estrategias integrales, más allá de la simple extensión del estado de excepción", dijo Ayestas al medio Proceso Digital en febrero de 2025. "Más allá de la recolección de datos, lo que Honduras necesita es una política integral de seguridad pública y ciudadana, que incluya estrategias de control territorial, regulación en zonas productoras de droga y medidas contra el lavado de activos", agregó.
La situación en Honduras es crítica. Las estadísticas de homicidios, masacres y femicidios reflejan un país en crisis, mientras las denuncias sobre la politización del sistema judicial agravan el sentimiento de injusticia y vulnerabilidad en la población.
La inseguridad se ensaña con los más vulnerables: jóvenes, mujeres y comunidades marginadas que enfrentan un futuro incierto en un país donde el acceso a la justicia es un privilegio, y no un derecho. La falta de voluntad política y el control del poder judicial por intereses partidarios siembran un panorama sombrío para una nación que, a pesar de sus profundas heridas, sigue luchando por sobrevivir en medio del caos. "Mientras tanto, la Fiscalía está preocupada por seguir delitos políticos y del pasado reciente. El ahora no es relevante para el sistema de justicia hondureño", comentó un exfiscal regional.
¿Será posible un futuro sin violencia para Honduras mientras la corrupción y la politización continúen devorando el tejido social? Dudosamente.
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