El gasto corriente se disparó y la austeridad se diluyó en la administración de Xiomara Castro
- Juan Daniel Treminio
- 3 days ago
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Más de 30 instituciones reportaron la adquisición de vehículos de lujo. La Secretaría de Seguridad lidera la lista con 16 camionetas y una inversión superior a los 19.7 millones de lempiras, seguida por el Instituto Hondureño de Turismo, con nueve unidades por 8.7 millones, y la Secretaría de Defensa Nacional, con siete camionetas que representaron 14.7 millones. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y la Secretaría de Salud también figuran entre las entidades con mayores compras. En el caso de Salud, la información inicial reportó un desembolso de 233.3 millones de lempiras por cinco camionetas, cifra que luego fue atribuida a un error de digitación por la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE) y que, hasta ahora, no ha sido corregida oficialmente.
Por Juan Daniel Treminio | @DaniTreminio
Tegucigalpa, Honduras
El gasto corriente de la administración pública hondureña mantuvo una trayectoria ascendente durante los primeros años del gobierno izquierdista de Xiomara Castro, impulsado por mayores desembolsos en sueldos y salarios, compra de bienes y servicios, pago de intereses de la deuda y transferencias corrientes.
De acuerdo con la liquidación presupuestaria elaborada por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y revisada por COYUNTURA, este tipo de egresos pasó de 214,851.4 millones de lempiras en 2022 a 258,821.9 millones en 2024, un incremento acumulado de 43,970.4 millones de lempiras en apenas dos años.
La ejecución del gasto corriente muestra un peso creciente tanto en la administración central como en el sector descentralizado. En el primer año de la gestión, la administración central ejecutó 130,322 millones de lempiras, mientras que las entidades descentralizadas erogaron 84,529.5 millones. Para el año siguiente, el gasto corriente devengado ascendió a 249,200.7 millones, de los cuales el 62 % —equivalente a 153,496 millones— fue ejecutado por la administración central y el 38 % restante, unos 95,704.7 millones, correspondió a la descentralizada.
En 2024, la tendencia se mantuvo: la administración central ejecutó 160,780.3 millones y la descentralizada 98,041.6 millones, sumando el mayor nivel de gasto corriente del período analizado.
Aunque aún no se cuenta con el informe de liquidación presupuestaria de 2025, los registros oficiales indican que solo en el primer semestre de ese año el gasto corriente ya alcanzaba los 92,895.5 millones de lempiras. Dentro de este rubro, el componente de sueldos y salarios evidencia uno de los mayores aumentos: pasó de 85,352.6 millones de lempiras en 2022 a 108,728.1 millones en 2025, lo que representa un alza de 23,375.5 millones de lempiras.
Para la economista Liliana Castillo, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), el predominio del gasto corriente tiene efectos estructurales negativos. Señala que este tipo de erogaciones no incrementa la productividad del país y, por el contrario, presiona el déficit fiscal, al estar asociado al aumento de planillas, la creación de instituciones con funciones duplicadas y la adquisición de bienes y servicios a precios elevados.
Castillo advierte además que, cuando no se controla adecuadamente, el gasto corriente contribuye a mayores niveles de inflación y desplaza recursos que podrían destinarse a inversión productiva y generación de empleo.
En paralelo a este crecimiento del gasto corriente, una investigación de la Unidad Investigativa y de Datos de El Heraldo revela un aumento significativo en la compra de vehículos estatales, incluidos modelos de lujo, durante la administración saliente del izquierdista Partido Libertad y Refundación (LIBRE).
Entre 2021 y 2025 se adquirieron 89 camionetas de alto costo, de las cuales 80 corresponden al período de gobierno de Xiomara Castro. Más de 30 instituciones reportaron la compra de estas unidades, con precios que oscilan entre 1.4 y 1.6 millones de lempiras por vehículo.
Las cifras oficiales de la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE) indican que la Secretaría de Seguridad encabezó la lista, con la compra de 16 camionetas por más de 19.7 millones de lempiras, seguida por el Instituto Hondureño de Turismo, con nueve unidades valoradas en 8.7 millones, y la Secretaría de Defensa Nacional, con siete vehículos por 14.7 millones.
También figuran Relaciones Exteriores, Salud, Aduanas, el Registro Nacional de las Personas, Inprema y otras dependencias. En algunos casos, como el de la Secretaría de Salud, los datos iniciales reflejaron montos inusualmente altos que luego fueron atribuidos a errores de digitación, sin que se presentaran aclaraciones finales pese a los requerimientos del medio.
En términos globales, la DNBE reporta que entre enero de 2022 y octubre de 2025 la flota vehicular del Estado aumentó en más de 3,100 unidades. En los cuatro años de gobierno de Libre se habrían destinado más de 2,500 millones de lempiras a la compra de vehículos nuevos, que incluyen camionetas todo terreno, camiones, ambulancias, microbuses, motocicletas y otros automotores.
Al menos 90 instituciones participaron en estos procesos de adquisición, según los registros oficiales.
Para el exdirector del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), Omar Rivera, la discusión sobre este tipo de gastos debe centrarse en la justificación, la planificación y la transparencia. Sostiene que el Ejecutivo está obligado a demostrar que las unidades adquiridas son necesarias para la función pública, que las compras estaban previstas en los planes y presupuestos institucionales y que se realizaron mediante procesos de licitación abiertos y competitivos.
Además, subraya que en un contexto de austeridad proclamada, cada lempira invertido debe rendir cuentas claras y demostrar un beneficio directo para la población.
El aumento sostenido del gasto corriente, junto con la expansión de la flota vehicular estatal y la adquisición de unidades de alto costo, plantea interrogantes sobre las prioridades fiscales del gobierno y el cumplimiento de las promesas de austeridad.
Mientras los recursos se concentran en egresos de funcionamiento, analistas advierten que la inversión productiva continúa relegada, limitando la capacidad del Estado para impulsar crecimiento económico y atender de manera estructural las necesidades sociales del país centroamericano.
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