El último debate presidencial en Costa Rica: narcotráfico, democracia y deuda social cruzan el pulso electoral
- Jairo Videa
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La deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social emergió como uno de los pocos temas que generó coincidencias entre varios aspirantes presidenciales esta semana. Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Ariel Robles, del Frente Amplio; y Douglas Caamaño, de Alianza Costa Rica Primero, coincidieron en la urgencia de resolver una obligación que, a setiembre pasado, alcanzaba los ¢4,4 billones de colones.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San José, Costa Rica
La cuarta y última jornada de debates presidenciales organizada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), celebrada la noche del lunes 12 de enero de 2026, volvió a colocar en el centro de la contienda temas estructurales y de alta sensibilidad para el país: el avance del crimen organizado, el riesgo de un debilitamiento democrático, la deuda histórica del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el rumbo del modelo de desarrollo, particularmente en transporte público y explotación de recursos naturales.
El intercambio dejó como uno de sus protagonistas al candidato del Frente Amplio (FA), Ariel Robles, quien confrontó con dureza a rivales de distintos partidos y enfocó buena parte de sus intervenciones en cuestionar la gestión del gobierno de Rodrigo Chaves, así como las alianzas y candidaturas que, a su juicio, representan un peligro para la institucionalidad costarricense.
Uno de los momentos más tensos del debate se produjo cuando Robles advirtió sobre lo que considera un riesgo real de que Costa Rica derive hacia un narco-Estado. En ese contexto, apuntó directamente contra la campaña de Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), al cuestionar la postulación de José Miguel Villalobos como candidato a diputado en el primer lugar de la papeleta por Alajuela.
Durante el intercambio con Douglas Caamaño, candidato de Alianza Costa Rica Primero, Robles recordó que Villalobos, además de ser abogado del presidente Rodrigo Chaves, ejerce actualmente la defensa legal de José Giovanni Segura Angulo, conocido como alias "Narizón", principal imputado del llamado Caso Fénix, considerado el expediente de lavado de dinero más grande investigado en la historia reciente del país centroamericano.
"En el partido de gobierno, la candidata oficialista tiene en el primer lugar por Alajuela a un abogado defensor de lavadores de dinero y defensor de narcos", señaló Robles al plantear la interrogante sobre si Costa Rica se encuentra ante un escenario de captura del Estado por el crimen organizado.
Segura Angulo fue detenido el 12 de abril de 2022 en Chiriquí, Panamá, cuando presuntamente intentaba evadir a la justicia costarricense. La Fiscalía solicita en su contra una pena de 20 años de prisión, al atribuirle el liderazgo de una estructura criminal dedicada al blanqueo de capitales mediante una red de empresas y propiedades en Pérez Zeledón. Según la acusación, el grupo habría utilizado una hacienda ganadera, ventas de llantas, lubricentros, verdulerías, bares y restaurantes para legitimar dinero proveniente del narcotráfico.
La investigación se remonta a 2019, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) detectó movimientos financieros irregulares en esa zona del sur del país, lo que dio origen a una de las pesquisas más complejas emprendidas por el Ministerio Público.
Caamaño, lejos de desmarcarse del planteamiento, coincidió con Robles en que el país atraviesa una situación crítica. Afirmó que, en su criterio, el narco-Estado ya existe desde hace tres años, a partir del momento en que —según dijo— la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y el Banco Central dejaron de ejercer una supervisión efectiva sobre los flujos de dinero que ingresan a la banca pública. El candidato de Costa Rica Primero sostuvo que, en ese periodo, el lavado de activos ha avanzado sin controles suficientes.
Robles aprovechó la coincidencia para reforzar su crítica al enfoque del Ejecutivo en materia de seguridad y combate al crimen organizado, cuestionando la falta de resultados y la ausencia de una estrategia integral para enfrentar el fenómeno.
Dictaduras, memoria política y democracia
El debate también abrió un frente ideológico cuando Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), interpeló a Robles sobre la postura del Frente Amplio frente a las dictaduras en la región. Ramos planteó que el crimen organizado tiene un carácter transnacional y que, en muchos casos, se encuentra respaldado por regímenes autoritarios vinculados al narcotráfico.
"¿Cuál es su posición? Así como nosotros las repudiamos, ¿lo hará usted también?", preguntó Ramos, en una intervención que se dio tras cuestionamientos públicos al FA por su posición luego de la detención del dictador venezolano Nicolás Maduro.
Robles respondió que ha condenado todas las dictaduras sin distinción ideológica y devolvió el señalamiento al recordar el paso de Ramos por la administración de Rodrigo Chaves, donde presidió la Caja Costarricense de Seguro Social antes de lanzar su candidatura.
"Denuncio cada dictadura sin calculadora electoral. Mientras usted estaba de presidente de la Caja, nosotros defendíamos la democracia costarricense; mientras usted guardaba silencio, nosotros luchábamos contra una posible dictadura en este país", replicó el legislador, en un tono que marcó uno de los cruces más personales de la jornada.
En su mensaje final, el candidato del FA volvió sobre el tema y sostuvo que la mejor forma de enfrentar el autoritarismo no es solo con discursos, sino con gobiernos eficaces y comprometidos con la gente. Llamó a no temer a una nueva generación política y pidió confianza para "vencer el autoritarismo que tenemos en frente".
Modelo de desarrollo y choque ambiental
Otro eje de confrontación se dio en torno al aprovechamiento de hidrocarburos. Robles discrepó abiertamente del candidato del Partido Integración Nacional (PIN), Luis Amador, sobre la posibilidad de explotar petróleo y gas natural en el país centroamericano. Para el frenteamplista, esa ruta representa un "riesgo gigante" para la imagen internacional de Costa Rica, cuya marca país se ha construido alrededor de la protección ambiental y el turismo sostenible.
Amador, exministro de Obras Públicas y Transportes, defendió que la discusión no se limita necesariamente a la explotación directa, sino a la posibilidad de obtener certificaciones que mejoren la posición del país en los mercados financieros internacionales. Según su planteamiento, esto permitiría acceder a mejores tasas de interés para renegociar la deuda externa y, eventualmente, obtener recursos mediante el mercado de carbono.
La deuda acumulada del Estado con la CCSS fue otro de los temas que logró un consenso parcial entre varias candidaturas. Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Ariel Robles, del Frente Amplio; y Douglas Caamaño, de Alianza Costa Rica Primero, coincidieron en la necesidad de resolver una obligación que, a setiembre pasado, alcanzaba los ¢4,4 billones.
El 83 % de ese monto corresponde al seguro de salud y maternidad, mientras que el 17 % restante se relaciona con aportes pendientes al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). La cifra equivale a casi el doble del presupuesto más alto del Gobierno Central, el del Ministerio de Educación Pública, que para 2026 asciende a ¢2,7 billones.
Hidalgo fue el primero en poner el tema sobre la mesa, aunque sin detallar un mecanismo concreto de financiamiento. Planteó la necesidad de sentarse a negociar con la institución y alcanzar un acuerdo de pago que, reconoció, tendría que extenderse por más de un periodo presidencial. Caamaño añadió que, antes de pagar, es indispensable frenar el crecimiento de la deuda y realizar una auditoría que precise el monto real, para evitar un impacto fiscal que termine por "quebrar al fisco".
Robles recordó que el Frente Amplio ha impulsado históricamente el cobro de esa deuda y citó las acciones judiciales ganadas por el exdiputado y excandidato presidencial José María Villalta contra el Estado. Señaló que su partido ya presentó un proyecto de ley para establecer un mecanismo de pago permanente, que se convierta en política de Estado y no quede sujeto a la voluntad de cada administración.
En su crítica al actual gobierno, afirmó que la administración Chaves no prioriza a los usuarios de la CCSS, al considerar que sus jerarcas se atienden fuera del país. "Las personas merecen los mejores doctores cuando alguien que aman necesita atención", dijo Robles.
Al ser consultado sobre su propuesta, Caamaño respondió que la explotación de gas natural permitiría generar hasta $1.900 millones de dólares estadounidenses anuales, de los cuales el 20 % quedaría en los cantones productores y el resto se destinaría a saldar la deuda con la seguridad social.
Transporte público y reproches al Ejecutivo
El intercambio entre Robles y Luis Amador también abordó el rezago en transporte público. Ante la pregunta de por qué el gobierno de Rodrigo Chaves no ha impulsado mejoras sustantivas en este ámbito, Amador respondió que la razón ha sido la "desidia" del Ejecutivo y recordó que, en varias ocasiones, se intentó cerrar el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER).
El exministro aseguró que fue necesario convencer al presidente de no avanzar por esa vía y que él mismo viajó a Europa para gestionar los $250 millones del crédito del Banco Europeo que actualmente están disponibles para el proyecto del tren eléctrico. Según explicó, la falta de respaldo político obligó a reducir el alcance original de la iniciativa.
Robles replicó que el intento de cierre del INCOFER buscaba, presuntamente, favorecer a empresarios autobuseros que financiaron la campaña presidencial, un señalamiento que Amador rechazó.
La cuarta noche de debates del TSE dejó en evidencia un escenario electoral polarizado, donde las acusaciones sobre vínculos con el narcotráfico, las diferencias ideológicas frente a las dictaduras, y las propuestas para enfrentar la crisis fiscal y social se entrecruzan con reproches directos al gobierno saliente.
Más allá de los choques personales, el intercambio reflejó que temas como la seguridad, la transparencia, la sostenibilidad del modelo de desarrollo y el futuro de la seguridad social serán ejes determinantes en la decisión del electorado de cara a las presidenciales de 2026.
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