Estados Unidos impone sanciones a Wendy Morales, procuradora general de Nicaragua, por complicidad con régimen Ortega-Murillo

Estas sanciones se suman a una lista cada vez más larga de individuos y entidades penadas por Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) desde el año 2017 debido a graves violaciones de los derechos humanos, el deterioro de las instituciones democráticas y actos de corrupción en Nicaragua. Entre los sancionados se encuentran altos funcionarios del sandinismo, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo, así como los hijos del presidente Ortega. Además, varias instituciones, como la Policía Nacional, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) y el Ministerio Público, también han sido objeto de sanciones.

Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Política, corrupción y relaciones internacionales

Managua, Nicaragua

Wendy Carolina Morales Urbina, procuradora general del Estado de Nicaragua desde el 10 de mayo del año 2019, en una imagen de archivo | Fotografía de Viva Nicaragua - Canal 13

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) anunció este jueves 21 de marzo de 2024 la imposición de sanciones contra la procuradora general del Estado de Nicaragua, Wendy Carolina Morales Urbina, por su complicidad con la dictadura encabezada por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quienes ejercen como cogobernantes del país centroamericano. Según declaraciones del Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y Inteligencia Financiera, Brian Nelson, Morales Urbina ha utilizado su cargo para facilitar una campaña coordinada de represión contra la disidencia, confiscando propiedades pertenecientes a opositores políticos sin justificación legal. Esta acción se enmarca dentro de la estrategia de la administración Ortega-Murillo para mantenerse en el poder mediante la persecución de aquellos que se oponen a su régimen autoritario. La sanción impuesta por EE.UU. se fundamenta en el papel de Morales Urbina en el robo de bienes a medios de comunicación independientes, organizaciones no gubernamentales y presos políticos. En su calidad de procuradora general, Morales Urbina ha demostrado lealtad al régimen, utilizando su influencia para determinar quién recibe las propiedades confiscadas, incluso presentándose en edificios privados en funciones oficiales para legitimar estos actos ilegales.

El Departamento del Tesoro también acusa a Morales Urbina de despojar de sus propiedades a los 222 presos políticos que fueron expulsados de Nicaragua en febrero de 2023, así como de participar en la formulación de estrategias para designar como terroristas a miembros de la oposición y bloquear sus recursos financieros mediante leyes antiterroristas existentes. Además, señalan que su nombramiento como procuradora general en mayo del año 2019 violó la ley nicaragüense, ya que no cumplía con los requisitos de experiencia legal previa. Las implicaciones de estas sanciones son significativas. Todas las propiedades e intereses de Morales Urbina en territorio estadounidense, así como aquellas bajo control de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros). Además, cualquier entidad que realice transacciones con Morales Urbina o sus activos se expone a sanciones o medidas coercitivas por parte de Estados Unidos de Norteamérica. Morales Urbina se une así a una lista de casi cincuenta personas sancionadas por EE.UU. desde 2017, la mayoría por violaciones a los derechos humanos, el desmantelamiento de instituciones democráticas y actos de corrupción en Nicaragua. Entre los sancionados se encuentran altos funcionarios del gobierno, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo, así como a los hijos de Ortega y Murillo y varios mandos policiales y políticos. Además de individuos, se han sancionado cuatro entidades gubernamentales, incluyendo la Policía Nacional y la Fiscalía.

EE.UU. ha liderado acciones de presión internacional contra la dictadura de Ortega desde el inicio de la represión policial a las protestas civiles en Nicaragua desde abril de 2018, instando a la administración sandinista a buscar una solución pacífica a la crisis y cesar la represión contra críticos y opositores. Estas sanciones representan un paso más en la estrategia de Estados Unidos de Norteamérica para promover el respeto a los derechos humanos y la democracia en Nicaragua.

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