Fin del Estado de Excepción y despliegue militar marcan la transición política de 2026 en Honduras
- Redacción Central
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Hasta el miércoles 21 de enero de 2026, el estado de excepción ha acumulado al menos 25 extensiones consecutivas, la mayoría aprobadas únicamente por el Consejo de Ministros. La más reciente, avalada el sábado 20 de diciembre de 2025, prolongó su aplicación hasta hoy, lunes 26 de enero, apenas un día antes de la toma de posesión del nuevo presidente.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
A pocas horas del relevo presidencial en Honduras, el debate sobre la continuidad del estado de excepción y el rol de las Fuerzas Armadas en el resguardo del Congreso Legislativo en Tegucigalpa se entrelazan en una coyuntura marcada por el cierre de un ciclo político y la apertura de otro. Las declaraciones de autoridades salientes y entrantes, junto con el despliegue militar para la instalación de una nueva Junta Directiva legislativa y la toma de posesión de Nasry "Tito" Asfura este martes 27 de enero de 2026, delinean el clima institucional de ahora.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, afirmó que no será necesario derogar el estado de excepción vigente, dado que su expiración está fijada para hoy. El funcionario evitó pronunciarse sobre la decisión del próximo gobierno de no continuar con la medida, limitándose a subrayar que su vencimiento está normado y cercano. "El estado de excepción no va a ser necesario derogarlo, porque vence el lunes 26 de enero", declaró ante medios.
Sánchez Velásquez defendió el balance del gobierno saliente en materia de seguridad ciudadana, al recordar que durante la administración de Xiomara Castro se adoptaron múltiples decisiones que —según dijo— contribuyeron a reducir la tasa de homicidios de 42 a 23 por cada 100 mil habitantes. El ministro sostuvo que esta caída, cercana al 50 %, ha sido documentada por instituciones especializadas, no únicamente por fuentes oficiales.
Entre las estrategias citadas figura el "Plan de Solución contra el Crimen", implementado en tres fases, que se complementó con el estado de excepción. Esta última herramienta, sin embargo, ha sido objeto de cuestionamientos por su prolongación y por la ausencia de resultados concluyentes en determinados territorios, de acuerdo con críticas expresadas por distintos sectores.
El estado de excepción fue decretado por primera vez el 6 de diciembre de 2022 mediante el Decreto Ejecutivo PCM 29-2022, con el propósito de combatir la extorsión y la criminalidad organizada en municipios con altos índices de violencia, inicialmente Tegucigalpa y San Pedro Sula. Posteriormente, su aplicación se extendió a gran parte del país centroamericano.
Hasta el miércoles 21 de enero de 2026, la medida acumulaba al menos 25 prórrogas consecutivas, la mayoría aprobadas por el Consejo de Ministros sin aval del Congreso Nacional. La extensión más reciente, autorizada el sábado 20 de diciembre de 2025, fijó su vigencia hasta este lunes 26 de enero.
En contraste con la postura del gobierno saliente, el presidente electo Nasry Asfura ha anticipado un giro en la política de seguridad. En una entrevista concedida al programa "Conclusiones" de CNN en Español, señaló semanas atrás que Honduras no puede sostener "estados de excepción permanentes".
Asfura planteó que la seguridad ciudadana debe descansar en el fortalecimiento integral de las instituciones y en la creación masiva de empleo, más que en la aplicación constante de medidas restrictivas. Estas definiciones figuran entre las primeras decisiones que marcarán el inicio de su mandato, el martes 27 de enero de 2026.
En paralelo, y en un contexto de tensiones políticas propias de la transición, las Fuerzas Armadas de Honduras anunciaron un operativo especial para garantizar la seguridad durante la instalación de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio Ardón, confirmó el despliegue de tropas en los alrededores del Legislativo, con el objetivo de ofrecer respaldo institucional y tranquilidad a los diputados en una jornada considerada clave.
Valerio Ardón explicó que la operación incluye supervisión directa del personal militar, anillos de seguridad y cierres parciales de calles en puntos estratégicos de la capital. Según detalló, las acciones buscan garantizar que los congresistas puedan ejercer sus funciones sin presiones externas, al tiempo que se protege a la población que labora en zonas aledañas.
El general insistió en el carácter constitucional, institucional y apolítico de las Fuerzas Armadas, subrayando su compromiso con la paz, la seguridad y la protección de la institucionalidad democrática.
La coincidencia temporal entre el vencimiento del estado de excepción, la instalación de una nueva conducción legislativa y el inminente cambio de gobierno coloca a Honduras en una fase decisiva. Mientras la administración saliente reivindica los resultados de sus políticas de seguridad, el equipo entrante anuncia un enfoque distinto, y las fuerzas del orden refuerzan su presencia para resguardar el proceso institucional.
El desenlace de estas decisiones marcará el rumbo inmediato de la gobernabilidad y la seguridad en el país.
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