Grave denuncia contra entrenador de taekwondo sacude a la Federación Nicaragüense. Hay persecución contra la víctima
- Redacción Central
- hace 11 horas
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Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas han manifestado a COYUNTURA su preocupación por el uso de herramientas legales para criminalizar a quienes denuncian abusos sexuales y conductas inapropiadas en espacios sociales, deportivos o institucionales, particularmente en casos que involucran a figuras cercanas al poder. Piden garantías de seguridad para la familia y un debido proceso que no termine criminalizando a la madre por ejercer su derecho a denunciar.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La familia de una joven atleta nicaragüense de 17 años de edad ha denunciado una serie de abusos y hostigamientos tras acusar de abuso sexual a Mario Zavala, exentrenador de la selección nacional e hijo del presidente de la Federación Nicaragüense de Taekwondo (FETANIC), Salvador Zavala. El caso ha tomado una dimensión alarmante no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por las represalias sufridas por la víctima y su familia desde que decidieron romper el silencio. "El Estado del país centroamericano y su sistema de justicia encubren descaradamente este y otro tipo de acusaciones. Manipulan las situaciones e intentan manejar el impacto mediático de estos hechos desde sus propios medios, y con el silencio", declaró a este medio Fátima Z., abogada y feminista centroamericana.
La madre de la joven, quien vive en situación de vulnerabilidad económica, ha denunciado que su vivienda fue allanada el pasado miércoles 07 de mayo de 2025 por al menos ocho agentes policiales, quienes confiscaron su teléfono móvil. Según el medio especializado MASTKD, el allanamiento ocurrió luego de que una comisionada de la Policía Nacional —controlada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)— la citara a la delegación del Distrito 1 en Managua. En dicha cita, la madre fue informada de dos aspectos contradictorios: que el caso de abuso sexual estaba avanzado y que, a la vez, ella estaba siendo investigada por presunto "delito cibernético". "Y estamos seguras que avanzará más rápido el proceso político contra la madre de la víctima que el proceso judicial verídico que se debería estar impulsando contra el abusador y su padre, quien intenta encubrir los hechos", dijo Fátima.
Al negarse a entregar el teléfono, los agentes irrumpieron en su hogar para confiscar el dispositivo, señalando que la madre estaba siendo acusada simplemente por exigir justicia en el caso de su hija. La situación se agrava con un patrón de acoso continuo: la familia ha reportado presencia de vehículos sospechosos alrededor de su vivienda, así como la intimidación directa por parte de desconocidos, quienes les han prohibido hablar con medios internacionales, acusándolos de "dañar la imagen" de la Federación y de la administración del sandinista Daniel Ortega y su esposa y ahora comandataria Rosario Murillo.
Mario Zavala, el acusado, ha negado los señalamientos en una entrevista con MASTKD. Asegura que los argumentos de la víctima son "débiles" y que el caso no avanzó inicialmente en la vía judicial. No obstante, admitió haber sido citado por la Policía para una indagatoria, expresando que Dios sería quien los "juzgue", mientras insiste todavía en su inocencia.
El caso finalmente fue acogido por la Fiscalía de Nicaragua, lo que indica que se encuentra en curso judicial. Sin embargo, las acciones paralelas emprendidas contra la familia de la víctima han generado una ola de indignación tanto a nivel nacional como internacional. El Ministerio Público (MP) no ha dado declaraciones al respecto.
Compensación y encubrimiento: la postura de FETANIC
El escándalo también ha puesto bajo la lupa el accionar de FETANIC. Tras la denuncia, surgió un audio donde Salvador Zavala, presidente de la federación y padre del acusado, ofrece un lugar en la Selección Nacional a la víctima como compensación. En la grabación, el dirigente intenta persuadir a la madre para que la joven continúe su entrenamiento en otra academia, bajo el respaldo total de la institución y el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), pero fuera del entorno de su hijo.
En el audio, Salvador Zavala también expresa su pesar por la situación, pero se muestra más preocupado por el posible daño a la reputación de la federación que por el sufrimiento de la víctima. "La Federación no puede salir afectada por una persona más... ...yo como presidente no tolero, sinceramente, pero estamos grandecitos ya para asumir responsabilidades", afirmó. Esta postura ha sido señalada como una muestra de encubrimiento institucional y una estrategia para diluir la responsabilidad del acusado, lapidando así la denuncia de la joven atleta.
El caso ha generado una amplia condena en las redes sociales digitales, pero nula cobertura mediática del oficialismo. Usuarios han expresado su rechazo a lo que consideran una cultura de protección y encubrimiento dentro de la Federación. Comentarios como "manchan el noble arte marcial del taekwondo" o "protegen a un abusador en lugar de garantizar justicia" han proliferado en diversas plataformas digitales, incluido TikTok y X (antes Twitter). Además, algunas personas han señalado a la "esposa de un funcionario" de FETANIC como otra figura que "presiona y amenaza" a las víctimas para evitar que continúen con las denuncias.
MASTKD, en su cobertura del caso, expresó solidaridad con la víctima y su familia, condenando la criminalización que enfrentan por buscar justicia. Asimismo, advirtió sobre el peligro de que las víctimas de abuso sexual en Nicaragua enfrenten procesos judiciales que se revierten en su contra, situación que se ha vuelto común en contextos de represión estatal.
El caso de la joven atleta revela las complejidades de denunciar abusos sexuales en un entorno donde las víctimas y sus familiares enfrentan represalias judiciales y políticas que buscan silenciarlas. En un contexto marcado por la persecución a voces críticas y la manipulación institucional, este caso pone de manifiesto el desafío de obtener justicia en Nicaragua. El Comité Olímpico Nacional tampoco ha emitido comentarios sobre los sucesos, que podrían estarse repitiendo en esa y otras disciplinas.
Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas nicaragüenses, algunas de ellas exiliadas en Centroamérica y España, han manifestado su preocupación por el uso de herramientas legales para criminalizar a quienes denuncian abusos sexuales, particularmente en casos que involucran a figuras cercanas al poder estatal. Piden garantías de seguridad para la familia y un debido proceso que no termine criminalizando a la madre por ejercer su derecho a denunciar. La situación sigue bajo seguimiento periodístico independiente y social, mientras la comunidad local observa con preocupación el desenlace de este caso, que trasciende lo deportivo y se convierte en una pequeña ilustración de las graves violaciones a los derechos humanos que persisten.
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