El régimen de excepción implementado en El Salvador durante el último año ha resultado en violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de las personas detenidas y sus familias, según un informe de Cristosal. Acompañado de una intensa campaña publicitaria, este período excepcional es promovido como una "guerra contra las pandillas" y una medida para reducir los homicidios en el país. Sin embargo, se han suspendido derechos como la información sobre los motivos de la detención, el derecho a no declarar y el acceso a la defensa técnica. Además, hasta la fecha se registran 153 personas muertas bajo custodia estatal, y se cuestionan las cifras oficiales de capturas y homicidios, señalando una posible manipulación de datos por parte del Gobierno.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San Salvador, El Salvador
El pasado 27 de marzo se cumplió un año desde la implementación del régimen de excepción en El Salvador. Durante este período, se han llevado a cabo capturas masivas sin investigación previa y se han violado de manera sistemática los derechos fundamentales de los detenidos y sus familiares. Esta medida ha sido respaldada por el Gobierno a través de una intensa campaña publicitaria que promueve la imagen del presidente Nayib Bukele y su supuesta "guerra contra las pandillas". A pesar de las doce prórrogas aprobadas por la Asamblea Legislativa, la suspensión permanente de derechos constitucionales ha afectado a toda la población salvadoreña, infringiendo los principios democráticos y los derechos humanos.
La aprobación de las prórrogas ha llevado a la Asamblea Legislativa a cometer infracciones constitucionales, al no discutir ni fundamentar previamente su aprobación. Además, se han alterado los contenidos del régimen de excepción, suspendiendo selectivamente algunos derechos, lo que ha generado preocupación sobre el respeto a las libertades fundamentales. Aunque se argumenta que estas medidas están respaldadas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta no autoriza la suspensión de las garantías judiciales indispensables. Además, la prolongación indefinida del régimen de excepción en El Salvador constituye una violación a la Constitución y ha generado inquietud sobre el estado de la democracia y el Estado de Derecho en el país centroamericano.
A fin de profundizar en la situación, la Redacción de COYUNTURA escudriña y resume el informe de la organización más importante de derechos humanos en El Salvador, Cristosal, al respecto del primer año de la medida ordenada y promovida por Bukele, publicado este lunes 29 de mayo desde la capital salvadoreña.
El informe de Cristosal sobre el régimen de excepción en El Salvador señala en primera instancia varias problemáticas relacionadas con las políticas de seguridad, la transparencia de datos y la falta de enfoque en la prevención y reinserción social.
Ausencia de políticas integrales de seguridad: El Gobierno no ha implementado políticas completas de seguridad que aborden la prevención, investigación del delito y reinserción social. Aunque se anunció el "Plan Control Territorial" en 2019, no se ha publicado su contenido y se declaró en reserva por siete años. Los resultados atribuidos a este plan están más relacionados con negociaciones ilícitas entre el Gobierno y las pandillas.
Falta de políticas de prevención y reinserción: Aunque se aprobó la Política Nacional de Seguridad Pública en 2021, las instituciones responsables de la seguridad no la aplican. Tampoco se han desarrollado estrategias distintas en los planes operativos de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Justicia. La prevención integral, la atención a víctimas, la resocialización y la rehabilitación no forman parte de la estrategia de seguridad del Gobierno actual.
Manipulación de estadísticas de homicidios: Desde 2016, El Salvador ha experimentado una disminución drástica en los homicidios, supuestamente resultado de negociaciones con pandillas. Sin embargo, la falta de transparencia en los datos y la ocultación de cifras hacen que la disminución no sea confiable. Además, se ha negado el acceso a información sobre personas desaparecidas, lo que puede afectar el recuento de homicidios.
"En una investigación de marzo de 2023 la revista Elementos reveló que 'informes secretos elaborados por la Subdirección de Inteligencia de la PNC demuestran que el Gobierno mintió, desde el inicio del régimen de excepción, respecto al número de asesinatos: las cifras fueron reducidas casi a la mitad'. De acuerdo con Elementos, con información obtenida de documento oficiales filtrados por la organización Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets), a través del grupo de hackers Guacamaya, en abril de 2022 no fueron asesinadas 22 personas, sino 38; a lo que se suman 12 casos de pandilleros que supuestamente murieron en enfrentamientos con policías. También se señala que en ese mismo mes hubo 45 personas desaparecidas y sus casos no fueron resueltos", cita el informe.
Ocultamiento de otros delitos: Las estadísticas gubernamentales no reflejan el aumento de la extorsión y el hurto durante el régimen de excepción. Informes filtrados revelan que el Gobierno redujo las cifras de homicidios a la mitad y ocultó casos de personas desaparecidas. La manipulación de datos y la reserva de información evidencian la manipulación de las estadísticas para mostrar resultados favorables.
La negociación ilícita entre el Gobierno y las pandillas
El informe de Cristosal revela varias negociaciones ilícitas entre el Gobierno y las pandillas a lo largo de los años. Estas negociaciones implican la reducción de medidas de seguridad en el sistema penitenciario, programas de reinserción y leyes menos duras a cambio de apoyo electoral y la disminución de homicidios.
Durante el Gobierno de Mauricio Funes (2012-2014), se produjo una reducción drástica de homicidios atribuida a una supuesta "tregua entre pandillas". Sin embargo, investigaciones periodísticas demostraron que el Gobierno había negociado la reducción de homicidios con las pandillas, otorgando beneficios a los cabecillas de estas. Este lunes 29 de mayo, un tribunal de El Salvador condenó a 14 años de prisión al expresidente Funes -quien se encuentra refugiado en Nicaragua bajo la protección del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo- por negociar una tregua con las pandillas para bajar la tasa de homicidios a cambio de beneficios para sus cabecillas en las cárceles. Además, a su exministro de Seguridad, el general David Munguía Payes, el tribunal le impuso una pena de 18 años.
Asimismo, se documentaron negociaciones similares durante el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2016) y por parte de miembros de los partidos políticos ARENA y FMLN. Varios exfuncionarios están siendo procesados por su participación en estas negociaciones.
En septiembre de 2020, el entonces fiscal general de la República, Raúl Melara, anunció una investigación penal sobre la posible negociación entre el Gobierno de Nayib Bukele y las pandillas. Se revelaron documentos que registraban negociaciones entre el Gobierno y líderes pandilleros con el objetivo de reducir los homicidios, obtener beneficios penitenciarios y apoyo electoral para el partido Nuevas Ideas en 2021. Sin embargo, esta investigación fue cerrada por el fiscal general Rodolfo Delgado poco después de asumir el cargo.
Además, Cristosal recuerda que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América emitió sanciones a funcionarios del Gobierno de Bukele en diciembre de 2021, indicando que se brindaron incentivos económicos a las pandillas MS-13 y Barrio 18 a cambio de bajos niveles de violencia y apoyo político al partido más grande del país centroamericano. También se mencionó que las pandillas obtuvieron beneficios para los líderes encarcelados, como la provisión de teléfonos celulares y prostitutas.
En septiembre de 2022, el fiscal general del distrito este de Nueva York presentó una acusación contra 13 líderes de la MS-13, alegando que se reunieron secretamente con representantes del Gobierno de El Salvador en cárceles para organizar estas negociaciones.
Se observa una disminución drástica de homicidios durante los Gobiernos de Funes y Bukele, pero también se registran alzas temporales que podrían estar relacionadas con tensiones en las negociaciones entre el Gobierno y las pandillas.
A partir del régimen de excepción implementado en abril de 2022, el acceso a la información en el ámbito de la seguridad se bloqueó, y las instituciones dejaron de publicar formalmente datos de homicidios y otros delitos.
Estrategia populista
El informe de Cristosal describe cómo este régimen se enmarca dentro de una estrategia de populismo punitivo y propaganda gubernamental. El populismo punitivo se refiere a la utilización electoralista del Derecho Penal y se ha desarrollado en El Salvador debido a las políticas neoliberales y la legislación penal como respuesta a los problemas sociales.
El régimen de excepción en El Salvador se caracteriza por ser un populismo punitivo autoritario, en el cual los líderes políticos utilizan retórica y políticas de mano dura para ganar elecciones y apoyo popular. También están dispuestos a permitir altos niveles de violencia policial y utilizan los medios de comunicación estatales para unir al pueblo en una lucha contra un enemigo político enmarcado como delictivo, en este caso, las pandillas.
La estrategia de comunicación del Gobierno de Bukele utiliza conceptos vagos como "la guerra contra las pandillas" para representar la voluntad popular y dividir a la sociedad en ciudadanos honrados y delincuentes. A pesar de las violaciones a los derechos humanos, la aceptación del régimen de excepción en la opinión pública salvadoreña ha sido alta, reflejada en encuestas que muestran altos índices de aprobación.
La aceptación del régimen se debe, en parte, a la percepción de seguridad que ha generado la disminución de los homicidios y la transformación de las operaciones de las pandillas en modalidades más clandestinas, explica Cristosal. También contribuye la normalización de la violencia estatal y las violaciones a los derechos humanos en el país. La falta de conocimiento de la población salvadoreña sobre sus propios derechos también favorece la aceptación del régimen de excepción. Muchos salvadoreños desconocen los derechos y garantías constitucionales suspendidos durante el régimen.
La estrategia de propaganda del Gobierno de Bukele ha sido efectiva en la legitimación del régimen de excepción. Se basa en una estructura de propaganda integrada por medios estatales, redes sociales oficiales y cuentas falsas en redes sociales. Además, se han asignado cuantiosos recursos para pagar espacios en medios privados y difundir la retórica gubernamental.
La propaganda gubernamental exalta el régimen de excepción como una gesta libertadora contra las pandillas y niega o silencia las violaciones a los derechos humanos. También utiliza la opacidad y alteraciones estadísticas para favorecer la imagen del Gobierno en materia de seguridad.
Además, se ha observado un hostigamiento, acoso y estigmatización de personas defensoras de derechos humanos, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y prensa independiente. El Gobierno descalifica las voces opositoras y ataca constantemente a la oposición política, recuerda la organización.
Las personas detenidas y la violación al derecho a la libertad
Según el informe de Cristosal sobre el régimen de excepción en El Salvador, se han detenido a 66,417 personas bajo la presunción de ser miembros de pandillas, de acuerdo con los datos proporcionados por el Gobierno. Además, más de 39,000 personas han sido acusadas del delito de agrupaciones ilícitas y 8,000 por organizaciones terroristas.
La mayoría de las personas detenidas son hombres jóvenes, y el 84.1 % de las personas privadas de libertad son hombres, mientras que el 15.7 % son mujeres. Las detenciones arbitrarias han sido denunciadas como el principal hecho violatorio de los derechos humanos, con un 98.5 % de los casos reportados.
Se han identificado diferentes patrones de detenciones arbitrarias, como la ausencia de órdenes de captura administrativas o judiciales, detenciones sin investigación previa, allanamientos ilegales de moradas, detenciones basadas en denuncias anónimas y detenciones de personas con orden judicial de libertad. Estas prácticas muestran una política de represión y terror, que se ha llevado a cabo bajo directrices de las máximas autoridades gubernamentales.
Estas detenciones masivas y violaciones a los derechos humanos han tenido un impacto negativo en las comunidades y las familias de las personas detenidas, afectando los tejidos sociales y generando cargas adicionales para las mujeres que asumen responsabilidades familiares y de cuidado.
Muertes en custodia y la violación al derecho a la vida
El informe de Cristosal sobre el régimen de excepción en El Salvador revela graves violaciones al derecho a la vida por parte del Estado. Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), es responsabilidad del Estado proteger y preservar el derecho a la vida de las personas bajo su custodia. Sin embargo, durante el régimen de excepción, el Gobierno y las autoridades competentes en materia de seguridad han incumplido deliberadamente esta obligación.
Durante el régimen de excepción, se han producido numerosas muertes en detención, dentro de los centros penales y por falta de atención médica, lo que puede considerarse ejecuciones extralegales por responsabilidad estatal. El informe destaca que las autoridades de seguridad han omitido pronunciarse o minimizan la importancia de estas muertes, incumpliendo sus obligaciones de proteger el derecho a la vida, la integridad personal y de investigar posibles delitos.
El informe revela que hasta noviembre de 2022, se contabilizaban 90 muertes en centros penales durante el régimen de excepción. Además, se ha documentado la muerte de 139 personas bajo custodia estatal entre marzo de 2022 y marzo de 2023, siendo la mayoría hombres jóvenes. Sin embargo, se sospecha que el número real de muertes es mucho mayor, ya que se han encontrado fosas comunes y se han recibido testimonios de muertes de mujeres y hombres por torturas, golpizas y falta de atención médica en diversos centros penitenciarios.
"Por otra parte, en el mes de abril de 2023 se reportaron 14 muertes de privados de libertad, sumando un total de 47 personas fallecidas en este año. De tal forma que, el total de muertos privados de libertad desde el inicio del régimen de excepción suman 153; no obstante, una de estas personas fue detenida antes del 27 de marzo de 2022", cita el informe.
Las familias de las personas privadas de libertad durante el régimen de excepción no han obtenido información sobre las condiciones de vida, salud y causas de muerte de sus seres queridos. La Dirección General de Centros Penales no comunica los fallecimientos y muchos familiares se enteran a través de funerarias, redes sociales o denuncias de personas que han salido de prisión.
El informe agrupa las posibles causas de muerte en cuatro categorías: muerte violenta, probable muerte violenta, muerte natural o patológica y muerte sospechosa de criminalidad. También señala los lugares donde se han producido la mayoría de las muertes, como hospitales y bartolinas policiales.
Es importante destacar que ninguna de las personas fallecidas había sido declarada culpable del delito que se les atribuyó al momento de la detención. Las detenciones se realizaron principalmente a personas en situación de pobreza y/o bajo el control de pandillas, y muchas de ellas fueron detenidas por ser consideradas colaboradoras de grupos delincuenciales o por denuncias anónimas.
Las autoridades fiscales, policiales y penitenciarias han negado cualquier responsabilidad en las muertes y han omitido realizar investigaciones penales al respecto. Esto ha generado impunidad y falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos.
Condiciones inhumanas y violación de los derechos humanos en las cárceles
Cristosal señala que se han documentado graves violaciones a los derechos humanos y condiciones inhumanas en las cárceles del país.
Hacinamiento extremo: El número de personas privadas de libertad en El Salvador ha alcanzado más de 105,000, lo que representa aproximadamente el 1.6 % de la población total del país. A pesar de la construcción de nuevos centros penales, el hacinamiento generado por el régimen de excepción ha alcanzado niveles nunca antes vistos.
Condiciones inhumanas: Las personas privadas de libertad durante el régimen de excepción sufren condiciones inhumanas y degradantes. Estas condiciones incluyen hacinamiento extremo, falta de alimentación, asistencia médica deficiente, falta de servicios sanitarios y limpieza en las celdas, así como prácticas de tortura, golpizas y castigos. Estas condiciones son parte de una política gubernamental de castigo y terror.
Según las entrevistas realizadas por Cristosal, la mayoría de las personas detenidas durante el régimen de excepción no son pandilleros. Además, se menciona que en algunos centros penales los pandilleros son minoría.
Maltratos durante el ingreso a los centros penales: Los detenidos son trasladados a los centros penales en vehículos policiales y son sometidos a maltratos por parte de los agentes custodios. Estos maltratos incluyen esposarlos, colocarlos de rodillas bajo el sol durante largos periodos, golpearlos con tonfas y obligarlos a avanzar en cuclillas.
Condiciones inhumanas durante el encierro: El hacinamiento en las celdas ha llevado a condiciones insalubres, falta de agua para consumo y aseo, espacio reducido para dormir y falta de acceso a servicios sanitarios adecuados. Además, los internos del régimen permanecen en encierro total, sin acceso a luz solar ni actividades.
"El despliegue propagandístico sobre el CECOT como símbolo de la 'guerra contra las pandillas' en El Salvador, y su supuesta capacidad para internar '40,000 personas', ha sido de gran impacto en la prensa regional; no obstante, no es posible confirmar si esa es su capacidad instalada real, como tampoco es posible conocer sus costos de construcción y funcionamiento, ni los procesos de asignación de las obras a tres empresas específicas, pues esa información fue declarada bajo reserva por el Gobierno", cita el informe.
Torturas, castigos y ejecuciones: Se reportan castigos físicos generalizados, palizas al momento del conteo y ejecuciones al interior de las cárceles. Los detenidos son sometidos a golpes, choques eléctricos y maltratos por parte de los custodios. También se menciona el uso de celdas de castigo y la falta de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la violencia y las muertes en las cárceles.
Política de castigo y terror: Estas violaciones a los derechos humanos forman parte de una política deliberada de castigo y terror impulsada por el presidente Nayib Bukele y los funcionarios del Gobierno. Estos mensajes son ejecutados por las autoridades y el personal penitenciario, con la connivencia de la FGR.
El informe destaca que estas prácticas violan las obligaciones internacionales relativas al tratamiento de las personas privadas de libertad, incluyendo el respeto a la dignidad humana, la integridad física y mental, y la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes. También se menciona la inobservancia intencionada de la prohibición.
Impacto en las mujeres, niñas, niños adolescentes y población LGBTIQ+
Cristosal subraya diversas violaciones a los derechos de las mujeres y los niños, niñas y adolescentes. En el caso de las mujeres, el régimen de excepción genera múltiples violencias y vulneraciones. Del total de denuncias recibidas por Cristosal, el 80.6 % fue interpuesto por mujeres. Estas mujeres asumen la responsabilidad de localizar a sus familiares detenidos, proveer alimentos, medicamentos y buscar justicia. También se encargan del cuidado de menores y adultos mayores. Como resultado, experimentan un deterioro en sus condiciones de vida.
Se han documentado casos de acoso y abuso sexual por parte de policías y soldados hacia niñas, adolescentes y mujeres. Algunas familias se han visto obligadas a desplazarse o enviar a las niñas y adolescentes a otros lugares para protegerlas del acoso y abuso de las autoridades. Además, se han registrado detenciones de mujeres embarazadas o en etapa posparto, dejando a sus hijos al cuidado de familiares o terceras personas.
Las principales vulneraciones a los derechos de las mujeres identificadas en informes anteriores y que persisten durante la implementación del régimen de excepción incluyen la pérdida de recursos económicos, empeoramiento de las condiciones de vida, asignación adicional de tareas de cuidado, disminución de ingresos, impactos en la salud física y mental, y pérdida de proyectos de vida.
En cuanto a las mujeres privadas de libertad, se destaca la habilitación de centros penales inadecuados para albergar a mujeres. Las condiciones inhumanas y degradantes vividas en los centros penitenciarios, como la falta de espacios, hacinamiento, maltrato y violencia, han sido documentadas. Los traslados de mujeres a diferentes centros penales se realizaron de manera improvisada, dejándolas sin pertenencias personales. Se han reportado casos de muertes, abortos provocados por negligencia y abusos de autoridad.
"Los baños estaban fuera de las celdas, habían sido habilitados 10 baños para las 1,600 mujeres; no tenía acceso permanentemente al baño, nos sacaban por celdas para ir al baño, así estaba distribuidos los turnos para ir al baño; para orinar [había] cubetas dentro de la celda", cita el informe sobre el testimonio de una mujer que estuvo recluida en "Apanteos".
En relación a los niños, niñas y adolescentes, se señala que sufren efectos adversos por la detención de sus familiares. Presencian violencia física y agresiones por parte de las autoridades, lo que causa secuelas emocionales y psicológicas. Muchos quedan al cuidado de mujeres adultas mayores o jóvenes que abandonan sus estudios para atenderlos. Se ven afectados en su desarrollo integral, enfrentan dificultades para continuar su educación y asumen responsabilidades que no corresponden a su edad.
Desplazamiento forzado durante el régimen de excepción
El informe de Cristosal revela que el desplazamiento forzado interno es uno de los efectos de la delincuencia, ya sea común o perpetrada por pandillas. Según un análisis realizado por el Instituto de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana (UCA), citado en el informe, el 1.2 % de la población consultada afirmó haber tenido que cambiar de residencia debido a actos de violencia o amenazas recibidas. En el 60.0 % de los casos, las personas se vieron obligadas a desplazarse debido a acciones perpetradas por miembros de pandillas.
Tomando como base la información recopilada por Cristosal a través de su sistema de protección de derechos humanos, se identificaron 419 personas en situación de desplazamiento forzado interno por violencia durante el primer año del régimen de excepción. Las mujeres fueron las más afectadas, representando el 59.9 % de las víctimas, seguidas por los hombres con un 39.9 %. La mayoría de las víctimas eran niñas, niños y adolescentes (38.0 %), seguidos por personas de entre 18 y 39 años (37.7 %), y un 5.5 % eran personas de 60 años o más. Esta situación implica que las mujeres, al ser jefas de hogar, deben asumir la responsabilidad de brindar seguridad y protección a sus familias, lo que resulta en una carga adicional en sus tareas de cuidado.
Los principales agresores de estas personas siguen siendo las pandillas (57.0 %), aunque la proporción de denuncias contra estos grupos ha disminuido en comparación con años anteriores. Por otro lado, se observa un aumento en las denuncias de violaciones a los derechos por parte de la PNC, con un 20.7 % de las víctimas mencionando que un oficial de policía había violado sus derechos. Además, un 1.9 % de las personas mencionaron a miembros de la Fuerza Armada como sus agresores, lo que resultó en su desplazamiento forzado.
Se ha identificado que algunas personas son víctimas tanto de los cuerpos de seguridad como de las pandillas, lo que genera una doble victimización y aumenta sus necesidades de protección debido a la sensación de inseguridad que experimentan. Como resultado, la mayoría de las familias en esta situación desean migrar, ya que consideran que no podrán encontrar seguridad dentro del país.
Las principales causas que llevaron a estas personas a desplazarse o considerar hacerlo son las amenazas (27.2%) y el amedrentamiento (23.2%). Estas acciones pueden provenir tanto de las pandillas como de la Policía y la Fuerza Armada. En el caso de estas últimas, pueden ocurrir durante la detención de una persona, cuando los oficiales amenazan con detener a otros miembros de la familia si insisten en preguntar sobre las razones de la detención. También puede haber un acoso continuo por parte de las instituciones de seguridad, amenazando a las familias si no colaboran con ellos.
Además de las amenazas y el amedrentamiento, se ha observado una incidencia menor de otros delitos asociados al accionar de las pandillas, como homicidios de familiares (7.6%), extorsión (4.0%) y desapariciones (3.9%). Esta categoría también incluye casos en los que las familias denuncian que las autoridades de los Centros Penales no les han proporcionado información sobre sus familiares detenidos, a pesar de haber acudido a diferentes centros de confinamiento.
El informe de la organización de derechos humanos destaca un cambio en el patrón de desplazamiento forzado interno en El Salvador, donde, aunque las pandillas siguen siendo mencionadas con mayor frecuencia como agresores, preocupa el aumento de más del 15 % en las denuncias contra la PNC como principal agresor de las personas en situación de desplazamiento durante el primer año de vigencia del régimen de excepción. Esto resulta especialmente inquietante, dado que la misión de esta institución es "garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad pública".
Luego del primer año de régimen de excepción en El Salvador, según Cristosal y su documentación, se llega a las siguientes conclusiones:
El régimen de excepción es una medida permanente de represión y no ha sido temporal ni excepcional como se establece en el marco constitucional.
El régimen de excepción se inserta en una estrategia de populismo punitivo y propaganda gubernamental caracterizada por la opacidad.
Se han realizado detenciones arbitrarias masivas sin respetar el debido proceso legal, siendo la estrategia principal del régimen de excepción.
La gran mayoría de las detenciones han sido arbitrarias y se han violado los derechos constitucionales de las personas detenidas.
Las imputaciones contra las personas detenidas han sido principalmente por asociaciones ilícitas y agrupaciones terroristas, no por delitos graves como homicidios.
Ha habido muertes de personas bajo custodia del Estado debido a la violencia, la negación de asistencia médica y la desnutrición.
Las detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes han sido prácticas generalizadas y sistemáticas.
Las mujeres, niños, niñas y adolescentes también han sufrido violaciones graves a sus derechos humanos bajo el régimen de excepción.
Estas conclusiones reflejan la grave situación de violación de derechos humanos y represión que ha ocurrido durante este período en el país centroamericano. El documento de Cristosal incluye la lista completa de las 153 personas fallecidas hasta el 28 de abril de 2023, junto a otros datos relacionados a sus muertes.
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