Reformas a la Constitución, endurecimiento penal y alianza de seguridad con El Salvador: la agenda de Laura Fernández desde el 08 de mayo en Costa Rica
- 7 feb
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En paralelo a las reformas penales y penitenciarias, la presidenta electa del país centroamericano anunció que impulsará iniciativas legislativas para combatir la legitimación de capitales y el lavado de dinero. El objetivo, según explicó, es cerrar las fuentes de financiamiento del crimen organizado y debilitar su capacidad operativa. Por el momento, los alcances y mecanismos de estas propuestas permanecen sin definirse públicamente.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San José, Costa Rica
A menos de tres meses de asumir el Poder Ejecutivo, la presidenta electa Laura Fernández, ahora ministra de Rodrigo Chaves, comenzó a delinear con mayor precisión el rumbo político, legislativo y de seguridad que marcará el inicio de su administración, prevista para el próximo 08 de mayo de 2026. Sus primeras definiciones confirman una agenda ambiciosa que combina reformas constitucionales, endurecimiento del marco penal, reestructuración del sistema penitenciario y una estrategia regional de cooperación contra el crimen organizado. Acá lo explicamos.
Reformas constitucionales: consenso como condición política
Fernández reconoció que, una vez iniciado su mandato, impulsará reformas a la Constitución Política, particularmente en lo relativo a los mecanismos de rendición de cuentas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al rol de la Sala Constitucional. Aunque evitó detallar el contenido específico de los cambios que propone, dejó claro que se trata de ajustes prioritarios para su gobierno.
La mandataria electa admitió que la viabilidad de cualquier reforma constitucional estará condicionada a la capacidad del Ejecutivo de construir acuerdos políticos amplios. Al no contar con una mayoría calificada en la próxima Asamblea Legislativa, el oficialismo deberá negociar con las distintas fuerzas representadas en el Parlamento. En ese marco, Fernández mencionó la necesidad de diálogo con fracciones como Liberación Nacional, el Frente Amplio, la Coalición Agenda Ciudadana y el Partido Unidad Social Cristiana.
La presidenta subrayó que cualquier modificación a la Carta Magna deberá transitar por la vía de la concertación política, alejándose de imposiciones unilaterales. Esta postura marca una diferencia táctica frente a debates constitucionales recientes, caracterizados por una fuerte polarización legislativa.
En sus declaraciones más recientes, Fernández tampoco retomó una propuesta que ha generado controversia en el pasado: la eventual reelección presidencial consecutiva, defendida en otras ocasiones por la diputada oficialista Pilar Cisneros. El silencio sobre este punto sugiere que, al menos en el corto plazo, no forma parte de las prioridades inmediatas del nuevo gobierno.
Seguridad y control del delito: prioridad legislativa
En paralelo al debate constitucional, Fernández detalló un paquete de iniciativas en materia de seguridad ciudadana que buscará impulsar desde el Congreso. Con 31 diputados de su partido —una cifra que supera la mayoría simple requerida para aprobar leyes ordinarias—, el oficialismo tendrá margen para incidir de manera decisiva en la agenda legislativa.
Entre las primeras acciones anunciadas se encuentra una reforma al Código Procesal Penal y al Código Procesal Penal Juvenil, con el objetivo de endurecer las penas de prisión. Aunque no se han precisado aún los alcances técnicos de estas modificaciones, la presidenta electa confirmó que se trata de un eje central de su estrategia para combatir la criminalidad.
A estas reformas se suma una revisión de las normas que regulan la ejecución condicional de la pena, particularmente lo establecido en el artículo 59 del Código Penal, que permite a los jueces suspender la ejecución de una condena cuando esta no supere los tres años de prisión. Fernández adelantó que su gobierno evaluará estos mecanismos, en un contexto de creciente preocupación social por la reincidencia delictiva.
Reforma penitenciaria, debate sobre el "año carcelario" y golpe financiero al crimen organizado
Otro de los pilares de la agenda de seguridad será la promoción de una nueva Ley de Gestión del Sistema Penitenciario Nacional. Según la presidenta electa, la normativa vigente privilegia en exceso los derechos de los privados de libertad en detrimento de las víctimas y sus familias. El planteamiento busca redefinir el equilibrio entre garantías individuales, reinserción social y protección ciudadana.
Fernández también anunció que retomará iniciativas orientadas a obligar a los privados de libertad a realizar trabajos dentro de los centros penitenciarios, así como una revisión integral del llamado "año carcelario". Este concepto ha estado rodeado de polémica, luego de que sectores oficialistas afirmaran que en Costa Rica un año de prisión equivale a nueve meses efectivos.
El Poder Judicial ha reiterado, sin embargo, que el año carcelario es de 12 meses, aunque la legislación contempla reducciones de pena en casos específicos, como lo establece el artículo 55 del Código Penal, que autoriza rebajas por trabajo autorizado dentro del sistema penitenciario. Hasta ahora, el gobierno electo no ha detallado qué cambios concretos respaldará en este ámbito.
Dentro del mismo paquete legislativo, Fernández adelantó que impulsará una iniciativa para combatir la legitimación de capitales y el lavado de dinero, con el objetivo de cortar las fuentes de financiamiento del crimen organizado. Aunque no se conocen aún los mecanismos específicos de esta propuesta, la presidenta electa sostuvo que atacar el flujo económico de las organizaciones criminales es una condición indispensable para debilitar su capacidad operativa.
Cooperación regional: El Salvador como aliado estratégico
En el plano internacional, Fernández confirmó que su estrategia de seguridad incluirá cooperación directa con El Salvador, país con el que Costa Rica busca fortalecer acciones conjuntas en materia de vigilancia, tecnología y control territorial. Durante una conferencia de prensa en San José, la mandataria electa aseguró contar con el respaldo del presidente Nayib Bukele para implementar medidas contra el crimen organizado y el narcotráfico a partir de 2026.
La colaboración con El Salvador se reflejará, entre otros proyectos, en la construcción de una cárcel de máxima seguridad con capacidad para cinco mil internos, inspirada en el modelo penitenciario salvadoreño. La obra fue impulsada por el actual mandatario Rodrigo Chaves y cuenta con acompañamiento técnico y político del gobierno de Bukele, quien visitó Costa Rica el pasado 15 de enero para el lanzamiento oficial del proyecto.
Fernández explicó que uno de los objetivos centrales de este centro penitenciario será romper las redes de comunicación entre los privados de libertad y las estructuras criminales externas, una práctica que las autoridades consideran clave para frenar la operación de bandas organizadas desde prisión.
Tras el triunfo electoral de Fernández, Bukele la felicitó públicamente y expresó su disposición a continuar colaborando con Costa Rica. El contacto telefónico entre ambos se produjo cuando la entonces candidata lideraba el conteo con el 53,1 % de los votos válidos y el 69,4 % de las mesas escrutadas, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones.
Perfil político y proyección internacional
Con 39 años, Laura Fernández es politóloga y ha ocupado cargos clave en la administración pública, entre ellos los ministerios de la Presidencia y de Planificación. Se ha definido como la continuadora del proyecto político de Rodrigo Chaves y será la segunda mujer en presidir Costa Rica, después de Laura Chinchilla (2010-2014).
Durante la campaña electoral, su discurso se centró en la recuperación de la seguridad ciudadana, la lucha contra la impunidad y una profunda reforma del sistema penitenciario. En política exterior, ha reiterado que su gobierno mantendrá relaciones diplomáticas con todos los países, bajo el principio de respeto a la soberanía y en beneficio de la población costarricense.
En relación con China, Fernández afirmó que su administración no tolerará actos de corrupción ni negocios ilegales, independientemente del origen de las empresas involucradas. "Mantendré relaciones diplomáticas en beneficio del pueblo de Costa Rica con todos los países del mundo", sostuvo.
Con una agenda que combina reformas estructurales, control del delito y alianzas regionales, la presidenta electa se prepara para iniciar un mandato marcado por altas expectativas y desafíos institucionales de gran calado.
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