Francisco Martínez Domínguez, alcalde del municipio de San Isidro, en el departamento de Intibucá, fue asesinado la noche del miércoles 09 de julio de 2025 en el barrio Zaragoza del municipio de Siguatepeque, Comayagua. El crimen, perpetrado en la zona central de Honduras, vuelve a exponer la fragilidad de la seguridad en el país centroamericano, donde la violencia letal sigue cobrando vidas sin distinción de cargo o notoriedad pública.

De acuerdo con los reportes preliminares, el edil fue atacado a balazos cuando se encontraba cerca de un campo de fútbol. Inicialmente, su identidad permaneció desconocida, hasta que las autoridades, durante el levantamiento del cuerpo, hallaron una credencial que lo identificaba como la máxima autoridad municipal de San Isidro. Martínez, de aproximadamente 49 años, fue declarado muerto en la escena.

Las circunstancias que rodean el asesinato permanecen envueltas en incertidumbre. Hasta el momento no hay información oficial sobre los responsables ni se han precisado las motivaciones detrás del crimen. Tampoco se ha esclarecido la razón por la que el alcalde se encontraba en Comayagua, fuera de su municipio.

Versiones adicionales, surgidas tras el crimen, señalan que el edil habría sido forzado a subir a un vehículo y su cadáver fue posteriormente abandonado cerca del campo de fútbol donde fue hallado. También se conoció que en días recientes había sido víctima de un atentado del que salió ileso, aunque no se han brindado detalles oficiales sobre ese incidente.

Este homicidio revive un episodio que marcó la trayectoria pública de Martínez Domínguez. En agosto de 2015, fue procesado penalmente por la muerte de Ángel Adalid Gómez, un joven de 18 años que murió en un confuso hecho ocurrido dentro de la vivienda del alcalde. Según se reportó entonces, el joven sostenía una relación sentimental con una hija del edil. La tragedia se habría desencadenado tras una discusión familiar, luego de que Martínez supuestamente encontrara al joven en su casa a altas horas de la noche.

Durante ese altercado, el alcalde resultó gravemente herido en el rostro, presuntamente con un hacha. En su testimonio, relató que al salir al patio fue golpeado violentamente y perdió el conocimiento. Tras un proceso judicial que se prolongó por más de un año, el tribunal lo absolvió del delito de asesinato en 2016. Como parte del fallo, se le impuso la prohibición de acercarse a los familiares de la víctima. En aquella ocasión, el alcalde sostuvo que se había hecho justicia y lamentó el dolor causado a su familia durante el proceso.

Pese al escándalo y el proceso penal, Martínez Domínguez continuó ejerciendo su función pública hasta el momento de su muerte.

Por ahora, las autoridades no han establecido ningún vínculo entre el asesinato del alcalde y aquel suceso de hace una década. La Policía Nacional y el Ministerio Público se encuentran a cargo de las investigaciones para determinar los móviles y responsables del ataque.

Este crimen se suma a un contexto de violencia generalizada en Honduras, donde un promedio de seis personas pierden la vida a diario en circunstancias violentas, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).

El asesinato de una autoridad municipal en ejercicio no solo genera conmoción entre la población, sino que también pone en entredicho la efectividad de las medidas de seguridad en un país marcado por el crimen organizado, los conflictos sociales y las pugnas políticas locales.

Mientras las investigaciones avanzan, la muerte de Francisco Martínez Domínguez abre múltiples interrogantes en un país donde la violencia sigue siendo parte del día a día, y donde muchos crímenes, incluso los más sonados, continúan impunes.

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