En un contexto de polarización política y descontento social, las recientes declaraciones de la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, y de la diputada Beatriz Valle, han suscitado un intenso debate sobre las estrategias gubernamentales, la administración de justicia y las implicaciones de las políticas públicas en Honduras. Gabriela Castellanos, reconocida por su postura crítica frente a la corrupción y el abuso de poder, calificó las recientes capturas de figuras políticas y militares como "impactos mediáticos" que buscan desviar la atención de problemas estructurales en el país. En sus redes sociales, Castellanos afirmó que estas acciones son parte de un "espectáculo" que se extenderá hasta las elecciones primarias de marzo, con el objetivo de "olvidarnos del desastre administrativo actual".

Estas declaraciones surgen tras la captura del exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, quien fue procesado judicialmente esta semana. Castellanos sugirió que otras detenciones de carácter mediático podrían ocurrir como una estrategia del oficialismo para mantener a la población enfocada en eventos específicos mientras persisten problemas como el incremento en las cotizaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Asimismo, Castellanos denunció esta semana que los actuales procesos judiciales relacionados con el golpe de Estado de 2009 disfrazan persecuciones políticas bajo el pretexto de impartir justicia. "La tortura, el asesinato y la persecución sistematizada por motivos políticos en el marco del golpe de Estado son hechos indiscutibles que hoy se disfrazan en nombre de la justicia", escribió Castellanos.

Por su parte, la diputada Beatriz Valle, actualmente afiliada al Partido Liberal, también expresó su preocupación sobre las decisiones y prioridades del gobierno de Xiomara Castro. Valle acusó a la administración de intentar desviar la atención al debatir sobre la base militar de Palmerola y de eliminar el tratado de extradición con Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), cuya vigencia finaliza en febrero. Según Valle, estas medidas aparentan ser intentos por proteger intereses personales y familiares.

Valle subrayó la importancia de la base militar estadounidense en Palmerola como una herramienta clave para combatir el narcotráfico y destacó que la extradición ha permitido la captura de importantes narcotraficantes, muchos de los cuales están siendo procesados en Nueva York. En contraste, lamentó que estas acciones sean calificadas por algunos sectores como traición nacional, mientras las prioridades reales del país son relegadas.

Con relación a la captura de Romeo Vásquez Velásquez, Valle calificó como "lamentable" la aplicación de "justicia selectiva", enfatizando que otros actores implicados en casos de corrupción y narcotráfico también deberían ser investigados. Señaló directamente a personas vinculadas al entorno del expresidente Manuel Zelaya y sugirió que los principios que antes guiaban al partido oficialista han sido abandonados en favor de intereses políticos.

Las opiniones de Castellanos y Valle coinciden en una crítica común hacia la manipulación de la justicia y el uso de capturas mediáticas como herramienta política. Sin embargo, también revelan una tensión subyacente sobre el rol de las instituciones del Estado y su capacidad para abordar los problemas estructurales de Honduras.

Mientras Castellanos alerta sobre el uso propagandístico de los procesos judiciales, Valle denuncia la falta de coherencia y equidad en la aplicación de justicia, particularmente en un país donde los altos índices de corrupción y violencia siguen siendo prioritarios para la ciudadanía.

En un año electoral marcado por incertidumbre, la polarización política y la percepción de injusticia podrían profundizar la desconfianza en las instituciones. La sociedad hondureña enfrenta el reto de discernir entre las narrativas políticas y exigir transparencia y rendición de cuentas para construir un futuro más justo y equitativo.

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