Desde la madrugada de este martes 24 de septiembre de 2024, miembros del Consejo Tierra y Territorios se instalaron en los bajos del Congreso Nacional en Tegucigalpa, exigiendo al Gobierno que cese los desalojos en áreas protegidas. El campamento se estableció como una medida de presión para revertir los desalojos en la Biosfera del Río Plátano y otras zonas de la Mosquitia, en el marco del Plan Ambiental "Cero Deforestación al 2030".

Mientras tanto, fuerzas antimotines han sido desplegadas en el centro histórico y en las inmediaciones del Poder Legislativo para contener posibles disturbios.

El gobierno, por su parte, informó el pasado domingo 22 de septiembre que los ocupantes de la biosfera abandonaron el diálogo que habían establecido con la Comisión de Alto Nivel, liderada por la Secretaría de la Presidencia. El diálogo formaba parte de los esfuerzos para encontrar soluciones al impacto de la deforestación y la ocupación ilegal de tierras. Sin embargo, la creciente resistencia de los habitantes, quienes se niegan a dejar actividades como la agricultura migratoria y la ganadería extensiva, frustró el proceso.

Líderes locales, como Carlos Gerardo Maldonado, Bianca González Mejía y Héctor Alexis Matute, han sido señalados por las autoridades como responsables de incitar al rechazo a las medidas del gobierno. Estos líderes, según el comunicado oficial, no han mostrado disposición para atender la crisis ambiental generada por la deforestación y los incendios forestales, factores que están acelerando la destrucción de las áreas protegidas.

El colapso de las negociaciones, debido a la agresividad de algunos participantes durante las reuniones del 20 y 21 de septiembre, ha tensado aún más la situación. La violencia expresada tanto en las reuniones como en redes sociales ha generado preocupación entre las autoridades, que ahora temen por la seguridad en las áreas en conflicto.

A pesar de la resistencia de ciertos grupos, el gobierno ha reafirmado su compromiso de seguir adelante con el Plan "Cero Deforestación", el cual busca proteger los bosques tropicales, ríos y otras reservas naturales. Luis Soliz, ministro del Instituto de Conservación Forestal (ICF), subrayó la importancia de recuperar estas tierras para el bien del país y de la humanidad. "No habrá espacio para el sabotaje ni para el miedo", declaró Soliz, haciendo hincapié en que la soberanía ambiental de Honduras no está en negociación.

Por su parte, el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Lucky Medina, condenó las "agendas ocultas" que, según él, intentan sabotear el proceso de diálogo. "El Estado no va a retroceder en su lucha por defender las áreas protegidas", aseguró, destacando que estos territorios son patrimonio del pueblo hondureño.

Con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ya desplegadas, la administración de la presidenta Xiomara Castro insiste en que las medidas adoptadas son necesarias para proteger los recursos naturales y garantizar la paz en la región, subrayando que los daños a las zonas protegidas comprometen el futuro ambiental del país.