La crisis interna del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras ha alcanzado un nuevo punto extremo. La consejera propietaria por el Partido Liberal, Ana Paola Hall, anunció este miércoles 16 de julio de 2025 que pone a disposición su cargo, tras una serie de tensiones legales e institucionales que han paralizado el funcionamiento del organismo a solo meses de los comicios generales.

La decisión, comunicada oficialmente mediante un oficio dirigido a sus colegas Cossette López y Marlon Ochoa, y publicada en la red social X, responde a su firme rechazo de participar en sesiones del Pleno que, según ella, no cumplen con los requisitos mínimos de legalidad establecidos por la Ley Electoral de Honduras.

"Vulnerar el quórum que la ley electoral establece no solo puede implicar consecuencias penales, sino que no resuelve absolutamente nada", escribió Hall en una declaración pública, en la que sostuvo que actuar fuera del marco legal comprometería la legitimidad del proceso electoral.

El centro del conflicto gira en torno a la interpretación del artículo sobre quórum en la Ley Electoral. Hall sostiene que el pleno solo puede sesionar con al menos tres consejeros presentes, de los cuales dos deben ser propietarios. En contraste, diversos sectores políticos, expertos y legisladores han promovido la posibilidad de operar el organismo con únicamente dos consejeros propietarios activos, como respuesta a la prolongada ausencia del consejero Marlon Ochoa y sus suplentes.

"Esa interpretación no tiene sustento legal", respondió Hall en su oficio con fecha del 16 de julio. A su juicio, permitir sesiones con solo dos personas no solo violenta la ley, sino que vicia de nulidad todas las resoluciones adoptadas bajo ese esquema. Hall también recuerda que, incluso cuando el presidente del CNE no convoca, existe un mecanismo excepcional que requiere igualmente la participación de la mayoría del Pleno, lo cual —reitera— no se cumple con dos miembros.

Desde principios de julio, el CNE ha enfrentado un bloqueo operativo. La inasistencia reiterada del consejero Marlon Ochoa, junto a la de sus suplentes, ha imposibilitado la toma de decisiones cruciales, entre ellas la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), así como nombramientos esenciales en áreas de auditoría, conectividad, biometría y compras.

"Ese CNE que era fuerte en 2021, hoy día a día pierde la batalla por ganar confianza y credibilidad", escribió Hall en un tono cargado de frustración y pesar por lo que considera una grave regresión institucional.

A pesar de la presión pública y de actores políticos que sugieren avanzar con solo dos miembros, Hall fue enfática: "¿vamos a poner en esta situación a nuestros funcionarios? No estoy dispuesta. ¿Acaso es sostenible seguir pensando que un 2 a 0 durante más de cuatro meses es la salida?".

La consejera advierte que esa salida "popular" puede parecer práctica, pero "es ilegal, inviable e insostenible". A su criterio, el deterioro actual no justifica romper el marco legal que regula el sistema electoral hondureño.

"Estoy segura que tomar el camino fácil del quebranto a la ley solo nos lleva a un escenario donde no habría proceso electoral o, de haberlo, implicaría la confrontación de nuestro pueblo", advirtió Hall. "No podría ver a los ojos a mis hijos sabiendo que hay sangre en mis manos. Elijo vivir con la frente en alto y la conciencia en paz", agregó.

Su renuncia es presentada como una decisión moral y jurídica. Rechazó ceder ante presiones, polarización y "actos de irrespeto", y expresó que ya no está dispuesta a ser parte de un órgano que ha perdido cohesión y rumbo.

"He hecho lo humanamente posible", dijo, recordando que su propósito al postularse de nuevo como consejera era elevar los estándares del proceso electoral de 2021, considerado uno de los más limpios en la historia reciente del país centroamericano.

Su salida deja al Pleno del CNE aún más debilitado y plantea interrogantes serios sobre la viabilidad operativa del organismo. Con su dimisión, ahora se requiere iniciar el proceso de sustitución conforme a los mecanismos establecidos por la ley, lo cual no solo toma tiempo, sino que se produce en un momento crítico del calendario electoral.

La fragilidad institucional del CNE no es solo un tema interno. La falta de consenso y legalidad en sus operaciones puede tener repercusiones profundas sobre la credibilidad y transparencia del proceso electoral previsto para noviembre.

Analistas advierten que si no se resuelve la disputa por el quórum y la integración del Pleno, podrían generarse impugnaciones masivas, conflictos postelectorales e incluso una crisis de legitimidad del nuevo gobierno que resulte electo.

Para Hall, la única ruta posible es el respeto estricto a la ley. "Solamente tomando decisiones apegadas a la legalidad tendremos posibilidad de asegurar que exista proceso electoral. ¡El país requiere de esa certeza!", concluyó.

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