La Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) autorizó este lunes 19 de mayo de 2025 al gobierno de Donald Trump a revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) otorgado a más de 350 mil venezolanos, una decisión que marca un punto de inflexión en la política migratoria estadounidense. El fallo judicial permite al Ejecutivo avanzar en la eliminación de esta protección, en un contexto de tensiones políticas y cambios en las directrices migratorias del país. El TPS es un programa creado en 1990 para ofrecer un estatus migratorio temporal a personas provenientes de naciones afectadas por conflictos armados, desastres naturales u otras emergencias excepcionales. En marzo de 2021, bajo la administración del exmandatario Joseph Biden, Venezuela fue incluida en este programa debido a la aguda crisis humanitaria y política que atraviesa el país suramericano. En octubre de 2023, el gobierno demócrata extendió la vigencia de este beneficio por 18 meses, una medida que ahora se ve truncada tras el fallo del máximo tribunal.

La resolución de la Corte Suprema responde a una solicitud de los abogados de la administración de Trump en su segundo mandato no consecutivo, quienes apelaron una decisión previa de un tribunal federal en California que había bloqueado el intento del Ejecutivo por eliminar el TPS. La administración republicana argumentó que mantener el programa para venezolanos iba en contra del "interés nacional" de Estados Unidos y afirmó que las decisiones sobre política migratoria recaen exclusivamente en el poder ejecutivo, sin injerencia judicial.

El impacto de esta decisión es profundo. Ahilan Arulanantham, abogado de varios de los migrantes afectados, calificó la medida como "la mayor revocación de estatus migratorio para un solo grupo en la historia moderna del país". La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única voz disidente en la Corte Suprema, manifestando su rechazo a la revocación del beneficio.

Organizaciones de derechos humanos y defensores de los migrantes han advertido sobre las posibles consecuencias de esta medida, que podría dejar a miles de familias en situación de vulnerabilidad y enfrentando un proceso de deportación. "Es una catástrofe humanitaria anunciada", expresó María Antonieta Gutiérrez, portavoz de la organización Venezuelans in Exile (VIE). "Estamos hablando de padres, madres y jóvenes que han construido una vida aquí y que ahora quedan desprotegidos".

Desde su regreso al poder, en enero de 2025, Donald Trump ha buscado endurecer las políticas migratorias de Estados Unidos. La eliminación del TPS para venezolanos se enmarca en una agenda más amplia que incluye también el retiro de este estatus para haitianos a partir de agosto. Para la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la medida es un "paso necesario" para asegurar los intereses de Estados Unidos. "No podemos seguir permitiendo que individuos sin derecho permanezcan en nuestro país", declaró en un comunicado oficial.

Las declaraciones de Noem han generado controversia, especialmente por referirse a los beneficiarios del TPS como "desgraciados" y "criminales". Estos comentarios han sido condenados por organizaciones internacionales y líderes demócratas, quienes acusan a la administración de Trump de promover políticas discriminatorias y xenófobas.

A pesar de la resolución de la Corte Suprema, el litigio sobre el TPS para venezolanos continuará en tribunales inferiores. Los abogados de los afectados han anunciado que apelarán la decisión y buscarán medidas cautelares que permitan mantener el estatus de protección mientras se resuelven los procedimientos legales.

El futuro de más de 350 mil venezolanos en EE.UU. pende de un hilo, mientras la administración Trump sigue avanzando en su agenda de endurecimiento migratorio. Las próximas semanas serán clave para determinar el rumbo de este programa y el destino de miles de familias que, por ahora, viven en un limbo legal.

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