La organización regional de derechos humanos Cristosal anunció este jueves 17 de julio de 2025 la suspensión de sus operaciones en El Salvador, país donde fue fundada hace más de 25 años, tras un alarmante aumento de la represión estatal, el hostigamiento legal y la criminalización de sus integrantes, en el marco del régimen de excepción impuesto por la administración de Nayib Bukele.

La decisión, calificada por la organización como "dolorosa pero necesaria", responde a un entorno cada vez más hostil para el trabajo de defensa de los derechos fundamentales. En un comunicado emitido desde sus sedes en Guatemala y Honduras, Cristosal denunció el deterioro acelerado del Estado de derecho en El Salvador, donde —afirman— ya no existen garantías mínimas para continuar su labor sin poner en riesgo la integridad de su equipo.

"El Salvador ha dejado de ser un Estado de derecho. Expresar una opinión o exigir derechos básicos hoy puede costar la cárcel", advirtió la organización, que ha acompañado por décadas a víctimas de violencia, corrupción y abusos del poder.

El clima represivo en El Salvador se ha profundizado bajo un estado de excepción instaurado desde marzo de 2022 y renovado más de 25 veces por la Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo. Este régimen ha permitido detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y protestas, así como una creciente militarización del territorio.

Según una reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA), el 60 % de la población salvadoreña teme expresar sus opiniones o protestar por miedo a represalias. Esta atmósfera de miedo se sustenta, según denuncias de organizaciones sociales, en la vigilancia constante, amenazas veladas, campañas de difamación y detenciones sin debido proceso.

A este contexto se suma la aprobación y aplicación de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), una normativa que permite al gobierno intervenir, sancionar e incluso clausurar organizaciones no gubernamentales o medios de comunicación que reciban fondos del extranjero. Bajo esta ley, se imponen impuestos punitivos, restricciones arbitrarias y vigilancia estatal directa, lo que —en palabras de Cristosal— constituye un mecanismo de censura y control autoritario.

"Nos estamos reorganizando para cuidar nuestras voces y mantener viva la defensa de los derechos humanos. Por cada víctima del régimen, Cristosal no se detiene. Sigue. Más libre. Más firme. Más necesaria que nunca", expresó la organización.

La medida de Cristosal se produce tras una nueva ola de arrestos selectivos contra defensores y críticos del gobierno. El 18 de mayo fue detenida en su casa la abogada Ruth López, jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, acusada de supuesto enriquecimiento ilícito. López había liderado investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en el Ejecutivo, cuestionado públicamente el enfoque militarista de seguridad y brindado acompañamiento legal a más de 250 migrantes venezolanos detenidos en El Salvador tras ser deportados de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.).

Días antes, el 12 de mayo, también fueron arrestados el abogado Alejandro Henríquez y el pastor evangélico y líder ambientalista José Ángel Pérez, tras participar en una manifestación campesina. Todos ellos han sido señalados como "presos de conciencia" por la organización Amnistía Internacional (AI).

"Estas detenciones no son hechos aislados. Forman parte de un patrón sistemático de criminalización que busca silenciar a quienes denuncian abusos, exigen justicia y demandan transparencia en la gestión pública", señaló AI en un comunicado reciente.

Además, el 07 de junio fue encarcelado el abogado constitucionalista Enrique Anaya, otro de los más persistentes críticos del oficialismo, acusado por la Fiscalía de presunto lavado de dinero.

Cristosal denuncia que ha enfrentado en los últimos meses acoso judicial y fiscal, campañas de difamación, vigilancia estatal sobre sus oficinas y domicilios, así como la persecución de sus integrantes. Varios de ellos, afirma la organización, han debido exiliarse para poder continuar su labor sin ser encarcelados.

Pese a esta suspensión operativa dentro del país, Cristosal sostiene que no renunciará a su personería jurídica en El Salvador ni al compromiso con las víctimas. Ha iniciado el trámite de inscripción en el Registro de Agentes Extranjeros para cumplir con los requisitos impuestos, aunque rechaza la legitimidad y objetivos de dicha ley.

Diversos actores internacionales han expresado creciente preocupación por la deriva autoritaria del gobierno de Bukele. La concentración de poder, el debilitamiento de la independencia judicial, la persecución contra organizaciones críticas y la prolongación indefinida del estado de excepción han sido ampliamente documentados por misiones de observación, relatores de la ONU y organismos multilaterales.

El cardenal Gregorio Rosa Chávez, una de las voces más respetadas del país, resumió el sentir de muchos: "el miedo está instalado en el país".

En este contexto, la salida de Cristosal representa un hito simbólico y alarmante: por primera vez en su historia, la organización considera que ya no existen condiciones mínimas para operar en el territorio salvadoreño, donde surgió su labor. Aunque su misión continúa desde otras fronteras, el cierre de sus oficinas en El Salvador visibiliza la gravedad del momento político y la fragilidad de las garantías democráticas en la nación centroamericana.

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