El diputado Jari Dixon, del oficialista partido Libertad y Refundación (LIBRE), presentó hoy, lunes 23 de septiembre de 2024, una denuncia formal ante el Ministerio Público, en contra de los funcionarios y legisladores que votaron a favor de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE). Dixon exige que se les investigue y procese por el delito de traición a la patria, señalando que aquellos que respaldaron estas iniciativas vulneraron la soberanía del país. La acusación apunta a inhabilitar a los involucrados de ocupar cargos públicos por al menos 40 años, conforme lo estipula el Código Penal hondureño.

Dixon enfatizó la importancia de que el Ministerio Público obtenga una copia certificada de la sesión donde se aprobaron las ZEDEs, para garantizar que se investigue y procese exclusivamente a quienes participaron en esa votación. "No tienen ningún cuero, traicionaron a la patria y asumieron funciones que no les correspondían", afirmó el legislador, haciendo referencia al artículo 55 del Código Penal, que establece penas de prisión de 15 a 20 años para quienes menoscaben la integridad territorial o comprometan la soberanía nacional.

El debate sobre las ZEDEs continúa tras fallo de la Corte Suprema

En paralelo a la denuncia de Dixon, otros miembros de LIBRE, como el diputado Ramón Barrios, reconocieron que las ZEDE ya existentes podrán acogerse a nuevos regímenes tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Barrios destacó que las empresas que operan bajo el esquema de las ZEDEs podrán continuar funcionando si respetan la legislación hondureña, y subrayó que las conversaciones con las compañías afectadas avanzan positivamente.

El diputado remarcó que el Congreso Nacional no es responsable de este proceso de transición, el cual recae en el Poder Ejecutivo. Por su parte, Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional, celebró la sentencia de la CSJ, calificándola como "histórica", y subrayó que las inversiones extranjeras deberán adaptarse a un nuevo esquema económico que respete la soberanía de Honduras.

Pese a los temores de algunos sectores sobre posibles demandas internacionales, Noé Pino se mostró optimista de que el país encontrará formas de diálogo para mantener las inversiones, afirmando que, desde el inicio, se advirtió que las ZEDE violaban principios fundamentales de la Constitución.

Postura de Estados Unidos ante la situación de las ZEDE

La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, expresó que su gobierno respeta la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de las ZEDE, pero señaló la importancia de apoyar a las empresas que ya han invertido en el país bajo ese régimen. Dogu hizo un llamado al gobierno hondureño para encontrar una solución que permita a estas empresas continuar operando, enfatizando que muchos hondureños dependen de estos empleos.

Además, la diplomática reiteró el compromiso de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de la reciente eliminación del tratado de extradición entre ambos países. Por otro lado, destacó la importancia de llegar por fin a un acuerdo entre el Gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), afirmando que su país está dispuesto a apoyar este esfuerzo, aunque no es parte directa del proceso.

Finalmente, Dogu informó este lunes sobre la inversión de nueve millones de lempiras en un centro de salud en la colonia San Miguel, Tegucigalpa, como parte de los esfuerzos de cooperación entre ambos países.