La casa que ardió dos veces: ocho años de impunidad sobre la masacre del Carlos Marx en Managua
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Cada aniversario, desde 2019, se ha repetido el mismo gesto ritual: comunicados del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, homilías de obispos en el exilio, publicaciones de organizaciones estudiantiles y entidades bilaterales, y la misma conclusión inalterable —no hay investigación, no hay imputados reales, no hay justicia—. La expresidenta de la CIDH, la jurista chilena Antonia Urrejola, lo resumió con crudeza al cumplirse el quinto aniversario: que un crimen de esa magnitud permanezca sin esclarecer tras tantos años resulta, en sus palabras, sencillamente inconcebible para cualquier sistema judicial mínimamente funcional.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
Donde antes hubo gritos, sirenas inexistentes y el olor del plástico fundido de un taller de colchones, hoy suena música de spinning. La fachada, antes de bloques grises y ventanales abiertos al barrio, luce ahora revestida de aluminio compuesto, brillante, casi corporativa.
Por treinta dólares al mes, cualquiera puede entrenar entre máquinas de última generación en el mismo inmueble de tres plantas donde, la madrugada del sábado 16 de junio de 2018, seis miembros de una misma familia murieron calcinados en uno de los episodios más oscuros y violentos de la represión nicaragüense.
El gimnasio se llama Body Factory La Virgen. Abrió sus puertas el lunes 26 de mayo de 2025, casi siete años después de la tragedia, y su sola existencia ha reabierto preguntas que el Estado nicaragüense nunca quiso responder.
Una madrugada de bombas molotov y francotiradores
Los hechos ocurrieron en pleno auge de las protestas contra el régimen copresidencial de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, iniciadas dos meses antes por una reforma al sistema de pensiones y desbordadas después hacia una exigencia generalizada de democratización. En aquel contexto, las autoridades habían lanzado la mal llamada "Operación Limpieza", un dispositivo represivo destinado a desmantelar por la fuerza los tranques —barricadas ciudadanas— que habían proliferado en distintos puntos del país centroamericano, entre ellos la zona aledaña a la ahora extinta Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), entonces bastión estudiantil del este de Managua.
A pocos metros de esa universidad, en el barrio Carlos Marx, vivía Óscar Manuel Velásquez Pavón, fabricante de colchones que había levantado con su negocio una vivienda de tres plantas donde convivían varias generaciones de su familia. Según el relato coincidente de vecinos, supervivientes y organismos de derechos humanos consultados por COYUNTURA aquella trágica mañana, hombres encapuchados —identificados como fuerzas paraestatales que actuaban en coordinación con la Policía Nacional— rodearon la casa esa madrugada y, tras forzar el acceso del garaje, arrojaron varias bombas molotov hacia el interior, donde se almacenaba material altamente inflamable del taller familiar. Una de las versiones documentadas sostiene que policías y paramilitares habrían querido apostar francotiradores en el balcón del tercer piso para vigilar la zona universitaria y las conexiones hacia la Rotonda La Virgen y la Carretera Norte, y que ante la negativa de la familia a permitirles el ingreso, el fuego se convirtió en represalia.
Las llamas devoraron la vivienda en minutos. Murieron Óscar Velásquez Pavón, su esposa Maritza López Muñoz, su hijo Alfredo, la esposa de este, Mercedes Raudez Álvarez, y los dos hijos pequeños de la pareja: Matías Eliseo, de apenas meses, y Dayerli Osmary, de tres años. Las edades exactas varían levemente según la fuente —entre 45 y 46 años los padres, entre 18 y 21 la nuera—, una discrepancia menor que no altera lo esencial: dos adultos mayores, dos jóvenes y dos niños perdieron la vida mientras dormían.
Dos sobrevivientes —Janeth y Maribel, hijas del matrimonio— y un primo lograron escapar saltando desde el balcón. El testimonio que recorrió el mundo fue el de Cynthia Velásquez, otra integrante de la familia, que transmitió en vivo por Facebook mientras pedía auxilio a gritos y señalaba directamente a los responsables. Vecinos y bomberos coincidieron después en un detalle que terminaría siendo central en la reconstrucción de los hechos: las unidades de emergencia no pudieron acercarse a la vivienda en llamas porque, según múltiples testigos, agentes policiales impidieron su paso desde varias direcciones.
El relato oficial que nunca convenció
Durante seis meses, la Policía Nacional guardó silencio absoluto sobre el caso. Cuando finalmente habló, el miércoles 19 de diciembre de 2018, lo hizo para atribuir el crimen al Movimiento Estudiantil 19 de Abril, alegando que este había hecho un llamado a "eliminar a sandinistas". La versión nunca estuvo respaldada por pruebas presentadas públicamente, y mientras la institución sostenía esa narrativa, perseguía en paralelo a sobrevivientes y testigos: varios fueron detenidos arbitrariamente y trasladados a la temida Dirección de Auxilio Judicial, conocida popularmente como "El Chipote", donde —según denuncias documentadas por organismos de derechos humanos— se buscó forzarlos a modificar su versión de los hechos.
El régimen del Frente Sandinista —en el ahora Órgano Ejecutivo desde el año 2007— llegó a producir una serie de vídeos propagandísticos para reforzar esa narrativa alternativa, y dos personas fueron detenidas y acusadas formalmente por el incendio. Ambas salieron de prisión meses después sin que, según relataron entonces, las autoridades hubieran presentado en ningún momento pruebas concluyentes de su responsabilidad.
Para los organismos bilaterales, el caso del Carlos Marx no fue un episodio aislado dentro de la crisis de 2018, sino una muestra extrema de un patrón. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sitúa en 355 las víctimas mortales documentadas entre el 18 de abril y el 31 de julio de aquel año; organizaciones locales elevan esa cifra hasta 684, mientras la propia administración Ortega-Murillo ha reconocido más de 300 muertes, enmarcándolas siempre como respuesta a un "intento de golpe de Estado".
La gravedad del episodio en Managua trascendió fronteras. En noviembre de 2018, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica incluyó explícitamente el incendio del Carlos Marx entre los antecedentes que motivaron sanciones contra la ahora copresidenta Rosario Murillo y el todavía operador político sandinista Néstor Moncada Lau, señalando también a la Juventud Sandinista (JS) y a la Policía Nacional por "abusos graves contra los derechos humanos".
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