Una investigación profunda y sostenida del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) culminó esta semana con el desmantelamiento de una presunta red criminal dedicada al lavado de dinero y narcotráfico en Costa Rica. El caso, conocido como "Venus", derivó en una serie de hallazgos que apuntan a una estructura organizada, con operaciones sofisticadas y una capacidad de inversión que abarcaba bienes raíces, empresas legales y hasta una subasta ganadera en Bagaces, Guanacaste.

El operativo incluyó 20 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, entre ellos Lindora, San Sebastián, Barrio La Cruz, Pérez Zeledón, Zapote, Curridabat, Montes de Oca, La Unión de Cartago y diversas zonas de Alajuela, como Tambor, San Rafael, La Guácima y Barrio Cacao. En estos lugares, los agentes incautaron drogas, armas y documentación clave para el caso.

Uno de los giros más importantes en la investigación ocurrió este martes 17 de junio de 2025, cuando agentes del OIJ encontraron una "cantidad importante de marihuana" en una vivienda en Alajuela, ubicada a escasos metros de otra residencia intervenida días atrás. En ese primer lugar, las autoridades habían decomisado 56 armas de fuego, incluidas 37 ametralladoras, así como una tonelada de droga.

La cercanía entre ambas propiedades ha encendido las alarmas. Aunque no se ha confirmado un vínculo directo entre los dos decomisos, la hipótesis principal del OIJ es que forman parte de una misma red delictiva, según lo explicó Randall Zúñiga, director general de la institución.

"Esta casa de habitación donde se encuentra esta marihuana está muy cerca de otra donde se decomisó el viernes pasado una cantidad importante de armas […] así como una tonelada de marihuana y cocaína", declaró Zúñiga en conferencia de prensa.

Uno de los pilares operativos de la organización era una subasta ganadera ubicada en Pijije de Bagaces, la cual, según las investigaciones, fue adquirida con el propósito específico de legitimar capitales obtenidos por actividades ilícitas. Zúñiga fue claro al señalar que este tipo de negocios se ha vuelto un mecanismo recurrente para el lavado de activos en el país centroamericano. "Esta es una forma muy propicia para legitimar capitales. Aquí hay que buscar una forma también de bancarizar esas transacciones para que pueda quedar una trazabilidad de las mismas", manifestó.

Además de la subasta, el grupo manejaba al menos 20 sociedades jurídicas, entre las cuales se identificó una empresa que movió más de ¢3,000 millones (unos $5.7 millones) en un solo año, sin que existan justificaciones económicas claras que sustenten ese volumen de operaciones.

El origen de la causa se remonta a la captura de un sujeto de apellido Melgar, quien fue detenido años atrás en el Aeropuerto Juan Santamaría por intentar ingresar al país con óvulos de droga en su estómago. Tras acogerse a un proceso abreviado y obtener su libertad, Melgar experimentó un crecimiento económico vertiginoso, comenzando a adquirir propiedades y establecer vínculos con empresarios de alto perfil.

Entre ellos figuran los hermanos Álvarez, costarricenses señalados como propietarios de diversas empresas utilizadas como fachadas para mover dinero ilícito. Con esta conexión, el OIJ logró reconstruir el mapa operativo de la organización, estableciendo patrones de inversión, blanqueo de capitales y ocultamiento de bienes.

Además, una línea de investigación paralela apunta a la colaboración de un ciudadano guatemalteco, quien en el pasado fue condenado por narcotráfico y que hoy es señalado como uno de los líderes financieros del grupo.

Hasta ahora, nueve personas han sido imputadas como integrantes de esta presunta organización criminal. Al menos tres enfrentarán solicitudes de prisión preventiva, y las medidas cautelares podrían ampliarse en los próximos días, conforme avance el análisis de los materiales incautados durante los allanamientos.

La investigación, iniciada en el año 2023 por la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ, según fuentes oficiales, no descarta que la red tenga ramificaciones internacionales, dada la magnitud de los recursos involucrados y los vínculos con personas con antecedentes penales en otros países.

El caso Venus no solo revela la sofisticación con la que algunas redes criminales operan en Costa Rica, sino también las vulnerabilidades que persisten en el sistema financiero y registral del país, donde es posible establecer negocios, adquirir propiedades y mover millones con escasa supervisión efectiva.

El OIJ ha reiterado la necesidad de reforzar la trazabilidad financiera en sectores vulnerables como las subastas ganaderas, así como el monitoreo preventivo de estructuras societarias sospechosas. Mientras tanto, la investigación continúa abierta.

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