El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) anunció este martes 03 de junio de 2025 la revocación de visas a un grupo indeterminado de funcionarios centroamericanos involucrados en la contratación de misiones médicas cubanas. La medida, impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio, se inscribe en una política más amplia de la administración del presidente Donald Trump en su segundo mandato no consecutivo, que cataloga estas misiones como una forma de "trabajo forzoso" auspiciada por el régimen de La Habana. En un comunicado oficial, Rubio —jefe de la diplomacia estadounidense y de origen cubano— calificó estas misiones como un mecanismo que "abusa de sus participantes, enriquece al corrupto régimen cubano y priva a los ciudadanos de la isla de la atención médica esencial que tanto necesitan". Si bien no reveló los nombres ni países específicos de las y los funcionarios sancionados, subrayó que EE.UU. está decidido a "promover los derechos humanos y laborales en todo el mundo" y pidió a otros gobiernos que adopten acciones similares.

La decisión amplía una política de restricciones de visado ya en vigor desde febrero de este año, que apunta a individuos que —según Washington— se benefician de lo que considera explotación laboral en el extranjero por parte del Estado cubano. La medida incluye también a familiares directos de los sancionados.

Las misiones médicas cubanas, iniciadas desde 1960 como parte de la diplomacia internacionalista de la isla chavista, constituyen hoy una de las principales fuentes de ingresos para el país. Médicos, enfermeros, técnicos y otros profesionales son enviados a más de 60 naciones, generando miles de millones de dólares anuales para el Estado cubano. Sin embargo, Estados Unidos argumenta que los trabajadores son sometidos a condiciones restrictivas, bajos salarios y vigilancia política, y denuncia que quienes abandonan sus puestos son penalizados con medidas como la prohibición de regresar a Cuba durante ocho años.

El informe anual del Departamento de Estado de EE.UU. sobre trata de personas, publicado en julio de 2024, refuerza esta postura. En él se afirma que La Habana "etiqueta como desertores" a los trabajadores que abandonan las misiones antes de concluir sus contratos y los considera emigrados ilegales si no retornan a la isla en un plazo de 24 meses, lo que les hace perder derechos civiles, políticos y económicos.

Desde su retorno al poder en enero de 2025, el presidente Trump ha reforzado su postura hostil hacia la administración cubana. Reincluyó a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y ha reinstaurado una serie de sanciones económicas y diplomáticas que restringen transacciones con entidades cubanas, en una línea de continuidad con su primer mandato (2017–2021).

Cuba ha respondido con firmeza. El dictador Miguel Díaz-Canel calificó las acciones de Washington como un "chantaje vulgar" y defendió la legitimidad de los programas médicos como expresiones de solidaridad internacional. Asimismo, varios países del Caribe, agrupados en la Comunidad del Caribe (CARICOM), han respaldado públicamente la cooperación médica cubana y negado que se trate de una forma de explotación laboral, alegando que sus sistemas de salud dependen en gran medida de la asistencia del personal cubano.

Pese al respaldo internacional que aún mantiene el programa, la ofensiva diplomática de Estados Unidos de Norteamérica parece buscar una reconfiguración de los apoyos políticos que Cuba ha cosechado a través de décadas de cooperación internacional. En Centroamérica, donde países como Honduras, Nicaragua y Guatemala han recibido históricamente brigadas médicas de la isla, la presión estadounidense podría implicar un replanteamiento de acuerdos vigentes o futuras contrataciones, aunque por ahora ninguna administración de la región ha confirmado o reaccionado públicamente al anuncio de hoy.

La controversia alrededor de las misiones médicas cubanas pone en el centro del debate internacional una vez más los límites entre cooperación y explotación, en un contexto marcado por crisis sanitarias, desigualdades estructurales y tensiones geopolíticas renovadas entre EE.UU. y Cuba. La medida, aunque sin nombres ni países concretos, podría tener implicaciones significativas para la política exterior de varias naciones centroamericanas y para la sostenibilidad financiera de uno de los principales activos del Estado cubano.

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