El congresista Mario Portillo del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE) confirmó hoy, viernes 05 de septiembre de 2025, que su bancada analiza una iniciativa de ley para declarar como organizaciones terroristas al Partido Nacional y al Partido Liberal y, de concretarse, retirarles la personería jurídica. Según Portillo, la propuesta —que permanece en discusión entre diputados oficialistas— podría llegar al pleno del Congreso Legislativo en las próximas sesiones y se apoya en la lógica utilizada para sancionar a quienes participan en el trasiego de drogas o emplean al Estado para facilitar ese ilícito.

"Si, el objetivo es declarar terrorista a todos aquellos que se dedican al trasiego de droga y que utilizan al Estado para ello, también aplica la misma teoría para poder declararlos terroristas y quitarles la personería jurídica", afirmó. El legislador añadió que parte de los fundamentos que sustentan la iniciativa provienen de procesos judiciales desarrollados en Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), en los que se habrían evidenciado pactos entre estructuras políticas hondureñas y redes de narcotráfico.

Desde la bancada oficialista en el Congreso, el vicepresidente del Legislativo y también diputado de Libre, Hugo Noé Pino, criticó la decisión del Partido Nacional de condicionar la aprobación de créditos hasta después de las elecciones generales del domingo 30 de noviembre de 2025, comicios que, afirmó, el oficialismo "ya tiene ganadas". Pino rechazó la idea de que esos préstamos se destinen a fines proselitistas.

"No se trata de beneficiar al partido oficialista, LIBRE ya tiene ganadas las elecciones a menos de tres meses de que suceda", aseguró, y remarcó que los fondos forman parte del Presupuesto General aprobado el pasado 08 de febrero de 2025 y están sujetos a auditoría externa: "los organismos internacionales mantienen estrictos controles sobre el uso de los fondos". El vicepresidente recordó además que los créditos en discusión no son nuevos sino compromisos incluidos en la planificación fiscal y advirtió que su postergación afectaría obras y programas sociales.

En la reacción pública del Partido Nacional, el diputado Eder Mejía rechazó de plano la iniciativa y adelantó que su bancada no la respaldará. Para Mejía, la propuesta carece de sustento jurídico y busca desviar la atención de otros problemas nacionales. "No tienen ni pie ni cabeza ni fundamento legal para que quieran aprobar este tipo de iniciativas", sentenció. Añadió que su agrupación defenderá la institucionalidad y que está “preparada psicológicamente, preparada anímicamente para este tipo de ataques", dijo el nacionalista,

El cruce agrega complejidad al debate sobre la cartera crediticia del Estado. Pino recordó el aumento del endeudamiento heredado del Partido Nacional —que, dijo, pasó de 3 mil millones de dólares en 2008 a cerca de 16 mil millones de dólares a finales de 2021— y señaló que la presidenta "socialista" Xiomara Castro ha debido asumir pagos por aproximadamente 2,500 millones de dólares en concepto de deuda pública. Ese contexto, argumentó, obliga a una gestión eficiente de los préstamos aprobados, orientada a compromisos estatales y a la atención de necesidades ciudadanas, no a maniobras políticas.

La posible calificación como "organizaciones terroristas" y la consiguiente pérdida de personería jurídica representan un giro jurídico y político de alto impacto que, aun cuando sus promotores afirman basarse en pruebas judiciales extranjeras, requerirá un andamiaje legal robusto y un debate parlamentario intenso. Por ahora, la iniciativa se mantiene en estudio entre diputados oficialistas y, según Portillo, "se están analizando los argumentos bajo los cuales se presentaría esta iniciativa", por lo que el Congreso tendrá que enfrentar la propuesta con la seriedad que, en su opinión, merece el país centroamericano.

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