El año 2025 marca un nuevo momento crítico para los miles de nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) amparados bajo el programa de parole humanitario aprobado en enero de 2023 por la Administración Biden. Con una vigencia de dos años, este programa permitió la entrada legal de más de 90,000 nicaragüenses, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Sin embargo, para muchos beneficiarios, el plazo otorgado está llegando a su fin, y aquellos que no han logrado ajustar su estatus migratorio enfrentan la amenaza de deportación. El politólogo Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, destaca que al menos 7,000 beneficiarios del parole habrán agotado su permiso para abril de 2025. Muchos de ellos no han iniciado procesos legales como la solicitud de asilo, lo que los expone no solo a la deportación, sino también a posibles represalias del régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo en caso de regresar a Nicaragua. La reciente aprobación de leyes represivas en noviembre de 2024 agrava la situación. Estas normativas permiten despojar de su nacionalidad a los nicaragüenses considerados opositores y negarles el ingreso al país centroamericano. "El temor de enfrentarse a un retorno hostil, donde la represión económica, migratoria y política ha escalado, está obligando a muchos a reconsiderar sus opciones de permanencia en Estados Unidos", señala Orozco.

Ana Lucía y Sofía son dos mujeres que reflejan la lucha de miles de nicaragüenses por mantener la estabilidad en medio de una crisis migratoria. Ambas llegaron a Estados Unidos en 2023 con la esperanza de encontrar seguridad y mejores oportunidades, pero ahora enfrentan la posibilidad de quedarse indocumentadas o regresar a un país que no garantiza su libertad ni su seguridad. Ana Lucía, una abogada de 38 años, dejó Nicaragua después de ser vigilada por la policía debido a supuestos vínculos con opositores al régimen. Aunque logró establecerse en Estados Unidos, trabajando en empleos lejos de su profesión, su parole vence en julio de 2025, y ella considera regresar, pese a los riesgos. "Mi esperanza es que ya no esté en los expedientes de la policía, pero no sé si sería seguro regresar", confesó en declaraciones a Nicaragua Investiga. Sofía, de 40 años, migró para financiar los estudios universitarios de su hija en Nicaragua. A pesar de sus esfuerzos, una estafa legal la dejó sin ahorros y con pocas opciones para regularizar su estatus. "Regresar no es una opción. Mi hija depende de mí para terminar su carrera, y no puedo rendirme ahora", asegura con firmeza. La deportación de miles de nicaragüenses tendría un impacto significativo, no solo en sus vidas, sino también en la economía de Nicaragua. Las remesas enviadas desde Estados Unidos alcanzaron un récord de 5,000 millones de dólares en 2024, proporcionando sustento a miles de familias en un país donde las oportunidades económicas son escasas. Una reducción en este flujo de recursos podría profundizar la crisis económica y social que enfrenta la nación centroamericana. Por su parte, el régimen de Ortega-Murillo ha utilizado la migración masiva como una estrategia de control social, expulsando a opositores y beneficiándose de las remesas enviadas por los exiliados. Sin embargo, el retorno forzado de quienes huyeron podría desestabilizar aún más la frágil situación interna del país. Con la posibilidad de un cambio en la política migratoria estadounidense, incluyendo la posible cancelación de programas como el TPS y DACA, el panorama para los migrantes nicaragüenses se torna más sombrío. Mientras tanto, Ana Lucía, Sofía y miles como ellas enfrentan decisiones difíciles, balanceando la esperanza de un futuro mejor con los riesgos de un regreso incierto. El 2025 será un año de definiciones para quienes se enfrentan a la disyuntiva entre luchar por un lugar en Estados Unidos o regresar a un país donde la represión sigue siendo la norma. La historia de estas mujeres resalta la complejidad de una crisis que trasciende fronteras y pone en evidencia la necesidad de respuestas humanitarias sostenibles.

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