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OIJ concluye investigación sobre atentado a activista nicaragüense en Costa Rica; Danilo Aguirre, principal sospechoso, refugiado en Nicaragua

Redacción Central

24 de junio de 2025, 9:02:25

Costa Rica, Seguridad

OIJ concluye investigación sobre atentado a activista nicaragüense en Costa Rica; Danilo Aguirre, principal sospechoso, refugiado en Nicaragua

Cortesía

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica concluyó la investigación del ataque armado perpetrado el 10 de enero de 2024 contra el activista nicaragüense exiliado Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, en San Pedro de Montes de Oca, en la capital costarricense. El subdirector del OIJ, Michael Soto, confirmó que el expediente fue entregado al Ministerio Público (MP) de Costa Rica, que ahora deberá decidir los pasos a seguir, incluyendo la posibilidad de pedir extradición, aunque en este caso dicha opción es prácticamente inviable debido a las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Nicaragua y la negativa de este último a entregar a sus nacionales.
El atentado fue ejecutado por sicarios que viajaban en motocicleta y dispararon al menos ocho veces contra el vehículo en que se movilizaban Maldonado y Robleto. Ambos resultaron gravemente heridos, pero sobrevivieron. La investigación del OIJ reveló además que se utilizaron vehículos para labores de vigilancia, entre ellos un Hyundai i10 blanco y un Geely GX2 gris, y logró identificar al menos a seis personas vinculadas con el ataque.
Uno de los principales sospechosos es Danilo Aguirre Sequeira, periodista nicaragüense que se encuentra actualmente en Nicaragua, país que, según el subdirector Soto, no permite la extradición de sus ciudadanos, dificultando su procesamiento en Costa Rica. Según registros oficiales, Aguirre abandonó Costa Rica en julio de 2021, pero habría regresado de manera irregular en fechas posteriores a ese año, estando presente en el país en días cercanos al atentado.
Además de Aguirre, cuatro sospechosos más fueron detenidos en octubre de 2023 tras allanamientos en diversas zonas del Gran Área Metropolitana. Entre ellos figuran personas con los apellidos Rivas, Quesada y Vargas, tres de los cuales tienen nacionalidad nicaragüense. Esta circunstancia, junto con los vínculos identificados, no descarta que la orden del ataque haya sido coordinada desde Nicaragua, aunque las autoridades costarricenses han evitado precisar sobre la autoría intelectual, al considerarla un aspecto complejo de establecer.
Joao Maldonado es reconocido por su activismo contra el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo. Exiliado en Costa Rica desde el año 2018 tras ser detenido durante protestas antigubernamentales, ha sido víctima de dos atentados: el primero en septiembre de 2021 y el segundo en enero de 2024. El ataque reciente ocurrió poco después de una reunión entre Maldonado y Aguirre, lo que añade peso a las investigaciones que involucran al periodista como uno de los implicados.
El OIJ remitió la totalidad del caso al Ministerio Público, incluyendo el análisis de testimonios, cámaras de vigilancia y seguimiento policial, con pruebas que consideran suficientes para involucrar a Aguirre y otros sospechosos. Michael Soto enfatizó que si Aguirre estuviera en Costa Rica ya habría sido detenido y exhortó al periodista a presentarse voluntariamente ante la justicia para ejercer su defensa.
Ante la imposibilidad práctica de la extradición, las autoridades costarricenses —que han entregado al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) a personas nicaragüenses solicitadas por el sistema de justicia orteguista— evalúan la opción de enviar el expediente a Nicaragua para que Aguirre sea procesado en su país, siguiendo precedentes en casos de criminalidad común. No obstante, esta vía depende de la valoración política y judicial del Ministerio Público y las instancias diplomáticas.
El caso resalta las complejidades y limitaciones que enfrentan las autoridades costarricenses al perseguir delitos con vínculos transnacionales en un contexto de tensiones políticas y diplomáticas. La investigación se cierra en términos judiciales en Costa Rica, pero el proceso continúa abierto en términos de cooperación internacional y la búsqueda de justicia para los ahora sobrevivientes.
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