Las recientes redadas migratorias ordenadas por el presidente de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), Donald Trump, han extremado el estado de alarma entre las comunidades migrantes, especialmente entre las y los hondureños residentes en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. El endurecimiento de estas políticas no solo ha multiplicado el miedo, sino que ahora comienza a paralizar servicios esenciales. La administración de Xiomara Castro en Honduras evalúa suspender temporalmente sus consulados móviles en EE.UU., una decisión sin precedentes que pone en evidencia la creciente vulnerabilidad de su diáspora.

La medida, aún en análisis, fue confirmada por Antonio García, vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios. Según el funcionario, la prioridad inmediata es salvaguardar la integridad física y emocional de los hondureños en situación migratoria irregular. "Estamos evaluando diferentes alternativas: desde reducir la escala de los operativos hasta considerar una suspensión completa", declaró.

Los consulados móviles ofrecen acceso directo a documentos vitales como pasaportes, inscripciones de nacimiento y asistencia legal a quienes viven alejados de oficinas consulares permanentes. Sin embargo, la aglomeración que generan se ha convertido en un riesgo, en un momento en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) están siendo denunciados por irrumpir incluso en zonas tradicionalmente consideradas seguras, como iglesias, centros comunitarios o áreas laborales.

El origen de esta nueva ofensiva migratoria responde directamente a una orden de Trump, quien prometió ejecutar el "mayor programa de deportación masiva en la historia" estadounidense. En su red Truth Social, el mandatario republicano llamó a intensificar la detención y expulsión de personas sin documentos, con énfasis en ciudades demócratas que —según su retórica— "albergan millones de extranjeros ilegales" que debilitan el país.

Las redadas recientes han desatado protestas en diversas ciudades. En Los Ángeles, la tensión se incrementó tras el despliegue unilateral de 4 mil miembros de la Guardia Nacional y 700 marines, medida que fue rechazada por autoridades locales y estatales. El gobierno de California ha iniciado acciones legales contra la Casa Blanca, acusando al presidente de sobrepasar sus atribuciones.

Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, denunció el clima de pánico que se ha instalado en la ciudad. "La gente tiene miedo de salir de sus casas. Esto es Estados Unidos. No se supone que tengas que mostrar tus documentos si sales a la calle", declaró. El toque de queda nocturno impuesto tras actos de vandalismo aislados se mantiene, mientras las manifestaciones continúan, aunque con menor intensidad.

El miedo desatado por las redadas no se limita al espacio público. Un estudio reciente de la Universidad de Stanford reveló un preocupante aumento en las ausencias escolares tras las intervenciones migratorias en el Valle Central de California. La investigación, liderada por el profesor Thomas Dee, muestra que la asistencia diaria cayó en un 22 % durante los días de las redadas, con padres que evitaron enviar a sus hijos a la escuela por temor a ser detenidos y separados de ellos.

La tendencia tiene efectos devastadores. Según el estudio, los estudiantes del área —en su mayoría hijos de trabajadores agrícolas latinos— enfrentan una pérdida promedio de tres días adicionales de clases al año, además de los rezagos educativos generados por la pandemia de Covid-19. "Las redadas alteran el funcionamiento de las escuelas, afectan el rendimiento académico y agravan la ansiedad infantil", advierte Dee. Además, la caída en la asistencia compromete la financiación escolar, que en California se basa en la presencia de los estudiantes.

Educadores y trabajadores sociales ya reportan un aumento en los casos de ansiedad y ausencias prolongadas. En distritos como Fresno Unified, la superintendenta Misty Her ha optado por realizar visitas domiciliarias para comprender los motivos detrás del ausentismo y brindar apoyo. Sin embargo, el miedo sigue creciendo. Algunas familias han comenzado a pagar a terceros para llevar a sus hijos a la escuela, y otras han optado por no salir de casa.

Mientras la retórica oficial en Washington promete orden y legalidad, para miles de familias migrantes la realidad se traduce en incertidumbre, separación y pérdida de acceso a servicios básicos. En este contexto, el gobierno de Honduras se enfrenta a una disyuntiva difícil: continuar con los consulados móviles y exponer a sus ciudadanos a redadas, o suspenderlos temporalmente, privándolos de atención clave.

"Tenemos un compromiso con nuestra gente, pero no los vamos a poner en riesgo solo por cumplir con un calendario", enfatizó el vicecanciller García. Aunque la planificación de los consulados móviles para 2025 permanece vigente, su implementación dependerá del curso que tomen los operativos migratorios en las próximas semanas.

Mientras tanto, la comunidad hondureña en Estados Unidos permanece en vilo. Las voces de organizaciones civiles y líderes comunitarios advierten que el miedo es real, que el impacto ya se siente en las escuelas, en las calles, en las familias. Y que detrás de cada operativo no solo hay estadísticas, sino personas: madres, padres, hijos, estudiantes y trabajadores que han construido sus vidas con esfuerzo y que ahora viven bajo la amenaza constante de ser arrancados de ellas.

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