En la edición de La Gaceta - Diario Oficial publicada el hoy, viernes 29 de agosto de 2025, aparecen tres disposiciones del Órgano Ejecutivo y de la Asamblea Legislativo que marcan cambios en la estructura y en la nomenclatura institucional vinculada al servicio público, la seguridad y la justicia.

Primero, la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura una ley de reforma parcial al artículo 118 de la Constitución Política, texto que se publicó íntegro en La Gaceta. El nuevo párrafo enfatiza la obligación de "las y los funcionarios públicos elegidos directa o indirectamente y los nombrados por la Presidencia de la República" de cumplir, preservar y defender los principios constitucionales, así como la "correcta administración, conservación y rendición de cuentas de los fondos y bienes del Estado". El incumplimiento se establece como causal inmediata y suficiente de remoción, sin perjuicio de responsabilidades administrativas, civiles y penales. La norma fue dictada el jueves 28 de agosto y, según el texto, entrará en vigor una vez se complete su aprobación en segunda legislatura y se publique conforme a la ley.

En paralelo, la Presidencia emitió tres acuerdos presidenciales con nombramientos y revocaciones de cargos de alto perfil. En el Acuerdo Presidencial No. 126-2025 se designa al comisionado general Juan Victoriano Ruiz Urbina como jefe de las "Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua". El acto presidencial utiliza por primera vez de forma explícita la denominación "Fuerzas Policiales" para referirse a la institución encargada de la seguridad pública, ahora con una Policía Nacional y una fuerza paramilitar encabezada por "policías voluntarios". Ruiz Urbina era hasta ahora el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, la prisión "preventiva" popularmente conocida como "El Chipote", principal centro de tortura estatal, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Acuerdo Presidencial No. 127-2025 nombra a Wendy Carolina Morales Urbina como procuradora general de Justicia y deja sin efecto su nombramiento anterior contenido en el Acuerdo Presidencial No. 63-2019 (publicado en La Gaceta No. 87, 10 de mayo de 2019).

Finalmente, el Acuerdo Presidencial No. 128-2025 nombra a Denis José Sánchez López en el cargo de subprocurador general de Justicia, dejando sin efecto el nombramiento previo consignado en el Acuerdo Presidencial No. 112-2019 (publicado en La Gaceta No. 144, 31 de julio de 2019).

Todos los documentos citan como firmantes al copresidente Daniel Ortega Saavedra y a la primera dama y comandataria Rosario Murillo Zambrana, y su publicación en La Gaceta formaliza tanto las designaciones como la reforma constitucional en su primera aprobación.

Estos tres actos —la modificación parcial del artículo 118 y los nombramientos en el sistema de justicia y en la cúpula policial— aparecen de forma articulada y suponen ajustes institucionales que el Ejecutivo ha formalizado por vía administrativa y legislativa. La vigencia definitiva de la reforma constitucional y la aplicación práctica de los cambios señalados estarán sujetas a las formalidades previstas en la ley y a las posteriores publicaciones oficiales.

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