A través de sus redes sociales, la Red Centroamericana de Periodistas también rechazó lo que calificaron de "allanamiento arbitrario", asegurando que el uso de la Policía para intimidar a la prensa crítica pone en riesgo la libertad de expresión en el país. Además, la cuenta de Twitter de Radio Bálsamo fue suspendida esa misma noche, según denuncias del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), lo que añade un componente de censura digital al incidente.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San Salvador, El Salvador
La periodista salvadoreña Mónica Rodríguez, coordinadora de prensa de Bálsamo Radio TV y colaboradora de COYUNTURA, denunció un allanamiento en su vivienda la noche del miércoles 04 de diciembre de 2024, realizado por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Durante el operativo, las autoridades confiscaron dispositivos tecnológicos que contenían información personal, laboral y de organizaciones comunitarias. Este hecho ha encendido alarmas en el gremio periodístico local y centroamericano, y entre organizaciones de derechos humanos y libertades públicas, quienes califican la acción como un ataque a la libertad de prensa y una forma de intimidación, un mes después del acoso policial vivido por el periodista de GatoEncerrado, Ricardo Vaquerano, y su familia.
Rodríguez relató que los agentes no explicaron los motivos del registro, argumentando que el caso estaba bajo reserva judicial. Entre los bienes incautados se encuentran computadoras, teléfonos móviles, discos duros, USBs y tarjetas de crédito pertenecientes a ella y a su pareja, también periodista. "Nos parece injusto este tipo de registros. Desconocemos el origen de esta situación, pero seguiremos trabajando y denunciando lo que ocurre en nuestro país", declaró la comunicadora a medios locales.
La incautación también compromete información sensible de la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA), una entidad con la que Bálsamo Radio TV colabora regularmente. Además, se reportó la suspensión de la cuenta de X (antes Twitter) del medio (@balsamotv), hecho denunciado por el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR).
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) expresó su preocupación ante este hecho, instando a las autoridades a respetar los derechos de Rodríguez y su familia. Por su parte, la Red Centroamericana de Periodistas calificó el allanamiento como "arbitrario" y señaló que este tipo de acciones buscan intimidar a la prensa crítica. "Activamos nuestro mecanismo de monitoreo y alerta ante la comunidad internacional", manifestó la organización en un comunicado.
MOVIR, que también ha documentado otros casos de hostigamiento estatal, reportó a su vez que los agentes policiales se retiraron del lugar pasada la medianoche, pero enfatizó que el impacto psicológico y profesional de este tipo de intervenciones es incalculable.
El allanamiento a Rodríguez no es un hecho aislado. Según el segundo informe trimestral de 2024 de la APES, las agresiones contra periodistas en El Salvador aumentaron significativamente este año, pasando de 50 casos en el primer trimestre a 86 en el segundo, acumulando un total de 136 incidentes. Esta tendencia se suma a los 311 casos registrados solo en el año 2023, más del doble de los reportados en 2022. Otros incidentes recientes incluyen el ya mencionado hostigamiento a familiares del periodista Ricardo Vaquerano tras la publicación de una investigación sobre una red de sicariato dentro de la Policía. Agentes visitaron la casa de su madre bajo el pretexto de una denuncia de violencia intrafamiliar, interrogándola sobre la identidad y ocupación de sus hijos.
En septiembre de 2023, el mandatario Nayib Bukele, actualmente en su segundo mandato afirmó ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que en El Salvador se respetan los derechos a la libertad de expresión y propiedad privada. Sin embargo, eventos como el allanamiento a Rodríguez y la intimidación a otros comunicadores contradicen este mensaje oficialista. En un incidente ocurrido ese mismo mes, una fotoperiodista fue obligada por un agente policial a borrar material gráfico relacionado con miembros de MOVIR en San Salvador, bajo amenaza de una demanda si publicaba el contenido.
El allanamiento a Rodríguez pone nuevamente bajo escrutinio el entorno hostil en el que operan las y los periodistas en El Salvador. Organizaciones locales e internacionales han reiterado la necesidad de garantías para la libertad de prensa, advirtiendo que la intimidación y el uso de instituciones estatales para silenciar voces críticas son prácticas incompatibles con un Estado democrático.
Mientras tanto, Rodríguez y Bálsamo Radio TV siguen enfrentando las consecuencias de un operativo que, hasta el momento, permanece envuelto en el secretismo estatal a la Bukele. Para muchos, este hecho representa un recordatorio de los desafíos que enfrenta el periodismo en un país donde la búsqueda de la verdad puede convertirse en un acto de valentía y de alto riesgo.
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