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Aumenta la represión: detienen a otro sacerdote y prohíben la entrada a uno más en Nicaragua

La represión contra la iglesia católica en Nicaragua continúa, con la detención del padre Fernando Zamora Silva, canciller de la Diócesis de Siuna, y la prohibición de entrada al país al sacerdote Juan Carlos Sánchez. Estos nuevos ataques se suman a la creciente lista de agresiones y represalias por parte del régimen de Ortega y Murillo hacia la iglesia, generando más preocupación por la libertad religiosa y los derechos humanos en el país.

Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Managua, Nicaragua
Fernando Zamora Silva | Fotografía de Voces En Libertad
Fernando Zamora Silva | Fotografía de Voces En Libertad

Continúan los ataques en contra de la iglesia católica de Nicaragua. La noche del domingo 09 de julio de 2023, la sancionada y recién modificada Policía Nacional de Daniel Ortega detuvo en Managua al padre Fernando Zamora Silva, canciller de la Diócesis de Siuna, después que saliera de una misa de toma de posesión sacerdotal en la parroquia San Luis, en la capital nicaragüense.


Según testigos presenciales, el sacerdote fue arrestado cuando su vehículo se detuvo en los semáforos del sector de La Robelo, en la Carretera Norte de Managua, a pocos metros del templo. Los agentes policiales llevaron a cabo la detención con violencia y se llevaron al sacerdote, junto con su vehículo, con rumbo desconocido, según denunciaron religiosos católicos. Durante la misa, que fue oficiada por el Cardenal Leopoldo Brenes, había policías apostados cerca de la Iglesia San Luis, ubicada en el barrio del mismo nombre, en Managua.


La abogada Martha Patricia Molina, quien ha documentado más de 529 ataques contra la iglesia católica en Nicaragua, expresó en sus redes sociales: "¿Dónde está el padre Fernando Zamora? La Policía lo secuestró".


Con la detención de Zamora, quien también es juez del Tribunal Eclesiástico de Nicaragua, el número de sacerdotes detenidos asciende a siete, incluyendo a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Arquidiócesis de Matagalpa, quien fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por un Tribunal oficialista.


Prohíben la entrada a otro sacerdote


Durante este fin de semana, la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo también negó la entrada a Nicaragua al sacerdote Juan Carlos Sánchez, Vicario de la parroquia San Francisco de Asís en Bolonia, cuando regresaba de Estados Unidos, donde había viajado para visitar a familiares.


El padre Sánchez salió del territorio nicaragüense para asistir a una ordenación sacerdotal en Bolivia y, posteriormente, viajó a Estados Unidos para reunirse con su familia, según relataron feligreses de la parroquia.


De acuerdo con un informe reciente de la abogada Molina, desde 2018, el régimen Ortega-Murillo ha desterrado a al menos 80 religiosos católicos, incluyendo obispos, sacerdotes y monjas.


Estos incidentes representan un patrón preocupante de hostigamiento y represión hacia la iglesia católica en Nicaragua por parte de la administración sandinista. Desde la crisis política y social que estalló en el país en abril del año 2018, la iglesia es objeto de ataques constantes y sufre una creciente persecución, hasta el congelamiento de sus cuentas bancarias y el cierre masivo de sus medios de comunicación y universidades.


La iglesia católica en Nicaragua ha desempeñado un papel importante como mediadora y defensora de los derechos humanos en medio de la crisis. Su posición moral y su papel en la promoción del diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas han sido percibidos como una amenaza por parte del régimen de Ortega, que ha buscado socavar su influencia y silenciar su voz hasta la fecha.


La detención del padre Fernando Zamora, canciller de la Diócesis de Siuna y miembro del Tribunal Eclesiástico, es especialmente preocupante, ya que atenta contra la libertad religiosa y el ejercicio de la fe en el país centroamericano. La detención violenta y la desaparición forzada de un sacerdote son actos que generan alarma y exigen una respuesta clara de la comunidad internacional.


Por otro lado, la prohibición de entrada al sacerdote Juan Carlos Sánchez también refuerza la percepción de que la administración de Ortega y Murillo busca restringir la libertad de movimiento y aislar a los líderes religiosos que se oponen a su régimen.


La abogada Martha Patricia Molina ha realizado un valioso trabajo documentando estos ataques contra la iglesia católica en Nicaragua. Su informe, que destaca la cifra alarmante de más de 529 ataques, es un recordatorio contundente de la grave situación que enfrenta la iglesia y los líderes religiosos en el país.


Es importante que la comunidad internacional esté atenta a estos eventos y presione al Estado de Nicaragua para que respete los derechos fundamentales, incluida la libertad religiosa. La detención y desaparición de sacerdotes, así como la prohibición de entrada a líderes religiosos, son violaciones claras de los derechos humanos y deben ser condenadas enérgicamente.


La iglesia católica en Nicaragua merece poder ejercer su labor pastoral y promover la paz y la justicia en el país sin temor a represalias. La solidaridad y el apoyo internacional son fundamentales para proteger los derechos de la Iglesia y garantizar que los líderes religiosos puedan desempeñar su papel crucial en la construcción de una sociedad más justa y democrática.


En un momento en que la situación en Nicaragua sigue siendo volátil y la represión del oficialismo continúa, es esencial que la comunidad internacional se mantenga alerta y tome medidas concretas para proteger los derechos humanos y promover un cambio positivo en el país. La situación de la iglesia católica en Nicaragua es solo una parte del panorama más amplio de violaciones de derechos que deben abordarse con urgencia y determinación.


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