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Campaña electoral en Guatemala: desenfreno de gastos, conflictos, multas y cuestionamientos

La campaña electoral en Guatemala ha dejado al descubierto un preocupante derroche de recursos por parte de los partidos políticos, quienes han reportado un gasto conjunto de más de 10 millones de quetzales, según un informe presentado por la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT). A pesar de las restricciones legales, se han identificado múltiples casos de posible uso indebido de fondos públicos, poniendo en entredicho la transparencia y la ética en la contienda política. Estas preocupaciones se suman a la presencia de conflictos y la polarización que ha marcado la campaña, resaltando la urgente necesidad de promover un ambiente pacífico y garantizar la integridad del proceso electoral.

Por Jairo Videa | @JairoVidea

Ciudad de Guatemala, Guatemala

El derroche de recursos en la campaña electoral de Guatemala ha sido tema de constante debate en los últimos meses. Mantas coloridas, vallas estratégicamente ubicadas, cientos de fotografías de las y los candidatos en las avenidas y canciones pegajosas se han convertido en el telón de fondo del día a día de las y los guatemaltecos. Sin embargo, la pregunta que surge inevitablemente es: ¿cuánto han gastado realmente los partidos políticos en promocionarse?


Según el cuarto informe presentado por la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT), que integra a siete organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos han "reportado" un gasto de campaña de casi 11 millones de quetzales (Q10,721,578), lo que representa al menos 1,369,000 dólares americanos. Pero más allá de la cifra total, resulta revelador desglosar la procedencia de estos fondos.


Del monto reportado, un 77 % proviene del financiamiento privado, lo que representa una cifra alarmante en términos de influencia y poder que los intereses particulares pueden ejercer sobre el proceso democrático. Por otro lado, un 23 % del gasto ha sido cubierto con fondos públicos. Aunque la ley prohíbe explícitamente el uso de recursos estatales para campañas electorales, el informe de la MOE-GT ha identificado varias ocasiones en las que los partidos políticos han hecho caso omiso de esta normativa.


Un ejemplo de los citados por la MOE-GT es la feria de Jicamapa, en Ipala, Chiquimula, donde se descubrieron tres eventos en Guatecompras que implicaban un gasto de 60 mil quetzales. Asimismo, en Santa Catarina Ixtahuacán, San Marcos, se detectaron 36 eventos de compras relacionadas con la celebración del Día de la Madre, con un costo superior a los 100 mil quetzales. Esto evidencia una clara falta de transparencia y responsabilidad por parte de los actores políticos.


Publicidad de Javier Castillo, candidato a alcalde de Ciudad de Guatemala por Prosperidad Ciudadana, en junio de 2023, en una avenida central de la capital guatemalteca | Fotografía de Coyuntura por Jairo Videa
Publicidad de Javier Castillo, candidato a alcalde de Ciudad de Guatemala por Prosperidad Ciudadana, en junio de 2023, en una avenida central de la capital guatemalteca | Fotografía de Coyuntura por Jairo Videa

Cabe destacar que cinco candidatos acapararon el 46.8 % de las menciones en los medios de comunicación, evidenciando una concentración significativa del discurso político en unos pocos actores. Esta situación plantea interrogantes sobre la pluralidad y diversidad de ideas que realmente se promueven en el debate público.


El informe de la MOE-GT también revela 21 posibles casos de uso de fondos públicos para la campaña electoral. Estos casos incluyen la participación de trabajadores, bienes o recursos estatales en cinco eventos sociales, así como la realización de ocho inauguraciones de obras públicas que involucraron a empleados del sector público.


Además, se identificaron tres instancias de uso de edificios estatales y cinco irregularidades relacionadas con la entrega de regalos probablemente adquiridos con fondos públicos, el uso de vehículos y mobiliario del Estado, y la realización de eventos sociales con la participación de trabajadores públicos, entre otras prácticas cuestionables.


En el transcurso de los 76 días que abarca el informe, se identificaron 11 infomerciales, destacando la presencia de tres protagonizados por la presidenciable Zury Ríos y otros cuatro encabezados por la candidata presidencial Sandra Torres. Manuel Conde de Vamos también figuró con dos infomerciales. Estos datos ilustran la relevancia que los candidatos han dado a los medios de comunicación como vehículo para difundir sus mensajes políticos, aunque la narrativa ha estado dominada por las redes sociales digitales, en particular Facebook y TikTok, donde la viralidad de las y los candidatos es de carácter diario.


Publicidad del Partido Humanista, Prosperidad Ciudadana y Todos en una avenida de Ciudad de Guatemala | Fotografía de Coyuntura por Jairo Videa
Publicidad del Partido Humanista, Prosperidad Ciudadana (ahora fuera de la contienda electoral) y Todos en una avenida de Ciudad de Guatemala | Fotografía de Coyuntura por Jairo Videa

No obstante, la campaña electoral no solo se ha caracterizado por el derroche de recursos y la saturación de mensajes publicitarios, como se puede identificar en las calles de Ciudad de Guatemala, Escuintla, Quezaltenango y Cobán. Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 15 de mayo de 2023, la MOE-GT registró un total de 36 incidentes de violencia electoral en todo el país. Además, se documentaron 23 conflictos electorales, lo que evidencia la tensión y polarización que han marcado este proceso.


El alto gasto reportado por los partidos políticos en su campaña electoral ha generado preocupación en la sociedad guatemalteca. La falta de transparencia en la procedencia de los fondos y el posible uso indebido de recursos públicos son aspectos que socavan la confianza ciudadana en el sistema político.


Según cifras documentadas por la Redacción de COYUNTURA, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha solicitado al menos 475 mil dólares (Q3,719,910.25) en multas por la utilización de imágenes de personas no inscritas en la contienda, por faltas en los informes de auditorías de las organizaciones políticas, por la interrupción de reuniones con funcionarios directos del proceso, entre otras razones. Entre las entidades políticas sancionadas están Visión con Valores (Viva), Unión Republicana (UR), el Partido Humanista, Prosperidad Ciudadana, Nosotros, el partido Podemos y VOS, al igual que los políticos Aldo Dávila, Alfonso Portillo, Carlos Pineda, entre otros.


Asimismo, la concentración mediática y los episodios de violencia electoral representan desafíos adicionales para una contienda equitativa y democrática. Es fundamental que se promueva una mayor rendición de cuentas y se adopten medidas efectivas para garantizar la transparencia y la integridad en el financiamiento de las campañas, así como para fomentar un ambiente pacífico y respetuoso durante el proceso electoral.


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