Celso Gamboa ya cumplió con audiencia de despedida en Costa Rica y su extradición entra en fase definitiva
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Según verificación de esta Redacción, entre los compromisos solicitados figura la promesa de que no se le impondrá cadena perpetua ni una pena superior a cincuenta años de prisión, límite máximo previsto en la legislación costarricense. Asimismo, deberá reconocerse el tiempo que el exfuncionario estatal ha permanecido detenido en el país. Estas exigencias derivan tanto de la normativa interna como de los principios constitucionales que regulan la cooperación judicial internacional.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San José, Costa Rica
La entrega internacional del exmagistrado y exministro de Seguridad, Celso Gamboa Sánchez, avanzó este miércoles 11 de febrero de 2026 con un acto de carácter humanitario ordenado por el Tribunal de Apelación Penal de San José: una audiencia privada para que pudiera despedirse de su hijo menor de edad antes de su traslado a Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.).
La diligencia se realizó en una sala de juicios de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), en los Tribunales de San José, y tuvo una duración aproximada de una hora. Así lo confirmó el fiscal general, Carlo Díaz, quien detalló esta semana que el encuentro se efectuó en cumplimiento estricto de lo dispuesto por el Tribunal de Apelación.
Una despedida bajo resguardo judicial
El acto fue de carácter reservado. Según explicó previamente el abogado defensor, Michael Castillo, en la reunión únicamente estaría presente la madre del menor. El hijo de Gamboa, de nueve años, no veía a su padre desde la detención practicada el lunes 23 de junio de 2025 en Escazú.
Concluida la audiencia, el exmagistrado fue trasladado bajo un dispositivo de seguridad reforzado a una celda de máxima seguridad en el centro penitenciario conocido como La Reforma, en San Rafael de Alajuela, donde permanece a la espera de la ejecución material de la extradición.
El encuentro representó la última oportunidad de contacto presencial entre padre e hijo antes de que el requerido sea presentado ante una corte federal en Texas, donde enfrenta cargos por presunto tráfico internacional de drogas y conspiración.
Condiciones pendientes para la entrega
Aunque la condición de extraditable ya fue confirmada por las instancias judiciales costarricenses, la materialización de la entrega depende de requisitos formales aún en trámite.
De acuerdo con el fiscal Díaz, la extradición solo podrá ejecutarse cuando confluyan dos elementos esenciales:
La incorporación al expediente de las garantías formales que debe remitir Estados Unidos.
La aprobación definitiva de los criterios de oportunidad en las causas penales abiertas en Costa Rica.
En cuanto a las garantías, el Estado requirente deberá comprometerse formalmente a no imponer cadena perpetua ni una pena superior a 50 años de prisión, límite máximo permitido por la legislación costarricense. Asimismo, deberá reconocer el tiempo que Gamboa ha permanecido detenido en el país centroamericano.
Estas exigencias responden a principios constitucionales y a los marcos de cooperación internacional que regulan la extradición de nacionales, especialmente tras la reforma constitucional del 28 de mayo de 2025, que habilitó la entrega de ciudadanos costarricenses en casos específicos, entre ellos narcotráfico.
Criterios de oportunidad y suspensión de causas locales
En paralelo, el Ministerio Público (MP) costarricense solicitó a los tribunales la aplicación de criterios de oportunidad en los procesos penales que se seguían en el país contra Gamboa. Esta figura procesal permite suspender o dar por terminadas investigaciones locales cuando ello facilita la cooperación internacional y no vulnera derechos fundamentales.
Díaz explicó que, una vez aprobados estos criterios y formalmente incorporados al expediente, la extradición quedaría en condición de firmeza procesal y dejaría de estar diferida.
El mismo mecanismo fue solicitado en el caso de Edwin López Vega, conocido como alias "Pecho de Rata", para quien la Fiscalía gestionó criterios de oportunidad en causas por legitimación de capitales que se encontraban tanto en etapa intermedia como en fase de juicio. La intención es coordinar de manera más expedita su eventual traslado y evitar dilaciones derivadas de procesos pendientes.
La detención de Gamboa en junio de 2025 se produjo a solicitud de la Administración de Control de Drogas (DEA) en EE.UU., lo que activó los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países.
Según el fiscal general costarricense, la DEA enviará su propio avión para ejecutar el traslado. No obstante, aún no se ha definido si el operativo se realizará de manera individual o conjunta con López Vega, en caso de que ambos expedientes queden listos en un mismo momento procesal.
La coordinación administrativa también involucra a la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) del Poder Judicial, encargada de verificar la documentación remitida por el país requirente y su incorporación formal al expediente nacional. Díaz indicó que, en el caso de Gamboa, "ya no existe ningún obstáculo procesal" distinto de la recepción de las garantías formales y la aprobación judicial de los criterios solicitados.
Incertidumbre sobre el régimen penitenciario en Estados Unidos
Una vez en territorio estadounidense, el régimen de visitas y el centro de reclusión dependerán de las decisiones del sistema penitenciario federal. El abogado defensor reconoció que desconoce cuál será el procedimiento aplicable en materia de visitas familiares.
Aunque el proceso judicial se desarrollará en Texas, la normativa penitenciaria de Estados Unidos permite que una persona procesada sea recluida en cualquier establecimiento del país, conforme a criterios de seguridad y disponibilidad.
Castillo advirtió que algunos centros permiten visitas familiares bajo protocolos específicos, mientras que otros restringen el contacto a la defensa técnica. La definición dependerá del lugar donde finalmente sea ubicado el extraditado.
El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José autorizó la extradición, pero condicionó su ejecución al cumplimiento íntegro de los requisitos legales. Además, estableció que la entrega no podrá materializarse si existiera una condena firme pendiente de cumplimiento en Costa Rica.
Las autoridades estiman que, una vez recibidas las garantías formales y aprobados los criterios de oportunidad, el traslado podría concretarse en un plazo relativamente breve, aunque no existe una fecha oficial definida.
La audiencia de este miércoles cerró el capítulo de actuaciones humanitarias previas a la entrega y dejó el expediente en la fase final de verificación documental y coordinación internacional. La ejecución de la extradición dependerá ahora exclusivamente del cumplimiento de las exigencias formales establecidas por la jurisdicción costarricense y de la respuesta oficial del Estado requirente.
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