Del 9-F al 9-M: el autoritarismo en tiempos del coronavirus

Con medidas preventivas y coercitivas extremas, esperando contener así la expansión del coronavirus, El Salvador ha apostado, no tanto por “aplanar la curva” de infectados, sino a impedir que se desarrolle la curva de contagios. De desarrollarse la temida curva, serían millones los infectados y decenas de miles los fallecidos.


El 9 de febrero, El Salvador presenció escandalizado lo que pareció ser un golpe de Estado del Ejecutivo al Legislativo, en un escenario que incluyó el despliegue de las Fuerzas Armadas en el Legislativo. El acontecimiento, que conmovió al país, concluyó con una invitación a la paciencia que el Presidente Bukele dijo haber recibido de Dios…


El 9 de febrero Nayib Bukele desplazó a las Fuerzas Armadas de El Salvador - Fotografía de Reuters por Victor Penas

Sólo un mes después, el 9 de marzo, el país asistió con preocupación a la imposición de drásticas medidas que culminaron con el decreto de emergencia y del estado de excepción, para frenar el previsiblemente incontenible avance en nuestro país del coronavirus. El acechante virus hizo olvidar los fantasmas de la vuelta de las fuerzas armadas a la política y demostró la necesidad de medidas autoritarias para defender al país de la epidemia. Y la epidemia facilitó al Ejecutivo su propósito de tener mayor control político. Y todo eso ocurrió en apenas un mes...


Un escenario autoritario


Mirando hacia atrás, las primeras medidas de control de la epidemia que el Ejecutivo tomó, desde finales de enero y principios de febrero, que parecieron exageradas en ese momento, aparecen ahora tan enérgicas como atinadas para impedir el avance de la pandemia. Avanzado marzo, el día 24 sólo cinco casos habían sido detectados. El primero, el de un hombre que burló las fronteras, pero fue inmediatamente detenido y puesto en cuarentena. Otros dos, salvadoreños que regresaban de España y fueron puestos en cuarentena preventiva. Los otros dos llegaban de Milán, y lo mismo: a cuarentena. Si esas cuatro personas hubiesen entrado sin restricciones, es muy probable que hubiéramos experimentado la progresión geométrica que caracteriza la expansión del coronavirus.


Las medidas para controlar la epidemia continuaron y han creado el escenario perfecto para un cierto autoritarismo deseado previamente por el Ejecutivo.


El 2021 en la mira de Bukele


¿Qué sucedió el 9 de febrero? En ese mes, y ante el aparente éxito del Plan de Seguridad “Control Territorial”, el Poder Ejecutivo estaba a la espera de la aprobación en el Poder Legislativo de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 109 millones de dólares. Todo seguía el proceso normal: el Ejecutivo propone y el Legislativo aprueba. El resultado es siempre una nueva deuda para el país.


La prisa por los fondos, y la típica parsimonia burocrática para tratar los asuntos del Ejecutivo, alentada ahora por el control que el FMLN y ARENA tienen en el Legislativo, habrían motivado el llamado que hizo Bukele a “la insurrección”, basándose en el artículo 87 de la Constitución. El Ejecutivo decidió enfrentar a “los políticos de siempre”, teniendo ya en su perspectiva los comicios legislativos y municipales de marzo del 2021, cuando aspira a conseguir la mayoría en el Legislativo.


Un enfrentamiento constante


Desde el 1 de junio de 2019, cuando Nayib Bukele asumió la Presidencia, el enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo ha sido una constante, una realidad comprensible porque en la Asamblea la representación mayoritaria la tienen el FMLN y ARENA, los dos grandes perdedores de las elecciones de 2019, mientras el Ejecutivo está exigua e indirectamente representado minoritariamente por GANA y el CD, que suman 11 diputados de los 84 que hay en la Asamblea.


El llamado a la “insurrección” pretendía ser la respuesta ante la aparente incapacidad de los diputados por aprobar recursos dedicados a un problema esencial para el país. La dilación podía interpretarse como intencionada. El Legislativo decía que no, que actuaba con responsabilidad, analizando adecuadamente, y como le corresponde, la propuesta de préstamo, rubro por rubro, detalle a detalle. Fue durante esa revisión que los legisladores cuestionaron la inclusión en el préstamo de dinero para comprar un buque para la subdesarrollada Marina Nacional, argumentando la lucha contra el narcotráfico, cuando para esa tarea son más útiles embarcaciones ligeras.


9-F: un fino montaje


En ese contexto de espera, el Ejecutivo “convocó” de forma extraordinaria al Legislativo a sesionar el domingo 9 de febrero, una atribución especial para situaciones especiales, que en esa fecha no aparecían como tales, como dos días después lo estableció la Sala Constitucional del Poder Judicial.


El 9 de febrero el Presidente Bukele llegó al Legislativo con un gran despliegue militar que cercó el palacio legislativo -los militares entraron después al hemiciclo-, mientras un regular número de seguidores de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, en un performance finamente montado, tarima presidencial incluida, rodeaban el edificio. Todo un escenario propicio para lo que parecía ser el anuncio de la disolución del Poder Legislativo.


En la tarima colocada en la entrada de acceso al Legislativo el Presidente dijo a sus seguidores: “Voy a entrar, ver qué pasa... y luego decidimos”. Acto seguido, entró con ceremonial protocolario a la Asamblea, ocupando el sillón del Presidente del Legislativo y llamando al orden con un gong dispuesto para la ocasión (sillón y gong fueron desechados posteriormente por el Presidente del Legislativo cual si fueran vectores de contagio del coronavirus…).


¿Quién lo llamó?


Al corroborar que los diputados presentes no alcanzaban para el quórum -estaban únicamente los diez diputados de GANA, el diputado del CD, alguno del PNC y tres o cuatro disidentes de ARENA- Bukele anunció que iba a orar para preguntarle a Dios qué debía hacer. Tras dos minutos de suspenso donde todo mundo pensó que anunciaría el cierre de la Asamblea, al término de su oración sólo dijo: “Dios me dice que tengamos paciencia”. Acto seguido, la cámara que transmitía en cadena nacional no sólo enfocó la salida del Presidente, también el recinto legislativo lleno de soldados armados con fusiles M-16 y chalecos antibalas.


Ya afuera, Bukele volvió a la tarima y recomendó paciencia a todas las personas que acudieron a su llamado a la “insurrección”. (¿Estaba lista esa multitud para tomarse la sede legislativa?). Dentro del Legislativo, las cámaras registraron también un selfie del Presidente y una llamada telefónica a la que él respondió… Algunos creen que fue el embajador de Estados Unidos quien le llamó para apoyar la “causa” -no pasa nada en este país sin que lo sepa y lo consienta de previo la embajada-, mientras que otros creen que fue el embajador, pero para decirle que no fuera adelante y por la misma razón: nada pasa sin la aprobación de Estados Unidos…


Si fue o no fue el embajador estadounidense, seguramente habrá sido un empresario prominente para decirle que lo hiciera… o que no lo hiciera. Algún día se sabrá...


¿Qué pasó el 9-F?


En los días que siguieron a estos hechos, aparecieron, como podía esperarse, acusaciones y denuncias ante la Fiscalía General de la República, que anunciaban el inicio de una investigación para deducir responsabilidades. Se vaticinó la caída en la popularidad del Presidente. Sin embargo, su popularidad no cayó y dos semanas después, los diputados que habían recurrido al Fiscal General dijeron que no habían visto el 9 de febrero nada fuera de lo normal, de modo que el Fiscal se quedó sin argumentos para procesar a alguien…


¿Qué pasó el 9 de febrero? ¿Un claro signo de prepotencia de un político novato, que presagia la llegada del autoritarismo a un país democrático? ¿Un paso en falso y craso error de un Presidente que goza realizando actos políticamente incorrectos ante la clase política tradicional que representan el FMLN y ARENA? ¿Un show de mal gusto de un político que sabe montar escenarios propicios para una campaña electoral sobreanticipada, que ocurrirá en 2021? ¿Un vano intento, que aprovechó toda la clase política, de desviar la atención ante problemas gravísimos como el acceso a agua potable de calidad, como la discusión de la nueva ley de reconciliación que quiere abordarlo todo sin reconciliar nada, como los antejuicios e investigaciones en curso a políticos acusados de negociar con pandilleros antes de las elecciones de 2014?


Todas las respuestas eran posibles. Y todas danzaban en todos los análisis… hasta que llegó la amenaza del COVID-19. En menos de un mes la crisis del coronavirus llevó al Ejecutivo a imponer medidas que en principio parecieron excesivas y que han sido leídas como favorables a las aspiraciones autoritarias del Presidente. Sin embargo, han sido esas medidas tomadas desde finales de febrero las que han permitido tener un relativo control sobre el número de casos de coronavirus: sólo nueve casos identificados hasta el 25 de marzo, todos ellos previamente sometidos a cuarentena tras su ingreso al país. Así, lo que para unos es autoritarismo en ciernes, para otros es responsabilidad ante una emergencia sanitaria.


30 años de autoritarismo


El autoritarismo no deja de ser un peligro permanente, inminente, pero en El Salvador puede ser considerado un deporte nacional.


Los veinte años de ARENA, el partido que gobernó entre 1989 y 2009, no fueron precisamente un dechado de democracia. ARENA impuso su visión neoliberal, y con nocturnidad y alevosía impuso las privatizaciones, la liberalización del mercado y la aprobación de la ley de dolarización, mientras recolocaba a las Fuerzas Armadas en tareas auxiliares de seguridad pública. Su gestión se convirtió en un ejemplo de prepotencia, un gobierno de políticos con pistola al cinto en los tres poderes del Estado.


Siguieron los diez años del FMLN, el partido que gobernó entre 2009 y 2019 , y que mostró el ascenso al poder de burócratas que fundamentaban sus decisiones en el poder que les concedía su afiliación partidaria y no la consulta con sus bases, a quienes comenzaron a mirar por encima del hombro. Si algo lamenta la población en toda la clase política es su prepotente alejamiento de la gente.



El autoritarismo nacional


El autoritarismo no sólo está en los políticos. En las escuelas, en los centros de trabajo y en las familias encontramos esquemas autoritarios, con variaciones en intensidad y escala, pero ahí están. El docente es monarca en su clase. El padre o la madre, con contadas excepciones, incluso si está ausente uno u otra, por un principio básico machista, deciden todo impositivamente, incluso cuando toca si estudia la prole y qué es lo que estudia. Las empresas no son democráticas porque para eso tienen dueño o socios mayoritarios, pero las ONG, incluso las organizaciones del movimiento social, suelen tener directores y líderes que ansían perpetuarse en el poder, con todo y las prebendas que esto supone.



Rasgarse las vestiduras ante gestos autoritarios no es más que un buen ejemplo de “burros hablando de orejas”. Esto no significa minimizar los acontecimientos del 9 de febrero, sino colocarlos en toda su complejidad, puesto que el desmontaje de las estructuras autoritarias debe suponer bastante más que criticar los actos presidenciales. Por supuesto, hay que criticar, pero ¿qué pensar cuando el crítico del autoritarismo tiene los mismos rasgos autoritarios?


Exponer a los militares


El peligro de centrarse excesivamente en la figura presidencial tiene como consecuencia ignorar los dos elementos más peligrosos que vimos en lo que el Ejecutivo montó el 9 de febrero: la presencia de los militares y la invocación a Dios.



Las Fuerzas Armadas suelen verse involucradas en los asuntos de gobierno en momentos de crisis, y habituados al poder, terminan por asumirlo con su formación militar. A los militares se les busca como árbitros en los conflictos de clase por su alta capacidad organizativa frente enemigos externos o internos. Lo negativo, y peligroso, de lo ocurrido el 9 de febrero ha sido colocar en el escenario político y con máxima exposición a las fuerzas armadas.


Y no es que hubieran estado ausentes en los últimos treinta años, pero ahora los vimos demasiado cercanos al poder. Tras una larga presencia de las fuerzas armadas en el control de Estado, desde 1932 hasta 1979, y tras el papel protagónico que jugaron durante la guerra civil que concluyó en 1992, hay que reconocerle a la institución armada el rigor con el que asumió los acuerdos de paz que la desterraban del ámbito político y de la seguridad pública. La transición que significó entregar el bastón de mando como Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas a Mauricio Funes primero y a Salvador Sánchez Cerén después, ambos del partido que los militares enfrentaron durante el conflicto armado, llamó muy positivamente la atención.


Invocar a Dios


La invocación a Dios, un gesto clarísimo de manipulación de la religiosidad de la gente, fue también un elemento grave en el escenario creado el 9 de febrero. Tras décadas en que el cristianismo progresista y la teología latinoamericana reivindicaron la dimensión social y política de la fe, ha regresado a El Salvador, como a todo el continente, un conservadurismo religioso que crea las condiciones para “secuestrar” la idea de Dios y volverla a poner al servicio de quienes tienen el poder. El problema no es que se invoque a Dios, sino que se le invoque desde el poder y para reforzar el poder. Ojalá los políticos escuchasen a Jesús e hicieran realidad lo que él nos enseñó que era el proyecto de Dios: la liberación de todas las carencias que soportan los pobres. El riesgo es que los políticos, de izquierda o de derecha, hagan cómplice a Dios de sus planes, de sus proyectos, hasta de sus desmanes.


El virus lo cambió todo


Para bien o para mal, la amenaza del coronavirus dejó en suspenso muchas cosas, menos el fantasma del autoritarismo. Casi pasaron al olvido los acontecimientos del 9 de febrero. También se han dejado a un lado las discusiones sobre la impunidad ante las violaciones de derechos humanos y la nueva ley de reconciliación, que se esperaba fuese vetada. También se dejó en suspenso el antejuicio contra Norman Quijano por su involucramiento en las negociaciones con pandilleros y la interpelación del Ministro de Defensa y del Director de la Policía Nacional Civil para determinar su grado de responsabilidad en los hechos del 9 de febrero.


Estado de emergencia


Las medidas contra la epidemia comenzaron a fines de febrero, cuando se restringió el ingreso al país de ciudadanos chinos e iraníes. Después, fueron los italianos y españoles. La segunda fase de las restricciones comenzó a principios de marzo, cuando se impuso cuarentena preventiva a toda persona que ingresaba al territorio nacional. Es en esa población en temprana cuarentena donde se detectaron ocho de los primeros nueve casos de coronavirus. El 5 de marzo la iglesia católica sugirió medidas de protección en las misas al dar la paz y al recibir la comunión. El 6 de marzo Protección Civil elevó la alerta a amarilla. Parecía exageración, porque para esa fecha no había ningún caso en El Salvador y apenas aparecía el primer caso en Costa Rica.


El viernes 13 se declaró la alerta roja y el Ejecutivo solicitó a la Asamblea la declaración de emergencia nacional y el estado de excepción. Con la emergencia, el Ejecutivo podía garantizar la movilización de recursos, financieros y de personal, para hacerle frente a la epidemia. La Asamblea aprobó sin mayor dificultad el decreto de emergencia, pero se detuvo en la discusión del estado de excepción que, por el antecedente inmediato, colocaba sobre la mesa el peligro de la tentación autoritaria.


En menos de un mes la crisis del coronavirus llevó al Poder Ejecutivo de El Salvador a imponer medidas que en principio parecieron excesivas - Fotografía de Reuters

Estado de excepción


Invocar el estado de excepción, del que habla el artículo 29 de la Constitución eran palabras mayores. La Constitución establece la posibilidad de suspender ciertas garantías constitucionales: la libertad de expresión, los derechos de asociación, la libre circulación y la inviolabilidad de las comunicaciones. La última vez que se decretó estado de excepción en El Salvador fue cuando el golpe de Estado de 1979 y durante la ofensiva guerrillera de noviembre de 1989.


El Ejecutivo intentó ser específico: no le interesaba ni limitar la libertad de expresión ni afectar las comunicaciones ni alterar el derecho a asociarse. Le interesaba restringir el libre tránsito en el país, cerrar las fronteras y obligar, de ser necesario, a entrar en cuarentena a todo el que llegara al territorio nacional.


Ya estaba comprobándose en todo el mundo que las restricciones a la movilidad podían detener o mitigar la espiral exponencial del contagio de este virus.


Tras las discusiones, las aclaraciones y en un clima de total desconfianza, se aprobó el estado de excepción especial a partir del 15 de marzo, y por quince días prorrogables. Quedaron afectados el derecho a la libre movilización y el derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio -por la cuarentena-. No se declaró toque de queda.


Algunos ciudadanos confinados en cuarentena presentaron habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional y otros presentaron solicitud de declaración de inconstitucionalidad del decreto de excepción bajo el supuesto que no se siguió el proceso adecuado en el seno de la Asamblea, mientras afloraban las críticas ante posibles excesos de parte de la fuerza pública a la movilidad de las personas y a las consecuencias del cierre de fronteras.


Medidas cada vez más estrictas


El cierre de fronteras, con Honduras hacia oriente y norte, y con Guatemala hacia occidente, así como el cierre del aeropuerto, generó inconformidades entre quienes querían regresar al país. Algunos optaron por incursionar ilegalmente por puntos ciegos. Varios fueron detenidos por el Ejército en distintos puntos de la frontera.


El primer caso de coronavirus fue precisamente el de un ciudadano que se presentó en un hospital en Metapán, en el noroccidente del país. Tras chequear su estatus migratorio tenía registrada su salida, pero no su regreso. Ese caso llevó a reforzar las patrullas que vigilaban la frontera mientras se sometía a la ciudad de Metapán a 48 horas de escrutinio con el cierre de los accesos a la ciudad: nadie entraba y nadie salía.


La circulación diaria se vio restringida en todo el país. Una de las primeras medidas, tomada el 10 de marzo, fue la suspensión de clases, tanto en escuelas públicas como privadas, y en todos los niveles: básico, medio y superior. La inconformidad y la sorpresa fueron evidentes en universidades como la UCA, donde hacía un par de días había iniciado el ciclo ordinario de pregrado. También quedaron sorprendidos e inconformes miles de padres y madres que tendrían que lidiar con la presencia de sus hijos en la casa todo el día. La medida de continuar el proceso de enseñanza por medios virtuales ha supuesto una carrera para adecuar contenidos y metodologías.


A la suspensión de clases, siguió la obligación de quedarse en casa para los mayores de 60 años. Y posteriormente, el cierre de actividades “no esenciales” (con la incógnita de cuáles lo son…), limitando así la circulación en el transporte público, que sólo puede llevar la mitad de los pasajeros permitidos y sentados, para cumplir con el distanciamiento social. También se estableció un acceso limitado a lugares de compra y el cierre de espacios de ocio.


Para contrarrestar la carga que todo esto supone para la economía del país y para la subsistencia de la población, el Ejecutivo pidió al Legislativo la aprobación de instrumentos de crédito hasta por 5 mil millones de dólares. La cifra quedó de momento en 2 mil millones, mientras se afinan los mecanismos de control y distribución.


Impedir a toda costa la curva


Dado el carácter acelerado con el que el virus se propaga, si nos atenemos a las experiencias china, italiana, alemana o española, sin mayores controles es fácil suponer que hasta un 60% de la población salvadoreña podría llegar a infectarse.


Serían más de 3 millones de personas. Un 5% y con cifra conservadora, podría morir, y eso serían más de 300 mil muertes. Son números imposibles de enfrentar en un brevísimo lapso de tiempo para cualquier economía y para cualquier sistema nacional de salud, más para el salvadoreño, que está en estado deplorable.


Esto ha sumado comprensión a todas las medidas preventivas de tan alto nivel coercitivo que se están aplicando en el país, bajo el supuesto, inalcanzable quizás, de que podamos contener al máximo el número de casos. El Salvador ha apostado, no tanto por “aplanar la curva” de infectados, sino a impedir que se desarrolle la curva de contagios con los naturales decesos.


El Ejecutivo puso en marcha la transformación del Centro Internacional de Ferias y Convenciones en un hospital de campaña a fin de incrementar el número de unidades de cuidados intensivos disponibles para la atención de casos.


Y para hacer frente al confinamiento domiciliar y a la consiguiente semiparalización de la economía dispuso la postergación de pagos esenciales (agua, luz, teléfono) y créditos (bancarios y comerciales) por tres meses, invitando a cumplir con el pago de esos servicios a quienes sigan gozando de salario. También prepara un bono de subsistencia de hasta 300 dólares por familia para las personas de recursos limitados del sector informal o que pierdan su trabajo en esta coyuntura especial. Los detalles específicos están por definirse.


¿Exageración autoritaria?


¿Se trata de una exageración autoritaria? México y Nicaragua no parecen apurados en tomar medidas, y Estados Unidos y Brasil tampoco parecieron durante dos o tres semanas interesados en tomar medidas regulatorias, mucho menos drásticas… hasta que el virus avanzó rápido en esos dos países.


El Salvador ha tomado medidas extremas desde muy pronto y seguirá tomándolas. Si al fondo de la caja de Pandora del autoritarismo en ciernes, la que se abrió el 9 de febrero, aparece la esperanza, será por haber adoptado todas estas medidas para enfrentar la calamidad.


Sin ellas, no escaparemos del contagio ni de las graves consecuencias para la economía y para la salud que augura el virus. También con las medidas, la economía sufrirá al extremo, a cambio de la posibilidad, por pequeña que sea, de contener el desarrollo de la epidemia y la pérdida masiva de vidas.



Por: Luis Antonio Monterrosa - Profesor del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" de El Salvador.


Lea el artículo de la Revista Envío aquí.

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