La propuesta de "la Pichu" llegó para salvar el día. Inicia el camino legislativo para consolidar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras

El anteproyecto de la diputada Xiomara Zelaya Castro propone que la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) actúe como un querellante autónomo, con la capacidad de investigar, acusar y llevar a juicio a las redes de corrupción. Esta figura, según el texto, permitiría a la Comisión ejercer acciones independientes de investigación y presentación de requerimientos fiscales en todas las instancias judiciales. Además, se detallan los delitos que la CICIH tendría la responsabilidad de investigar, que van desde la malversación de caudales públicos hasta el enriquecimiento ilícito y el fraude electoral.

Por Jairo Videa | @JairoVidea

Política, corrupción y ciudadanía

Tegucigalpa, Honduras

En una imagen de archivo, diputados hondureños escuchan discurso de la presidenta Xiomara Castro | Fotografía cortesía

La tan esperada iniciativa legislativa para crear por fin la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) ha sido objeto de intensos debates, destacando el anteproyecto presentado por la diputada Xiomara Hortensia Zelaya Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre). Esta propuesta, que busca dotar a la CICIH de facultades extraordinarias para combatir la corrupción pública y privada, ha generado un profundo análisis jurídico y político en el país centroamericano. La propuesta de la legisladora conocida como "la Pichu", hija de la presidenta Xiomara Castro y del expresidente Manuel Zelaya, está compuesta por 11 artículos, que establecen una serie de disposiciones que abarcan desde la definición de la CICIH como querellante autónomo hasta los delitos que esta entidad tendría la facultad de investigar y enjuiciar. Sin embargo, su implementación requiere un examen minucioso, especialmente en lo concerniente a su viabilidad constitucional y su efectividad en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Una de las características más sobresalientes de esta propuesta es la creación de la figura del querellante autónomo para la CICIH. Esta figura otorgaría a la Comisión la autoridad para investigar, acusar y llevar a juicio a las redes de corrupción, tanto en el ámbito público como en el privado. Sin embargo, este punto ha generado controversia, ya que algunos expertos señalan que contradice disposiciones constitucionales relacionadas con el monopolio del ejercicio de la acción penal pública por parte del Ministerio Público (MP) de Honduras, en manos del oficialismo.

El anteproyecto también delimita los delitos que la CICIH tendría la competencia de investigar, abarcando una amplia gama de conductas corruptas que van desde la malversación de fondos públicos hasta delitos electorales y evasión fiscal. Esta inclusión detallada busca brindar un marco legal sólido para el combate a la corrupción en todas sus formas, tanto en el ámbito estatal como en el sector privado.

Además, la propuesta contempla mecanismos para recibir denuncias de personas naturales y jurídicas, así como criterios para la selección de casos a investigar. Esto apunta a garantizar que la CICIH tenga la capacidad de abordar aquellos casos que representen un grave daño para la sociedad hondureña, independientemente de su ubicación geográfica o la fecha en que ocurrieron los hechos.

No obstante, la viabilidad de la propuesta ha sido cuestionada por diversos sectores, especialistas y exfuncionarios. Algunos argumentan que la figura del querellante autónomo podría vulnerar principios constitucionales y poner en riesgo la independencia del MP, que de por sí mal funciona, en rangos generales de justicia y acceso a la misma. Además, la duración limitada de cinco años para el mandato de la CICIH ha sido objeto de críticas, ya que se considera insuficiente para abordar de manera efectiva la complejidad de la corrupción en Honduras, teniendo en cuenta ya un primer período del actual oficialismo.

Por otro lado, la propuesta de financiamiento, que prevé contribuciones tanto del Estado hondureño como de la comunidad internacional, plantea interrogantes sobre la autonomía financiera de la Comisión y su capacidad para operar de manera independiente de intereses políticos o económicos.

A fin de cuentas, el anteproyecto de Ley Especial para la CICIH representa un paso importante en el combate a la corrupción en Honduras. Sin embargo, su implementación plantea desafíos significativos en términos de viabilidad constitucional, independencia institucional y sostenibilidad financiera. Es necesario un debate amplio y transparente que involucre a todos los actores relevantes para garantizar que cualquier iniciativa legislativa en este sentido sea efectiva y respete el Estado de Derecho.

Por otro lado, pero no menos importante, en medio de la segunda extensión del memorándum de entendimiento entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la administración de Castro, algunos diputados opositores aseguran que el proyecto legislativo presentado por Zelaya es un "salvavidas" y podría funcionar para "ganar tiempo", debido a que el oficialismo todavía no está preparado para la instalación de una CICIH fuerte y capaz.

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