Educación sin cimientos: el MEP de Costa Rica acumula 21 años de omisiones en la regularización de terrenos escolares
- Redacción Central
- 15 abr
- 4 Min. de lectura
A pesar de las reiteradas advertencias, el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha respondido con medidas parciales, como circulares y directrices en los últimos años. En 2022, por ejemplo, se introdujeron requisitos para certificar la titularidad de los terrenos antes de destinar fondos públicos a proyectos de infraestructura. A pesar de estas directrices, la Contraloría destaca que la falta de un inventario actualizado y la falta de medidas concretas para abordar la regularización persisten como puntos críticos.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San José, Costa Rica
Por más de dos décadas, el Ministerio de Educación Pública (MEP) costarricense ha desatendido una advertencia clave de la Contraloría General de la República (CGR): la ausencia de un inventario que identifique las escuelas y colegios públicos que operan en terrenos sin titularidad estatal. Esta omisión, sostenida desde 2004, obstaculiza la inversión responsable de fondos públicos y pone en riesgo la seguridad jurídica de la infraestructura educativa.
El martes 08 de abril de 2025, la Contraloría reiteró su preocupación en un oficio dirigido a Lourdes Suárez Barboza, directora de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP. El documento surge en respuesta a una consulta del propio Ministerio sobre la legalidad de financiar proyectos en propiedades ajenas. El ente fiscalizador no solo respondió negativamente a la práctica generalizada, sino que lamentó la inacción institucional ante un problema identificado hace más de 20 años. "Persisten dudas sobre si el MEP ha tomado medidas concretas para dimensionar el alcance y estado real de esta problemática", advirtió la CGR en el oficio DFOE-CAP-0818, tras constatar que el MEP no contaba con el inventario solicitado.
Pese a que el requerimiento de la Contraloría era claro —detallar nombre, ubicación, antigüedad, necesidades de obra y situación legal de cada centro educativo construido sobre terrenos ajenos—, el Ministerio incumplió con el plazo de 10 días hábiles otorgado para la entrega del listado.
La raíz del conflicto institucional remonta a diciembre de 2004, cuando la CGR respondió a una consulta sobre la inversión estatal en escuelas dañadas por un terremoto. Varias de ellas operaban en propiedades privadas o sin claridad registral, lo cual motivó al órgano contralor a recomendar al MEP un proceso integral de regularización.
Desde entonces, la CGR ha insistido en la necesidad de crear un inventario nacional, como paso previo a otras acciones legales: desde la instauración de informaciones posesorias y contratos de usufructo, hasta la gestión de traspasos o el impulso de reformas legislativas. Sin embargo, a lo largo de 21 años, esas recomendaciones no han sido materializadas de forma efectiva.
El tema volvió a estar bajo el foco en 2006, durante una intervención del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que buscaba ejecutar convenios con Juntas de Educación para mejorar infraestructura escolar. Una década después, en 2016, la CGR rechazó transferencias del MEP para construir en propiedades aún no regularizadas, por considerarlo contrario al marco legal de contratación pública.
Acciones dispersas, resultados insuficientes
Entre 2022 y 2024, el MEP emitió varias directrices para limitar las inversiones en terrenos sin titularidad clara. Por ejemplo, ordenó exigir convenios de uso con los propietarios antes de invertir fondos, y restringió obras de mantenimiento en propiedades en proceso de regularización. Además, impuso la presentación de certificaciones de titularidad o, en su defecto, documentos que acreditaran legalmente el uso del terreno.
No obstante, la CGR calificó estas medidas como insuficientes y reiteró que sin un diagnóstico completo y actualizado del problema, cualquier intento de solución carece de base. La falta de un inventario impide no solo dimensionar la magnitud del desafío, sino también definir prioridades para la inversión pública. "Resulta reprochable que las autoridades del MEP no hayan implementado las acciones recomendadas por la Contraloría General de la República desde el 2004, hace más de 20 años, para abordar una problemática histórica que, si bien es compleja, es necesario resolver", sentenció la entidad.
A pesar del llamado a regularizar, la Contraloría reconoció que en contextos excepcionales —como desastres naturales que comprometen la continuidad del servicio educativo— es posible autorizar inversiones mínimas. Bajo este principio, denominado "a situaciones excepcionales, soluciones excepcionales", se permite ejecutar obras que garanticen la seguridad de estudiantes y personal docente, siempre que no existan alternativas viables y que las decisiones estén debidamente sustentadas.
Sin embargo, el ente aclaró que incluso en esos casos extraordinarios, se debe conformar un expediente administrativo riguroso que documente las razones técnicas, jurídicas y fácticas que justifican el gasto. Para cualquier inversión en infraestructura educativa, el MEP debe asegurar la legalidad del terreno. Antes de utilizar recursos públicos, tiene la obligación de explorar y agotar todas las vías disponibles: desde la tramitación de donaciones entre instituciones, hasta procesos judiciales de traspaso o uso. Las construcciones nuevas, enfatizó la CGR, deben esperar hasta que los terrenos estén regularizados.
Este largo historial de advertencias desatendidas refleja un patrón institucional de improvisación en la gestión de la infraestructura educativa. En el centro de la problemática hay una contradicción grave: el Estado invierte en educación sin asegurar la base legal del terreno donde esa inversión ocurre.
Mientras tanto, miles de estudiantes siguen asistiendo a centros escolares cuyos cimientos jurídicos no están claros. Sin un inventario completo y transparente, no se puede planificar ni garantizar una educación pública con seguridad, continuidad ni equidad territorial. La deuda no es solo legal: es también social.
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