Resumimos la jornada de este martes 12 de noviembre de 2024 con las cifras y noticias más importantes de la actualidad en Centroamérica, Latinoamérica y el mundo. Le recomendamos leerlo desde la web para una mejor experiencia.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Centroamérica
Millones de quetzales en multas al tipificar ocho ciberdelitos y endurecer penas de cárcel en Guatemala
La iniciativa de Ley 6347, en discusión en el Congreso Legislativo de Guatemala, busca llenar el vacío legal en torno a los delitos informáticos en el país, estableciendo ocho nuevas figuras delictivas que tipifican y sancionan ciberdelitos. Estas conductas, aún no contempladas en el Código Penal, se enfocan en delitos cometidos mediante redes o sistemas digitales. Sin embargo, expertos en derecho observan que esta propuesta legislativa requiere una revisión más detallada para evitar ambigüedades y posibles vacíos legales. La iniciativa, impulsada por la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso, se inspira en el Convenio de Budapest sobre cibercriminalidad. Según el abogado costarricense Juan Ignacio Zamora Montes de Oca, máster en Derecho Informático, el proyecto guatemalteco apunta a una estructura penal que equilibre la severidad de las penas con la gravedad de los delitos, de acuerdo con estándares internacionales.
Los artículos de la iniciativa contemplan penas de cárcel y multas calculadas en función del salario mínimo mensual vigente para actividades no agrícolas en Guatemala, lo que conlleva sanciones económicas de hasta Q1.8 millones. A continuación, se destacan las nuevas figuras delictivas incluidas:
Acceso ilícito (Artículo 7): Pena de 4 a 6 años de prisión y una multa de entre 20 y 200 salarios mínimos, lo que equivale a una sanción económica de Q72,691.80 a Q726,918.00.
Intercepción ilícita (Artículo 8): Se penaliza con 6 a 10 años de cárcel y multas de 100 a 200 salarios mínimos, es decir, entre Q363,459.00 y Q726,918.00.
Ataque a la integridad de los datos informáticos (Artículo 9): Implica una pena de 5 a 7 años y multas de 100 a 200 salarios mínimos. Si el ataque es especialmente grave, las sanciones se incrementan a 6 a 8 años de cárcel y multas de hasta 500 salarios mínimos (Q1,817,296.50).
Ataque a la integridad del sistema informático (Artículo 10): Castigado con penas de 6 a 9 años y multas de 100 a 300 salarios mínimos. Para ataques mayores, la pena aumenta a 7 a 10 años y hasta 500 salarios mínimos en multas.
Falsificación informática (Artículo 11): Se sanciona con 2 a 6 años de prisión y multas de 20 a 200 salarios mínimos.
Apropiación de identidad ajena (Artículo 12): Establece penas de 3 a 6 años de cárcel y multas de 40 a 100 salarios mínimos. En casos graves, la pena sube a 4 a 7 años y multas de hasta 200 salarios mínimos.
Abuso de dispositivos (Artículo 13): Pena de 3 a 6 años de prisión y multas de 20 a 200 salarios mínimos.
Fraude informático (Artículo 14): Tipificado con 4 a 8 años de cárcel y multas de 100 a 300 salarios mínimos.
Algunos juristas guatemaltecos como César Calderón y Wellington Puac destacan que si bien la iniciativa responde a la necesidad de abordar el cibercrimen en el país, su redacción presenta imprecisiones que podrían abrir brechas legales. Calderón subraya que, para evitar que los delitos informáticos queden impunes, las penas mínimas deberían comenzar en 6 años, impidiendo el uso de medidas sustitutivas. Por su parte, Puac critica la "ambigüedad" de los términos utilizados, afirmando que los vacíos podrían aprovecharse en defensa de los acusados.
El fiscal Raúl Pérez Bámaca, de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales del Ministerio Público, apoya la iniciativa, argumentando que la pena mínima de 6 años permitiría una persecución penal efectiva. Sin embargo, los defensores legales coinciden en la necesidad de una ley clara y técnica para que los operadores de justicia no deban depender de interpretaciones extensivas que podrían dificultar las condenas.
El Convenio de Budapest sobre cibercriminalidad, al que Guatemala intenta alinearse, sugiere un marco de penas efectivas y disuasorias sin establecer montos específicos. Según Zamora, la iniciativa guatemalteca podría beneficiarse de un enfoque más completo que aborde tanto la penalización como la recuperación de activos obtenidos mediante ciberfraude. Los artículos 24 y 25 de la propuesta hacen alusión a la confiscación de bienes y la cooperación internacional en la recuperación de activos, aunque, en opinión del abogado Abraham Girón, dichos aspectos ya están regulados en la legislación procesal vigente y podrían suprimirse para evitar redundancias.
Girón también propone que Guatemala incorpore los protocolos adicionales del Convenio de Budapest en su legislación de ciberseguridad. Estos protocolos ofrecen directrices para tipificar delitos relacionados con la propagación de contenido ilícito y el acceso no autorizado, aspectos críticos en el entorno digital que Guatemala podría incluir para fortalecer el marco legislativo en la lucha contra el cibercrimen.
A medida que avanza la digitalización, Guatemala enfrenta el desafío de establecer un sistema de ciberseguridad robusto y efectivo que garantice la protección de los derechos digitales y la seguridad de la información. La iniciativa de ley 6347, aunque prometedora, requiere ajustes sustanciales para convertirse en un recurso efectivo en la prevención, persecución y sanción de delitos informáticos en el país.
Años en la Asamblea: falleció Canelo, el perro querido del Poder Legislativo salvadoreño
Este sábado 09 de noviembre de 2024, la Asamblea Legislativa de El Salvador perdió a uno de sus miembros más queridos: Canelo, un perro que había pasado 15 años en los pasillos del Congreso, falleció tras días de tratamiento intensivo debido a su delicada salud. La noticia fue compartida por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde expresó la tristeza del recinto por el fallecimiento de Canelo, conocido y querido por diputados y empleados. Canelo, un perro callejero que llegó en 2009 al Congreso, se había convertido en un símbolo de cariño y compañía para quienes trabajan en la Asamblea.
Su vida allí fue marcada por paseos tranquilos por los corredores y las áreas comunes del edificio, donde era bien recibido por legisladores y colaboradores. Sin embargo, según fuentes consultadas por este medio, desde el viernes 01 de noviembre, Canelo comenzó a mostrar signos de deterioro en su salud, presentando complicaciones médicas que lo llevaron a estar bajo observación constante.
El Instituto de Bienestar Animal (IBA) fue el primero en atender a Canelo, realizándole exámenes generales y pruebas de química sanguínea para determinar la gravedad de sus padecimientos. Posteriormente, fue trasladado a una clínica veterinaria privada, donde fue ingresado en cuidados intensivos debido a su condición crítica. Según Castro, el perro estaba recibiendo tratamiento para diversas enfermedades, agravadas por su avanzada edad, lo que complicaba su recuperación.
Durante sus últimos días, Canelo fue sometido a diversos estudios para abordar los dolores que sufría y que estaban relacionados con una artritis avanzada, problemas renales y la presencia de tumores. "Le están tratando el dolor para que este momento sea más leve", comentó el presidente de la Asamblea en sus redes sociales, refiriéndose a los esfuerzos médicos por mantener su calidad de vida en sus últimos momentos. La avanzada edad de Canelo, sin embargo, fue un factor determinante en el desenlace, a pesar de los cuidados intensivos que se le brindaron.
A las 11:29 de la mañana de este sábado, Ernesto Castro confirmó el deceso de Canelo, agradeciendo el tiempo compartido con él y anunciando que el animal recibiría sepultura en un espacio especial dentro de la Asamblea. "Gracias a Dios por dejarnos estar con él, convivir con él y acompañarlo hasta el final", escribió el funcionario. Canelo, junto a Chocolate, su compañero también conocido en el recinto legislativo, formaba parte de la vida diaria en la Asamblea. Ambos animales reflejan una política de afecto y cuidado hacia los animales de la calle en el entorno laboral, promovida por el Instituto de Bienestar Animal y reforzada por los diputados y empleados del Poder Legislativo.
Millones de dólares en inversión extranjera para Honduras, pero enfrenta impacto de percepción negativa
El Banco Central de Honduras (BCH) reportó una captación de aproximadamente 500 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) durante el primer semestre de 2024, cifra que, aunque significativa, revela una tendencia a la baja en comparación con años anteriores. Esta reducción, de acuerdo con analistas, está relacionada con la percepción internacional sobre la gobernanza y la corrupción en el país, un tema que ha ganado relevancia en los informes del Banco Mundial y que afecta la imagen de Honduras en el extranjero.
Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), expresó su preocupación por el impacto que la corrupción tiene sobre la competitividad de Honduras. "En este momento nosotros vemos que el tema de la corrupción es uno que daña directamente la imagen del país centroamericano", afirmó Fortín. "A nosotros como empresa privada es a quien más nos afecta porque significa que la gente no quiere venir a invertir, suponiendo que somos un país que no busca combatir la corrupción", agregó. Esta percepción internacional afecta la confianza de los inversionistas, quienes ven en el riesgo de corrupción un obstáculo para el desarrollo económico y la seguridad jurídica que buscan al expandir sus operaciones en otros territorios.
Expertos en economía y finanzas subrayan que el debilitamiento en la inversión extranjera tiene un impacto directo en la generación de empleo y el crecimiento de sectores clave en la economía hondureña. La disminución de capitales foráneos, que anteriormente contribuían al desarrollo de industrias como la manufactura, la tecnología y la infraestructura, limita las oportunidades de expansión económica y profundiza las brechas de competitividad regional.
Para el sector empresarial hondureño, este contexto implica una urgencia para reforzar las políticas de transparencia y mejorar la imagen del país. Líderes empresariales y autoridades gubernamentales coinciden en que, para revertir la tendencia y atraer nuevamente mayores flujos de inversión, Honduras deberá no solo fortalecer los mecanismos de supervisión y auditoría, sino también enviar señales claras de que se está avanzando en el combate a la corrupción.
Esta situación, además, ha motivado un análisis entre los actores del sector privado sobre la estrategia que el gobierno podría adoptar para mejorar los indicadores de gobernanza en el futuro inmediato.
Hectáreas para una sola empresa minera china en Nicaragua
La administración sandinista de Nicaragua ha otorgado una nueva concesión minera a la empresa china Xinjiang Xinxin Mining Industry Company Limited, para la explotación de minerales metálicos y no metálicos en un terreno de 1,490 hectáreas. La concesión, válida por 25 años, fue publicada este lunes 11 de noviembre de 2024 en La Gaceta - Diario Oficial, en lo que constituye un nuevo paso en la expansión de la presencia china en la minería nicaragüense. La concesión, otorgada a través de la filial local Nicaragua Xinxin Linze Minera Group, se extiende sobre un terreno ubicado en los municipios de La Libertad y Santo Domingo, en el departamento de Chontales, al centro del país centroamericano.
El lote, denominado "Río Santo", se encuentra a aproximadamente 150 kilómetros al este de la capital, Managua.
Este acuerdo marca la quinta concesión otorgada por el oficialismo de Daniel Ortega a la minera china en Nicaragua, sumando ya más de 43,000 hectáreas de terreno concesionado en diversas zonas del país. La última concesión fue emitida el lunes 02 de septiembre del corriente año, lo que evidencia la acelerada expansión de la compañía en el país centroamericano.
La concesionaria, Nicaragua Xinxin Linze Minera Group, se compromete a pagar un 3 % en regalías por la explotación de los minerales extraídos. Además, el acuerdo establece que la empresa debe iniciar las operaciones mineras en un plazo de cuatro años. Este proceso, no obstante, estará sujeto a la aprobación y supervisión del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que se encargará de asegurar el cumplimiento de las normativas medioambientales y operativas, bajo el control del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La entrega de esta concesión minera se produce en el marco de un creciente vínculo económico y comercial entre Nicaragua y China, que se consolidó con la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) en enero de 2024. Este acuerdo sigue a la ruptura diplomática entre Nicaragua y Taiwán en 2021, cuando el mandatario Ortega decidió establecer relaciones formales con Pekín. Desde entonces, diversas empresas chinas han aumentado su presencia en sectores clave de la economía nicaragüense, como la minería, la construcción y las infraestructuras. También se expanden las tiendas masivas.
El nuevo acuerdo también resalta el enfoque estratégico del régimen sandinista en cuanto a la explotación de recursos naturales, en un país que ha sido tradicionalmente rico en minerales, pero con una clara crisis medioambiental. Sin embargo, la expansión de la minería en Nicaragua ha sido objeto de críticas por organizaciones ambientales y sociales que alertan sobre los posibles impactos ecológicos y la falta de transparencia en el manejo de los recursos.
Además de la concesión otorgada a Xinxin Linze, otras dos compañías mineras chinas, Zhong Fu Development y Thomas Metal, también han recibido permisos para operar en Nicaragua durante el presente año, ampliando la influencia de China en el sector.
Toneladas de ayuda y 150 rescatistas a Costa Rica desde El Salvador
El Salvador ha desplegado un equipo de ayuda humanitaria para asistir a Costa Rica, país gravemente afectado por las intensas lluvias y deslaves provocados por el huracán Rafael y las últimas ondas tropicales en la región, junto a un peligroso giro ciclónico. Un contingente inicial de 150 rescatistas partió desde el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero en la madrugada de hoy, martes 12 de noviembre de 2024, compuesto por efectivos de la Fuerza Armada, bomberos, personal de la Dirección General de Protección Civil y el Sistema de Emergencias Médicas. La misión también incluye perros de búsqueda entrenados y equipos especializados en rescate urbano, proporcionando una asistencia integral a las zonas más golpeadas.
La comitiva está equipada con 15 toneladas de alimentos y seis toneladas de insumos médicos y otros suministros, destinados a aliviar la situación de emergencia en las áreas afectadas, principalmente en las provincias de Guanacaste y Limón, donde las lluvias han dejado cuantiosos daños materiales y a miles de personas en riesgo. Costa Rica ha desplegado a más de 4,100 funcionarios de diversas instituciones para enfrentar la situación en las zonas más críticas. El Gobierno costarricense mantiene alerta naranja en gran parte del territorio, con excepción del Caribe Sur, que se encuentra en alerta amarilla.
Durante una visita de Estado a Costa Rica, el presidente salvadoreño Nayib Bukele ofreció al presidente costarricense Rodrigo Chaves un total de 300 rescatistas, además de alimentos y medicinas, como muestra de apoyo solidario. La ayuda inicialmente estaba destinada a España, en respuesta a las inundaciones en Valencia ocasionadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). Sin embargo, Bukele explicó que, debido a que España no aceptó ayuda internacional, El Salvador redirigió los recursos a Costa Rica, país centroamericano que enfrenta una emergencia climática de gran magnitud.
El contingente de rescate salvadoreño que arribó a Costa Rica este martes no es la primera misión internacional del país en respuesta a desastres naturales. En febrero de 2023, el mismo equipo viajó a Turquía para colaborar en los esfuerzos de rescate tras el devastador terremoto que azotó la región, experiencia que, según la administración de Bukele, refuerza su capacidad de respuesta ante situaciones de crisis humanitaria en otros países.
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