A 35 años de la tragedia, la Universidad Centroamericana (UCA) sigue honrando la memoria de sus mártires. Este 20 de noviembre, la casa de estudios superiores celebrará una misa en su honor bajo el lema "Sembramos esperanza para cosechar libertad". En un editorial reciente, la UCA recordó que los jesuitas asesinados trabajaban por la reconciliación del pueblo salvadoreño, promoviendo el diálogo en un país desgarrado por la violencia.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San Salvador, El Salvador
Según religiosos y periodistas, El Salvador ha dado un importante paso en su búsqueda de justicia al abrir un proceso judicial contra 11 acusados de la autoría intelectual de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras salvadoreñas, ocurrida la madrugada del 16 de noviembre de 1989 durante la guerra civil que devastó al país centroamericano. Entre los imputados destaca el expresidente Alfredo Cristiani, señalado de haber estado al tanto de las decisiones militares que derivaron en el asesinato, un crimen que marcó un antes y un después en la historia de Centroamérica.
En pleno conflicto armado, efectivos del batallón élite Atlacatl irrumpieron en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA). Bajo órdenes de alto mando, ejecutaron a los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López. También fueron asesinadas Elba y Celina Ramos, empleada y su hija de 16 años de edad, testigos involuntarios de un crimen diseñado para eliminar cualquier resistencia intelectual al régimen militar de entonces.
Cinco de los sacerdotes asesinados eran españoles, entre ellos Ellacuría, un teólogo reconocido por sus esfuerzos en pro del diálogo entre las partes enfrentadas. Las víctimas fueron silenciadas por su defensa de los derechos humanos y su crítica a las desigualdades sociales que alimentaban la guerra.
Además de Cristiani, el caso involucra a militares retirados como Joaquín Cerna, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda, así como al exdiputado Rodolfo Parker. Aunque Cristiani ha negado sistemáticamente su implicación, documentos desclasificados y testimonios apuntan a su conocimiento y posible participación en las decisiones que culminaron en la matanza. Según la abogada Almudena Bernabeu, especializada en casos de derechos humanos, existe evidencia que demuestra que Cristiani fue informado de la planificación y ejecución del crimen por altos mandos militares, incluido el general René Emilio Ponce, señalado como autor intelectual, fallecido en el año 2011.
La reapertura del caso en 2022, gracias a un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreña, fue posible tras la derogación de la Ley de Amnistía de 1993, que había blindado a las y los responsables de crímenes de guerra. Este proceso judicial, aunque tardío, representa un avance significativo para las víctimas y sus familias, que durante décadas han exigido justicia y verdad, según una socióloga consultada por este medio. Solo dos responsables han enfrentado condenas hasta ahora: el coronel Guillermo Benavides, sentenciado a 30 años en El Salvador, y el excoronel Inocente Montano, condenado a 133 años de prisión en España por su participación en los asesinatos.
La masacre de los jesuitas es uno de los capítulos más oscuros de la guerra civil salvadoreña, que dejó más de 75,000 muertos y hasta 10,000 desaparecidos entre 1980 y 1992. Este juicio no solo busca esclarecer los hechos ahora, sino también reivindicar la memoria de quienes sacrificaron sus vidas por la justicia y la paz.
La UCA, epicentro de este trágico evento, ha organizado una misa conmemorativa bajo el lema "Sembramos esperanza para cosechar libertad". La cita es mañana, jueves 21 de noviembre de 2024. A 35 años de los asesinatos, la comunidad jesuita y las organizaciones de derechos humanos renuevan su compromiso con la verdad, destacando que los mártires de la UCA lucharon por la reconciliación de un pueblo dividido.
El proceso que ahora inicia será observado de cerca por organizaciones internacionales, defensores de derechos humanos locales, periodistas independientes y la sociedad salvadoreña. Más allá de los veredictos, el juicio representa una oportunidad histórica para que El Salvador reconozca la verdad de su pasado y siente las bases de una justicia que no solo se limite a los perpetradores materiales, sino también a los responsables intelectuales que promovieron una cultura de impunidad.
El camino hacia la justicia sigue siendo largo, pero cada avance renueva la esperanza de que las heridas abiertas puedan finalmente comenzar a sanar.
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