A pesar de la magnitud del cambio, la administración de Nayib Bukele ha guardado un notable silencio al respecto. Incluso en redes sociales, donde el mandatario suele anunciar sus políticas con entusiasmo, no ha habido pronunciamientos sobre la reforma.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San Salvador, El Salvador

El Salvador, el primer país en el mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal en 2021, ha dado marcha atrás a su política criptoeconómica esta semana. Con una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en un encuentro rápido este miércoles 29 de enero de 2025, el uso de la criptomoneda ya no es obligatorio, sino voluntario, y el Estado ha quedado excluido de su gestión. Esta decisión, tomada de manera discreta y sin la usual propaganda gubernamental, responde a exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), que condicionó la entrega de un crédito de 1,4 mil millones de dólares a la eliminación de la obligatoriedad del Bitcoin.
La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialista Nuevas Ideas, modificó seis artículos de la Ley Bitcoin y derogó tres de los 16 que la conformaban. Los cambios más significativos incluyen la eliminación del carácter de "moneda de curso legal" del Bitcoin, el fin de su aceptación obligatoria en comercios y el retiro de su uso para el pago de impuestos. Además, la reforma establece que cualquier deuda adquirida por el Estado salvadoreño, tanto a nivel local como internacional, deberá pagarse en la moneda en que fue contraída, reafirmando el dólar estadounidense como el principal medio de pago en el país centroamericano.
A pesar de la magnitud del cambio, la administración de Nayib Bukele ha guardado un notable silencio al respecto. Incluso en redes sociales, donde el mandatario suele anunciar sus políticas con entusiasmo, no ha habido pronunciamientos sobre la reforma.
El gobierno de Bukele presentó la adopción del Bitcoin como una medida revolucionaria para atraer inversión extranjera y dar un salto económico. Sin embargo, la realidad ha sido diferente. Desde su implementación, el rechazo de la población ha sido evidente. Encuestas realizadas en 2021 indicaban que el 71 % de los salvadoreños se oponían a la medida, y para 2024 el uso del Bitcoin había caído a su punto más bajo: solo el 8,1 % de la población lo utilizó, según estudios de la encuestadora Ludop.
La estrategia gubernamental incluyó un gasto de más de 200 millones de dólares en la infraestructura para facilitar el uso del Bitcoin, la creación de la billetera digital estatal Chivo Wallet y la instalación de cajeros automáticos en todo el país. Para incentivar la adopción, el Gobierno otorgó un bono de 30 dólares a quienes descargaran la aplicación. No obstante, la adopción no despegó y pronto se detectaron irregularidades, como la duplicación de usuarios para cobrar los incentivos y fallas en la billetera que permitieron el robo de 840,000 dólares.
Desde el inicio de la implementación del Bitcoin, la información sobre su uso y gestión financiera ha sido un misterio. Todos los datos oficiales fueron declarados bajo reserva y la única fuente de información sobre las adquisiciones de Bitcoin del Estado eran las publicaciones en la cuenta personal de X (antes Twitter) de Bukele, quien llegó a asegurar que realizaba compras de la criptomoneda desde su teléfono móvil, incluso en momentos poco convencionales.
Actualmente, el Gobierno ha lanzado un sitio web oficial, Bitcoin Office, donde se informa que la nación posee una reserva de 6,049.18 bitcoins, equivalentes a aproximadamente 637,3 millones de dólares. Sin embargo, el portal no aclara si el Estado ha vendido alguna parte de su reserva, cómo se han utilizado las ganancias o quién está a cargo de su administración.
A pesar del hermetismo gubernamental, medios locales han destapado varios escándalos de corrupción vinculados a la implementación del Bitcoin. Entre las denuncias destacan incumplimientos de normativas internacionales contra el lavado de dinero y la falta de rendición de cuentas sobre el fideicomiso estatal destinado a garantizar la convertibilidad del Bitcoin.
Más allá de las irregularidades, la apuesta por la criptomoneda no ha traído la prosperidad prometida por Bukele. De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, en 2024 El Salvador registró 55,000 nuevos pobres en comparación con el año anterior, reflejando el impacto de una economía que no logró despegar a pesar de la arriesgada estrategia de criptomonedas.
Aunque el Bitcoin ha sido desplazado como moneda de curso legal, el gobierno salvadoreño no ha renunciado completamente a su uso. Stacy Herbert, directora de la Oficina Nacional de Bitcoin, aseguró que el país continuará adquiriendo Bitcoin, "posiblemente a un ritmo acelerado", y seguirá promoviendo leyes para atraer inversión y educar a la población sobre el criptoactivo. Además, confirmó que la billetera estatal Chivo Wallet será eliminada o vendida, eliminando así el último vestigio de intervención estatal en el sistema.
A nivel internacional, la reforma ha sido vista como una señal de pragmatismo ante la presión del FMI. Sin embargo, la rapidez con la que fue aprobada, la falta de debate público y la ausencia de una postura clara del presidente Bukele han generado dudas sobre el verdadero impacto de la medida en la economía del país y en la confianza de los inversionistas.
El Salvador pasó de ser "el país del Bitcoin" a un experimento fallido que concluye con un repliegue forzado y silencioso desde el oficialismo y los medios locales. Ahora, con la atención puesta en la estabilidad financiera, el país deberá afrontar las consecuencias de una apuesta arriesgada que, lejos de traer beneficios a la ciudadanía, ha dejado más preguntas que respuestas.
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