Honduras endurece su respuesta al crimen: cadena perpetua para asesinos de agentes, cooperación militar con EE.UU. y reestructuración de la lucha contra la extorsión
- hace 3 días
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Las iniciativas impulsadas desde el Congreso, las Fuerzas Armadas y la Policía reflejan una tendencia común: el endurecimiento de la respuesta estatal frente a organizaciones criminales que continúan representando uno de los principales desafíos para la seguridad.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
La violencia atribuida al crimen organizado ha empujado a Honduras hacia una nueva fase de endurecimiento institucional.
Mientras el Congreso Legislativo acelera una reforma penal para imponer prisión de por vida a quienes asesinen a policías, militares, jueces y fiscales, las Fuerzas Armadas preparan operaciones conjuntas con Estados Unidos contra estructuras criminales y la recién creada División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) redefine sus métodos de actuación bajo un modelo centrado en inteligencia e investigación.
Las tres decisiones, anunciadas en medio de una creciente preocupación por la expansión de organizaciones criminales y los ataques contra funcionarios públicos, forman parte de una estrategia estatal orientada a reforzar la capacidad de respuesta frente a fenómenos delictivos que las autoridades consideran cada vez más complejos y violentos.
El Congreso acelera una reforma para imponer prisión de por vida
La respuesta política más inmediata surgió tras el asesinato de cinco oficiales de la Policía Nacional durante una emboscada registrada en el departamento de Colón, un hecho que reactivó el debate sobre la protección jurídica de los operadores de justicia y los cuerpos de seguridad.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó en mayo de este año una iniciativa de reforma a los artículos 540-A y 540-B del Código Penal con el objetivo de establecer prisión perpetua para quienes sean encontrados culpables del asesinato de miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas (FF.AA.), jueces y fiscales.
La propuesta fue remitida con carácter urgente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para obtener la opinión jurídica correspondiente en un plazo estimado de entre tres y cuatro días, con la intención de que el pleno legislativo pueda iniciar el proceso de discusión y votación definitiva durante la presente semana.
La iniciativa busca elevar las consecuencias penales para los ataques dirigidos contra funcionarios encargados de la seguridad pública y la administración de justicia, sectores que el Estado considera fundamentales para el sostenimiento del orden institucional y la persecución del delito.
De acuerdo con los promotores del proyecto, el endurecimiento de las sanciones pretende enviar una señal de disuasión a las organizaciones criminales que han incrementado sus acciones violentas contra agentes estatales en distintas regiones del país.
La reforma también contempla eliminar cualquier posibilidad de que los condenados por estos delitos accedan a beneficios penitenciarios, medidas sustitutivas o mecanismos de preliberación. En caso de recibir la mayoría calificada requerida en el Congreso, la normativa entrará en vigor una vez publicada en el Diario Oficial - La Gaceta.
Durante las últimas horas se han intensificado las conversaciones entre las principales fuerzas políticas para garantizar los votos necesarios para su aprobación, en un contexto marcado por una creciente presión social para fortalecer las respuestas estatales frente a la criminalidad organizada.
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