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Investigación contra Rodrigo Chaves, por tráfico de influencias, sacude la Presidencia de Costa Rica

El presidente Rodrigo Chaves y varios miembros del Gobierno se enfrentan a acusaciones de "tráfico de influencias" tras la denuncia de un prominente empresario costarricense. La acusación se relaciona con la presunta intervención del mandatario y otros funcionarios en un delicado proceso de divorcio y la disputa por la custodia de los hijos menores del empresario. Ésta no es la primera vez que el presidente costarricense es objeto de investigación, y la situación comienza a generar preocupación en el país, a la espera de una resolución justa y transparente.


Por Jairo Videa | @JairoVidea

San José, Costa Rica
El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, durante una alocución oficial | Fotografía de EFE por Yoan Valat
El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, durante una alocución oficial | Fotografía de EFE por Yoan Valat

La Fiscalía de Costa Rica ha abierto este martes 01 de agosto una investigación que sacude a la Presidencia del país centroamericano. El presidente Rodrigo Chaves y varios miembros del Gobierno se enfrentan a acusaciones de "tráfico de influencias" tras la denuncia de un empresario costarricense prominente, el banquero Leonel Baruch. La indagación se ha iniciado debido a la presunta intervención del mandatario y otros funcionarios en el proceso de divorcio de Baruch y su exesposa, Yafit Ohana, y en la disputa por la custodia de sus hijos menores de edad.


El presidente de la Corporación BCT y miembro de la junta directiva del medio de comunicación CR Hoy, Leonel Baruch Goldberg, denunció a Rodrigo Chaves el pasado 25 de julio de 2023. Según la acusación, su exesposa recibió un trato preferencial del Gobierno durante su divorcio, alegando que esto fue consecuencia de su colaboración en la creación de un vídeo para redes sociales utilizado por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para señalar un caso de presunta evasión fiscal.


El abogado del empresario, Cristian Arguedas, anunció recientemente en un comunicado que habían decidido emprender acciones legales contra el presidente y otros involucrados en estas acciones. El tráfico de influencias, que conlleva una pena de prisión de dos a cinco años en Costa Rica, se encuentra ahora bajo la lupa de la justicia.


No obstante, ésta no es la primera vez que el mandatario costarricense se enfrenta a una investigación por parte de la Fiscalía. Apenas unas semanas antes, el 17 de julio, el Ministerio Público abrió un oficio por el presunto delito de "abuso de poder", específicamente relacionado con la presunta influencia indebida en contra de la Hacienda Pública.


La investigación actual, que se desarrolla bajo el expediente 23-000056-0033-PE, se encuentra en una etapa privada, lo que limita la información disponible públicamente sobre el caso. Sin embargo, debido a la implicación de miembros de los supremos poderes, el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, supervisará personalmente el proceso, según detalles confirmados por medios de comunicación.


El presidente Chaves, al momento de la apertura de la investigación este martes, se encuentra todavía en un viaje oficial en Bélgica, mismo que tenía como fin la asistencia del Ejecutivo de Costa Rica a la Cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Posteriormente a este encuentro, organizado por España como actual presidente del Consejo Europeo, se conoce que estaba programado un viaje a Letonia, el país de origen de la primera dama costarricense, Signe Zeikate. Esta situación añade un elemento de tensión a la investigación, ya que el presidente se enfrenta a las acusaciones mientras se encuentra en una importante misión diplomática en el extranjero.


La causa del conflicto entre Leonel Baruch y Rodrigo Chaves salió a la luz gracias al comunicado enviado por el abogado de Baruch, en el cual se confirmaba la presentación de las acciones legales. Además del presidente, la investigación también abarca al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; al asesor del mandatario, Gabriel Vargas; a la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Adilia Caravaca Zúñiga; y a la exesposa de Baruch, Yafit Ohana Beladel. Este último detalle muestra la gravedad del caso, ya que involucra a varios funcionarios de alto rango en el Gobierno.


El presidente de CR Hoy alega que el mandatario ejerció presión indebida sobre la expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López Fuscaldo, para favorecer a su exesposa en el caso de custodia de los hijos menores de edad. López Fuscaldo, en su testimonio bajo juramento ante la Asamblea Legislativa, afirmó que el asesor presidencial, Gabriel Aguilar, la contactó para que tratara "con cuidado" un caso relacionado con la custodia de los hijos de Baruch.


Además, el empresario sostiene que el presidente de Costa Rica presionó también al INAMU para favorecer a su exesposa en un caso de violencia doméstica, acusación que Baruch califica como falsa.


La situación genera ya preocupación y tensión en Costa Rica, ya que la investigación involucra directamente al presidente y a altos funcionarios gubernamentales en actividades que, de ser probadas, podrían tener consecuencias legales graves. La población y los medios de comunicación siguen de cerca el desarrollo de los acontecimientos, pero debido a que la investigación se encuentra en una etapa privada, se espera que la información adicional sea limitada hasta que la Fiscalía decida revelar más detalles sobre el caso.


El resultado de esta investigación podría tener un impacto significativo en la estabilidad política y la confianza en las instituciones del país. La imparcialidad y transparencia del proceso serán fundamentales para asegurar que se haga justicia y que se respeten los derechos de todas las partes involucradas. La población costarricense aguarda con expectación las decisiones que tomará la justicia en este delicado asunto, cuyo desenlace podría tener consecuencias de gran alcance para el futuro político del país.


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