Johel Zelaya convierte su defensa ante la Comisión del Legislativo en un alegato político durante el juicio que amenaza con sacarle de la Fiscalía
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La discusión no se limitó a la oportunidad de las investigaciones, sino que también alcanzó la legalidad del propio nombramiento del "fiscal general en pausa". El diputado Antonio Rivera cuestionó que su designación se hubiera producido sin una falta absoluta previa y sostuvo que fue una Comisión Permanente la que lo nombró, algo que, a su juicio, vulneró la Constitución. Uno de los momentos más tensos llegó cuando respondió a los cuestionamientos sobre la rapidez con que el Ministerio Público (MP) actuó en distintos expedientes: defendió que el caso de los audios vinculados al proceso electoral de 2025 no era comparable con otros, porque —según su versión— los videos circulaban públicamente mientras que los audios no.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
La comparecencia del fiscal general suspendido, Johel Antonio Zelaya Álvarez, ante la Comisión Especial de Juicio Político del Congreso Legislativo hondureño este martes 24 de marzo de 2026 se convirtió en una audiencia cargada de confrontación, acusaciones cruzadas y definiciones institucionales. Durante más de dos horas, el funcionario izquierdista no solo defendió la legalidad de sus actuaciones, sino que además insistió en que el proceso en su contra responde a una motivación ajena al fondo jurídico del caso: a su juicio, se trata de un castigo por estorbar.
"Me llevó la convicción; en efecto, es un juicio político", dijo Zelaya al despedirse ante las y los diputados, en una frase que condensó el tono de toda su intervención. "Yo no estoy aquí por los audios, por los videos. Yo estoy aquí porque estorbo", agregó, al dejar claro que interpreta su suspensión y enjuiciamiento como una reacción contra su permanencia en el cargo público. En esa línea, sostuvo que le fue planteada una disyuntiva directa: "me pidieron que renunciara y me pusieron los dos escenarios. Juicio político o renuncia".
A lo largo de su intervención, Zelaya buscó proyectar una imagen de firmeza personal y profesional. "Me voy con la frente en alto", afirmó, y luego insistió en que no ha cometido delitos. Para el fiscal suspendido, la decisión de comparecer no fue un gesto de sumisión, sino una oportunidad para sostener su versión de los hechos ante una comisión que, según él, ya tendría una decisión tomada de antemano.
La audiencia estuvo marcada por otros testimonios de impacto y momentos de alta tensión, especialmente en los cruces con el diputado liberal Jorge Cálix, quien cuestionó con insistencia la forma en que el Ministerio Público (MP) ha actuado en casos distintos, especialmente en la comparación entre el expediente conocido como "Chequesol" y la investigación abierta por los audios difundidos durante los momentos más alarmantes del proceso de votación en el año 2025.
Cálix puso el foco en la aparente diferencia de velocidad institucional. Preguntó por qué el Ministerio Público no dio el mismo tratamiento público al caso "Chequesol" que al de los audios, y cuestionó incluso la ausencia de una cadena nacional en uno y otro asunto. Zelaya respondió que se trataba de casos distintos, subrayando que "los videos eran públicos, los audios no". La réplica no cerró el debate; por el contrario, lo amplificó.
El intercambio se fue elevando de tono. Zelaya le reprochó al diputado que hubiera irrespetado al pueblo hondureño y lanzó una de las frases más explosivas de la jornada: "usted ha irrespetado al pueblo hondureño, no sacó ni un voto y fue juramentado". Cálix le contestó preguntando si había citado a declarar a las personas que aparecen en el llamado "narco-video" o a los mencionados en el juicio de Nueva York contra el expresidente nacionalista Juan Orlando Hernández, indultado por el mandatario republicano Donald Trump. La discusión derivó también en señalamientos por supuesta injerencia política. Cálix preguntó si las directrices del ahora opositor Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y del exdiputado izquierdista Luis Redondo al Ministerio Público no constituían una intromisión. Zelaya lo rechazó de plano: "una intromisión no se la acepto a nadie. Yo no estoy aquí para hacerle los mandados a nadie; sé que me quitan porque yo estorbo".
En otro momento, el fiscal suspendido insistió en que su actuación no ha sido selectiva y que la institución ha impulsado requerimientos contra actores de distintas filiaciones. "No tengo temor de nada; se presentaron requerimientos fiscales de todos los partidos políticos", sostuvo. También afirmó que no actúa contra personas, sino contra hechos: "yo no veo personas… yo veo delitos".
Uno de los puntos más delicados de su comparecencia fue la confirmación de que ordenó la incautación de documentos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionados con los comicios de 2025. "Claro que lo ordené, secuestrar documentos de interés", reconoció Zelaya, al explicar que actuó bajo presión y con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) para ingresar a bodegas del CNE. No obstante, defendió la maniobra como una medida destinada a proteger el proceso electoral y no a paralizarlo. "Lo hice sospechando que no hacerlo podría poner en precario las elecciones, nunca pararlas", afirmó. Añadió además que no se presentó requerimiento fiscal por ese hecho.
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