Johel Zelaya convierte su defensa ante la Comisión del Legislativo en un alegato político durante el juicio que amenaza con sacarle de la Fiscalía
- 25 mar
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Actualizado: 9 abr
La discusión no se limitó a la oportunidad de las investigaciones, sino que también alcanzó la legalidad del propio nombramiento del "fiscal general en pausa". El diputado Antonio Rivera cuestionó que su designación se hubiera producido sin una falta absoluta previa y sostuvo que fue una Comisión Permanente la que lo nombró, algo que, a su juicio, vulneró la Constitución. Uno de los momentos más tensos llegó cuando respondió a los cuestionamientos sobre la rapidez con que el Ministerio Público (MP) actuó en distintos expedientes: defendió que el caso de los audios vinculados al proceso electoral de 2025 no era comparable con otros, porque —según su versión— los videos circulaban públicamente mientras que los audios no.
Por Juan Daniel Treminio | @DaniTreminio
Tegucigalpa, Honduras
La comparecencia del fiscal general suspendido, Johel Antonio Zelaya Álvarez, ante la Comisión Especial de Juicio Político del Congreso Legislativo hondureño este martes 24 de marzo de 2026 se convirtió en una audiencia cargada de confrontación, acusaciones cruzadas y definiciones institucionales. Durante más de dos horas, el funcionario izquierdista no solo defendió la legalidad de sus actuaciones, sino que además insistió en que el proceso en su contra responde a una motivación ajena al fondo jurídico del caso: a su juicio, se trata de un castigo por estorbar.
"Me llevó la convicción; en efecto, es un juicio político", dijo Zelaya al despedirse ante las y los diputados, en una frase que condensó el tono de toda su intervención. "Yo no estoy aquí por los audios, por los videos. Yo estoy aquí porque estorbo", agregó, al dejar claro que interpreta su suspensión y enjuiciamiento como una reacción contra su permanencia en el cargo público. En esa línea, sostuvo que le fue planteada una disyuntiva directa: "me pidieron que renunciara y me pusieron los dos escenarios. Juicio político o renuncia".
A lo largo de su intervención, Zelaya buscó proyectar una imagen de firmeza personal y profesional. "Me voy con la frente en alto", afirmó, y luego insistió en que no ha cometido delitos. Para el fiscal suspendido, la decisión de comparecer no fue un gesto de sumisión, sino una oportunidad para sostener su versión de los hechos ante una comisión que, según él, ya tendría una decisión tomada de antemano.
La audiencia estuvo marcada por otros testimonios de impacto y momentos de alta tensión, especialmente en los cruces con el diputado liberal Jorge Cálix, quien cuestionó con insistencia la forma en que el Ministerio Público (MP) ha actuado en casos distintos, especialmente en la comparación entre el expediente conocido como "Chequesol" y la investigación abierta por los audios difundidos durante los momentos más alarmantes del proceso de votación en el año 2025.
Cálix puso el foco en la aparente diferencia de velocidad institucional. Preguntó por qué el Ministerio Público no dio el mismo tratamiento público al caso "Chequesol" que al de los audios, y cuestionó incluso la ausencia de una cadena nacional en uno y otro asunto. Zelaya respondió que se trataba de casos distintos, subrayando que "los videos eran públicos, los audios no". La réplica no cerró el debate; por el contrario, lo amplificó.
El intercambio se fue elevando de tono. Zelaya le reprochó al diputado que hubiera irrespetado al pueblo hondureño y lanzó una de las frases más explosivas de la jornada: "usted ha irrespetado al pueblo hondureño, no sacó ni un voto y fue juramentado". Cálix le contestó preguntando si había citado a declarar a las personas que aparecen en el llamado "narco-video" o a los mencionados en el juicio de Nueva York contra el expresidente nacionalista Juan Orlando Hernández, indultado por el mandatario republicano Donald Trump. La discusión derivó también en señalamientos por supuesta injerencia política. Cálix preguntó si las directrices del ahora opositor Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y del exdiputado izquierdista Luis Redondo al Ministerio Público no constituían una intromisión. Zelaya lo rechazó de plano: "una intromisión no se la acepto a nadie. Yo no estoy aquí para hacerle los mandados a nadie; sé que me quitan porque yo estorbo".
En otro momento, el fiscal suspendido insistió en que su actuación no ha sido selectiva y que la institución ha impulsado requerimientos contra actores de distintas filiaciones. "No tengo temor de nada; se presentaron requerimientos fiscales de todos los partidos políticos", sostuvo. También afirmó que no actúa contra personas, sino contra hechos: "yo no veo personas… yo veo delitos".
Uno de los puntos más delicados de su comparecencia fue la confirmación de que ordenó la incautación de documentos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionados con los comicios de 2025. "Claro que lo ordené, secuestrar documentos de interés", reconoció Zelaya, al explicar que actuó bajo presión y con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) para ingresar a bodegas del CNE. No obstante, defendió la maniobra como una medida destinada a proteger el proceso electoral y no a paralizarlo. "Lo hice sospechando que no hacerlo podría poner en precario las elecciones, nunca pararlas", afirmó. Añadió además que no se presentó requerimiento fiscal por ese hecho.
La discusión sobre los audios fue otro eje central de la audiencia. Zelaya aseguró que las grabaciones entregadas en una memoria USB por el consejero Marlon Ochoa son auténticas. "Los audios son reales", repitió en varias ocasiones, aun cuando no se ha juramentado a ningún perito para su análisis, según lo señalado durante la sesión.
También remarcó que cualquier intervención ilegal de comunicaciones privadas podría acarrear responsabilidades legales: "quien interviene ilegalmente las conversaciones, lógicamente tendrá consecuencias".
En ese mismo punto, Zelaya sostuvo que no esperaría meses ni trasladaría el material a otros países para decidir si era auténtico. Según explicó, ante un escenario que pudiera vincularse con un plan para atentar contra una figura pública, su obligación era actuar con rapidez. "Yo no iba a esperar a mandarlos a Estados Unidos, Perú y Colombia para conocer si eran verídicos", dijo, en alusión a la secuencia de investigaciones y consultas técnicas que, según su versión, se desarrollaron para validar el contenido, sin evidencias públicas de ello.
El fiscal suspendido también mencionó que un perito del Ministerio Público revisó los audios, aunque no fue juramentado, y que posteriormente se pidió asistencia internacional para autenticar el material. Esa aclaración se sumó a su defensa sobre la necesidad de investigar el caso con prontitud. Para Johel Zelaya, la obligación institucional era abrir el expediente y seguir la "ruta legal disponible".
La Comisión Especial del Legislativo también interpeló a Zelaya por el tratamiento dado a otros casos sensibles. Francis Cabrera le preguntó por qué el MP reaccionó de inmediato al conocerse un audio donde personas, en un grupo de WhatsApp, hablaban de causar daño a Manuel Zelaya Rosales, mientras que el caso "Chequesol" tardó meses en avanzar. Zelaya contestó que no podía presentar un requerimiento solo con el informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Más adelante, sobre los audios vinculados a supuestos intentos de fraude electoral, reiteró que el expediente sigue abierto y que no existe aún una conclusión definitiva.
Otro frente de debate se abrió cuando se abordó el caso de la captura de tres generales en condición de retiro vinculados con la muerte de Isis Obed Murillo. El "fiscal en pausa" explicó que, en casos de militares donde no aparece el arma utilizada, suele aplicarse la cadena de mando para determinar responsabilidades dentro de la estructura jerárquica. El intercambio volvió a mostrar la amplitud de los temas que rodean el proceso político contra Johel Antonio: no se trata únicamente de una disputa por unos audios, sino de una revisión completa de sus decisiones al frente del Ministerio Público.
El diputado Antonio Rivera fue otro de los protagonistas de la audiencia. Cuestionó la legalidad del nombramiento de Zelaya y sostuvo que su designación se realizó sin seguir el procedimiento constitucional, al haber sido electo por la Comisión Permanente y no por el pleno del Congreso hondureño. "Todo lo que comienza mal termina mal. Nueve diputados de la Comisión Permanente, sin facultad constitucional, decidieron nombrar un fiscal general sin que existiera falta absoluta en el cargo", afirmó Rivera, quien también le pidió explicar por qué aceptó el nombramiento si, según su tesis, el procedimiento era irregular.
El choque entre ambos se tensó cuando Zelaya intentó responder con otra pregunta, lo que fue interrumpido por el diputado. "Yo soy el que pregunta, así que conteste", le dijo Rivera. Zelaya replicó que tenía derecho a defenderse y calificó de hipocresía algunos de los señalamientos. La sesión tuvo que ser contenida por el diputado Mario Pérez, quien pidió mantener el respeto y la cordura durante el desarrollo de la audiencia. Al final, Zelaya sostuvo que su juramentación fue hecha por las autoridades correspondientes y que, en todo caso, la controversia sobre su nombramiento tiene una carga política inevitable.
"Hay que preguntarle a la Comisión Permanente... yo vine, fui juramentado, pero esto es un tema político", expresó. En otro momento ofreció disculpas por haberse exaltado.
La audiencia no solo expuso tensiones institucionales. También dejó ver la dimensión humana y emocional que ha adquirido el caso. José Antonio Barahona, padre de la fallecida magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Suyapa Barahona, lanzó ayer acusaciones durísimas contra Zelaya y el magistrado Mario Morazán, a quienes responsabilizó por el deterioro de la salud de su hija hasta su muerte.
Barahona afirmó que ella fue perseguida y hostigada durante su enfermedad y sostuvo, con evidente dolor, que ambos "la mataron".
En sus declaraciones, prometió luchar "hasta el último día" contra quienes considera responsables de esa tragedia y advirtió que no descansará hasta verlos tras las rejas. Señaló que el juicio político debe ser apenas una etapa previa a la presentación de requerimientos fiscales. "Nunca más LIBRE", dijo, y aseguró que no olvidará la muerte de su hija ni a quienes, en su opinión, la empujaron a ese desenlace. La magistrada falleció esta semana en el extranjero después de enfrentar una enfermedad ya avanzada.
En paralelo al desarrollo de la audiencia, también se aclaró el marco legal del proceso. La denuncia contra Zelaya fue admitida por el Congreso Legislativo el lunes previo, lo que derivó en su suspensión provisional mientras avanza el juicio político. La Comisión Especial, integrada por diputados como Mario Pérez, Jorge Cálix, Antonio Rivera y Alex Berríos, entre otros, tiene un plazo de 30 días calendario para investigar y elaborar un informe.
Después de escuchar al "enjuiciado", deberá remitir sus conclusiones a la Secretaría del Congreso en un máximo de 28 días, para que el pleno sea convocado en un lapso no mayor de cinco días y decida el rumbo del caso y el cargo.
La normativa también establece que el pleno podrá escuchar al acusado por hasta cuatro horas antes de votar el informe. La decisión final será binaria: ratificar a Zelaya o destituirlo. Si el Congreso opta por removerlo, deberá designar a quien ocupe el cargo de fiscal general. Lo resuelto entrará en vigor una vez publicado en La Gaceta - Diario Oficial.
La comparecencia dejó, en suma, una escena política de alto voltaje.
Zelaya no se limitó a defender procedimientos ni a responder preguntas técnicas. Convertió su defensa en una acusación contra sus críticos, denunció intromisiones, reivindicó la supuesta autenticidad de los audios, justificó la intervención en el CNE, rechazó haber actuado con selectividad y sostuvo que su "inminente" salida del cargo responde a que incomoda. Sus contradictores, por su parte, lo retrataron como un funcionario cuya actuación selectiva, su cercanía política con Manuel y Carlos Zelaya y la forma en que asumió el cargo ameritan revisión y sanción.
El proceso entra ahora en una etapa decisiva, en la que el Congreso Legislativo de Honduras deberá determinar si la suspensión provisional se convierte en destitución definitiva o si el fiscal suspendido logra sostener su permanencia en el cargo que hoy ocupa solo de manera interina y bajo el peso de una acusación política que amenaza con redefinir su trayectoria.
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