La "era Laura" ya comenzó. Costa Rica inicia nueva etapa marcada por el continuismo, la seguridad y la tensión institucional
- 16 may
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La victoria de Fernández también tiene una dimensión simbólica compleja. Será la segunda mujer en gobernar Costa Rica después de Laura Chinchilla, pero ambas representan proyectos políticos profundamente distintos. Chinchilla llegó al poder en 2010 respaldada por el oficialismo de entonces, aunque desarrolló rápidamente un perfil propio. Su administración estuvo marcada por políticas de seguridad, reformas educativas y una agenda internacional activa, aunque también enfrentó severas críticas internas y una caída histórica en popularidad.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San José, Costa Rica
Costa Rica atraviesa uno de los cambios políticos más profundos de las últimas décadas. La llegada de Laura Fernández Delgado a la Presidencia no representa únicamente una alternancia democrática: simboliza la consolidación de un proyecto político que busca redefinir el modelo institucional costarricense, reconfigurar el equilibrio de poderes y prolongar la influencia del presidente saliente, Rodrigo Chaves, más allá de su mandato constitucional.
Con apenas 39 años, Fernández se convirtió en la segunda mujer en ocupar el Poder Ejecutivo de Costa Rica y la primera en lograrlo en primera vuelta desde hace más de una década. Su triunfo no fue aislado ni accidental. Fue la continuación de un movimiento político construido alrededor del "chavismo" costarricense y bajo la sombra del "bukelismo" salvadoreño. Una narrativa antisistema, confrontativa con las élites tradicionales y enfocada en capitalizar el descontento ciudadano frente a la inseguridad, la burocracia y el desgaste de los partidos históricos.
La ahora mandataria llegó al poder bajo la bandera del Partido Pueblo Soberano, agrupación oficialista que surgió como vehículo político del proyecto de Chaves y que logró posicionarse como la principal fuerza del Congreso costarricense. Aunque el oficialismo no alcanzó la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución sin alianzas, sí consiguió una presencia parlamentaria suficiente para impulsar transformaciones estructurales y dominar la agenda pública.
Fernández construyó su campaña sobre tres pilares: continuidad política, endurecimiento de la seguridad y reforma institucional. Su discurso prometió una "Tercera República", concepto que ha generado preocupación y debate dentro y fuera de Costa Rica por las implicaciones que podría tener sobre el sistema democrático del país centroamericano. Llegó el "¡boom!" de la derecha a territorio costarricense.
En el imaginario político local, la llamada "Segunda República" nació tras la guerra civil de 1948, marcada por la abolición del Ejército, la consolidación del Tribunal Supremo de Elecciones y la construcción de un Estado democrático que convirtió al país en una excepción regional. La idea de una "Tercera República", impulsada ahora por Fernández y el oficialismo, apunta a una reestructuración del Estado, reformas constitucionales y un fortalecimiento del Poder Ejecutivo, para bien o para mal.
Sin embargo, el concepto permanece ambiguo. La presidenta ha hablado de "rescatar las instituciones" y "devolverlas al pueblo soberano", mientras sectores opositores, académicos y organizaciones civiles advierten riesgos de concentración de poder, debilitamiento institucional y tendencias autoritarias similares a las vistas en otros gobiernos latinoamericanos contemporáneos.
El tema de la seguridad fue determinante en las elecciones. Costa Rica enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia reciente debido al aumento del narcotráfico, la violencia vinculada al crimen organizado y el crecimiento sostenido de los homicidios. El país cenrtroamericano, históricamente percibido como estable y pacífico, ha visto transformarse su realidad bajo la presión de estructuras criminales que disputan rutas estratégicas para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y la Unión Europea.
Laura Fernández explotó ese miedo colectivo durante la campaña. Prometió "mano dura", una guerra frontal contra el crimen organizado y la construcción de una megacárcel inspirada en modelos de seguridad regionales como el de Nayib Bukele en El Salvador. También anunció nuevos centros de vigilancia y reformas al sistema judicial, al que el oficialismo acusa de proteger privilegios y actuar con debilidad frente a la criminalidad.
La seguridad, sin embargo, no es el único elemento que define esta nueva etapa política. El verdadero punto de inflexión radica en la permanencia de Rodrigo Chaves dentro del aparato estatal. Aunque constitucionalmente impedido de reelegirse, el expresidente no desapareció del poder. Fernández lo integró en posiciones clave dentro de su administración, otorgándole un rol central como figura política y operativa del nuevo Gobierno.
Esa decisión rompió esquemas dentro de la política costarricense. Analistas y sectores críticos consideran inédita la influencia directa que conserva un mandatario saliente dentro del gobierno sucesor. Para sus detractores, la presidencia de Fernández representa una continuidad total del liderazgo de Chaves; para sus seguidores, se trata de la consolidación de un proyecto político respaldado democráticamente en las urnas.
La ceremonia de investidura dejó señales claras sobre el tono ideológico y diplomático del nuevo gobierno. La presencia de líderes conservadores internacionales y figuras alineadas con agendas de derecha marcó el evento celebrado en el Estadio Nacional de San José. Entre los invitados estuvieron el rey Felipe VI, representantes de Estados Unidos, el presidente hondureño Nasry Asfura, y dirigentes vinculados a gobiernos conservadores latinoamericanos.
Fernández también ha mostrado cercanía con posiciones conservadoras en temas sociales y una apuesta por fortalecer relaciones estratégicas con países aliados de la derecha regional e internacional. Diversos medios internacionales la han descrito como una dirigente populista de derecha, alineada con corrientes que combinan liberalismo económico, conservadurismo social y confrontación con las élites políticas tradicionales. Su ascenso confirma además la transformación del mapa político costarricense. Durante décadas, Costa Rica fue vista como una democracia estable, con partidos tradicionales fuertes y consensos institucionales relativamente sólidos. Pero el desgaste del sistema político, la fragmentación partidaria, el aumento del costo de vida y la inseguridad abrieron espacio para liderazgos disruptivos que encontraron eco en una ciudadanía cansada de la política convencional.
La victoria de Laura Fernández no puede entenderse sin ese contexto. Tampoco sin la figura de Rodrigo Chaves, cuya retórica antisistema y estilo confrontativo modificaron el debate político costarricense desde 2022. Fernández no intentó distanciarse de esa herencia. Hizo exactamente lo contrario: convirtió el continuismo en su principal bandera electoral. Ahora, Costa Rica entra en una etapa de incertidumbre y redefinición. El oficialismo tiene capital político, respaldo popular y control suficiente para empujar reformas profundas. Pero también enfrenta límites constitucionales, vigilancia internacional y una oposición que observa con preocupación cualquier intento de alterar el equilibrio democrático del país.
La "era Laura" no apenas comienza: ya reordenó el tablero político costarricense. Lo que ocurra en los próximos años determinará si Costa Rica consolida una transformación democrática respaldada por las urnas o si se encamina hacia un modelo de poder cada vez más centralizado alrededor de un movimiento político que promete cambios "profundos e irreversibles".
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