Guatemala y Nicaragua elevan tensión diplomática en medio de nuevas denuncias sobre autoritarismo y represión contra la prensa
- 18 may
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La respuesta oficial nicaragüense llegó a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que lamentó las declaraciones del canciller guatemalteco y rechazó cualquier cuestionamiento sobre la situación interna del país. Aunque la nota oficial evitó mencionar directamente el contenido específico de la entrevista publicada por El País, la cancillería sandinista afirmó que Nicaragua "no ha intervenido nunca en los asuntos internos de ningún país".
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Las relaciones entre Guatemala y Nicaragua atraviesan uno de sus momentos más tensos de los últimos años. Declaraciones recientes del canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, sobre la situación política nicaragüense provocaron una inmediata reacción del régimen encabezado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un contexto marcado por denuncias internacionales de violaciones a los derechos humanos, persecución política y nuevas acciones contra medios de comunicación independientes.
El nuevo episodio diplomático expone no solo el deterioro de la relación bilateral entre ambos países centroamericanos, sino también el creciente aislamiento internacional de Managua, señalado por organismos internacionales, gobiernos y organizaciones de prensa por el cierre del espacio cívico y la consolidación de un modelo autoritario.
Guatemala endurece su discurso frente a Managua
La controversia surgió tras una entrevista concedida por el canciller guatemalteco al diario español El País, retomada posteriormente por el periódico nicaragüense La Prensa. En ella, Martínez afirmó que Guatemala ha mantenido una posición clara de condena frente a las acciones del régimen sandinista. "Guatemala ha sido muy clara en su condena a Managua", declaró el diplomático, quien además subrayó que su país carece actualmente de embajador en territorio nicaragüense, reflejo de unas relaciones diplomáticas limitadas y marcadas por la desconfianza política.
El canciller sostuvo que, aunque ambos Estados mantienen relaciones diplomáticas formales, no existe representación directa guatemalteca en Managua. También recordó que Guatemala ha condenado al gobierno nicaragüense en distintos foros regionales e internacionales por considerar que el régimen "pasa por encima de su población". Las declaraciones adquieren relevancia en un escenario regional donde varios gobiernos han optado por posiciones cautelosas frente a Nicaragua, mientras otros han evitado confrontaciones directas con Ortega y Murillo. El gobierno del presidente Bernardo Arévalo, sin embargo, ha mostrado una postura más crítica respecto a las denuncias sobre represión y debilitamiento democrático en Nicaragua.
Martínez también expresó preocupación por el avance de discursos y dinámicas autoritarias en Centroamérica. Aunque reconoció que las democracias de la región enfrentan importantes déficits estructurales, defendió el sistema democrático como el modelo “más abierto y participativo” conocido hasta ahora.
La acogida de presos políticos profundizó el distanciamiento
Las declaraciones del canciller ocurren meses después de que Guatemala recibiera a 135 presos políticos nicaragüenses excarcelados y expulsados de su país en septiembre de 2024, en una operación coordinada entre las administraciones de Estados Unidos de Norteamérica y Nicaragua.
La administración del entonces presidente estadounidense Joe Biden aseguró que la liberación fue resultado de meses de presión diplomática sostenida sobre Managua. El entonces asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, afirmó que las excarcelaciones respondieron a razones humanitarias y defendió el derecho de las personas detenidas a ejercer libertades fundamentales como la libre expresión, la asociación y la práctica religiosa.
Según explicó la Cancillería guatemalteca, las negociaciones se desarrollaron directamente entre Washington y Managua, mientras Guatemala actuó como país receptor y colaborador logístico. Funcionarios estadounidenses insistieron en que el régimen sandinista no recibió concesiones a cambio y describieron la liberación como una "acción unilateral".
El traslado de opositores excarcelados profundizó el malestar entre ambos gobiernos. Para sectores críticos del sandinismo, el episodio representó una nueva muestra del uso del destierro y la desnacionalización como herramientas de castigo político. Desde 2023, el gobierno nicaragüense ha expulsado del país a centenares de opositores, periodistas, activistas, religiosos y defensores de derechos humanos, privándolos además de su nacionalidad y derechos civiles.
Managua acusa "injerencia" y rechaza críticas
La respuesta del gobierno nicaragüense fue inmediata. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó las declaraciones del canciller Martínez como "irrespetuosas e injerencistas". Aunque la nota oficial no detalló expresamente cuáles afirmaciones motivaron el rechazo, diversos medios nicaragüenses identificaron la entrevista concedida a El País como el origen de la controversia. La Cancillería sandinista aseguró que Nicaragua "no ha intervenido nunca en los asuntos internos de ningún país" y sostuvo que tampoco se ha pronunciado sobre "los difíciles procesos políticos, sociales y económicos" atravesados históricamente por Guatemala.
El comunicado apeló además al respeto mutuo entre naciones y llamó a priorizar agendas relacionadas con pobreza y bienestar social. Sin embargo, evitó referirse a las denuncias internacionales sobre violaciones a los derechos humanos o a las acusaciones contra la pseudo-monarquía de Ortega y Murillo por represión sistemática contra la oposición y la sociedad civil.
La reacción nicaragüense se produce en medio de una relación bilateral ya deteriorada por años de desacuerdos políticos y tensiones dentro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Guatemala ha rechazado en distintas ocasiones propuestas impulsadas por Managua para asumir la presidencia de ese organismo regional, profundizando los roces diplomáticos entre ambos gobiernos.
Una crisis política que se prolonga desde 2018
Nicaragua atraviesa una profunda crisis política y social desde abril de 2018, cuando protestas antigubernamentales fueron reprimidas violentamente por fuerzas estatales y grupos afines al oficialismo. Desde entonces, organismos internacionales de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias, desapariciones, restricciones a libertades públicas y persecución contra opositores, periodistas, estudiantes, organizaciones civiles y líderes religiosos.
La situación se agravó tras las elecciones generales de noviembre de 2021, ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional debido al encarcelamiento previo de dirigentes opositores y potenciales candidatos presidenciales. Ortega obtuvo entonces un quinto mandato presidencial, cuarto consecutivo.
Desde ese momento, el gobierno nicaragüense intensificó la cancelación de organizaciones no gubernamentales, universidades, medios de comunicación y asociaciones civiles, además de promover reformas legales utilizadas para criminalizar la disidencia. De acuerdo con el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas, hasta el martes 31 de marzo de 2026 permanecían al menos 47 presos políticos reconocidos en Nicaragua.
Expertos alertan sobre deterioro democrático regional
Las advertencias sobre el avance de prácticas autoritarias no se limitan al caso nicaragüense. El politólogo y académico de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Araya, advirtió recientemente sobre dinámicas políticas regionales que debilitan las instituciones democráticas incluso bajo apariencias formales de legalidad.
Según declaraciones citadas por La Prensa, Araya alertó sobre riesgos que podrían derivar en "una dictadura", en referencia a amenazas percibidas contra la institucionalidad democrática costarricense.
El señalamiento ocurre en un momento de creciente preocupación regional por el debilitamiento institucional en diversos países centroamericanos, donde sectores académicos y organizaciones civiles observan el fortalecimiento de liderazgos personalistas, la polarización política y la erosión de contrapesos institucionales.
El cierre de Radio Stereo Romance amplía la ofensiva contra la prensa
En paralelo a la controversia diplomática, el régimen nicaragüense enfrenta nuevas críticas internacionales tras el cierre forzado de Radio Stereo Romance, una de las emisoras independientes más emblemáticas del sur del país centroamericano.
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó el silenciamiento de la radio, ocurrido el domingo 08 de mayo de 2026, y acusó a la dictadura familiar de Ortega y Murillo de intentar eliminar completamente los espacios de periodismo independiente en Nicaragua.
Según RSF, agentes del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos cancelaron las frecuencias 105.3 FM y 91.1 FM de la emisora y desmontaron físicamente sus equipos de transmisión. La medida fue ejecutada mediante la Resolución Administrativa No. 024-2026, según verificación de COYUNTURA.
El director de la radio, Francisco Gadea López, exiliado desde 2021, explicó que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) justificó el cierre alegando un supuesto incumplimiento en la renovación de la licencia. Sin embargo, rechazó públicamente esa acusación y aseguró que todos los pagos y tasas correspondientes al año 2026 estaban al día.
RSF calificó el cierre como un nuevo nivel de persecución contra la prensa independiente. El director de RSF para América Latina, Artur Romeu, sostuvo que cuando una emisora es clausurada "toda una comunidad queda privada de su derecho a recibir información confiable".
La organización enfatizó que Stereo Romance representaba uno de los pocos medios independientes que todavía operaban dentro de Nicaragua, pese al exilio de gran parte de su personal y al endurecimiento constante de la represión.
Fundada hace 31 años en la ciudad de Jinotepe, Radio Stereo Romance se convirtió en una referencia regional por su cobertura comunitaria, programas de análisis político y espacios de debate social. En 2017 amplió su alcance a departamentos como Rivas, Granada, Masaya y Carazo, fortaleciendo simultáneamente su presencia digital. Durante años mantuvo una línea editorial independiente y plural, en un entorno cada vez más hostil para el periodismo crítico.
Desde las protestas de abril de 2018, la emisora enfrentó campañas de difamación, restricciones informativas, amenazas y vigilancia. La presión obligó al exilio de al menos diez periodistas y colaboradores, mientras otros integrantes del personal abandonaron sus cargos.
A pesar de las dificultades financieras, técnicas y de seguridad, la radio continuó transmitiendo hasta mayo de 2026.
Nicaragua, entre los países más hostiles para la prensa
El cierre de Stereo Romance se suma a una larga lista de medios clausurados, confiscados o forzados al exilio bajo el régimen sandinista de Ortega y Murillo.
En la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2026 elaborada por Reporteros Sin Fronteras, Nicaragua ocupa el puesto 168 entre 180 países y territorios evaluados, ubicándose entre los entornos más restrictivos para el ejercicio periodístico en América Latina, detrás de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Organizaciones internacionales han denunciado reiteradamente que el gobierno sandinista utiliza instituciones estatales, reformas legales y organismos reguladores para limitar el acceso a información, criminalizar voces críticas y consolidar el control sobre el espacio mediático. Entonces. El nuevo choque diplomático con Guatemala, sumado al cierre de medios independientes y las persistentes denuncias sobre presos políticos, evidencia un escenario de creciente aislamiento internacional para Managua y de profundización de las tensiones políticas en Centroamérica.
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