La incertidumbre y persecución contra la iglesia católica de Nicaragua no cesa, y ya logró generar cambios estructurales

La obstinada persecución religiosa, reflejada en el cerco a procesiones durante la reciente Semana Santa -por segundo año consecutivo- y el destierro de obispos, vicarios y sacerdotes a Roma, ha generado una serie de desafíos para la iglesia católica en Nicaragua. La renuncia del cardenal Leopoldo Brenes, aunque no es inmediata, ha abierto debates sobre su posible sucesor, aunque esta decisión recae exclusivamente en el Papa Francisco, quien guarda un silencio que alimenta la incertidumbre desde hace varias semanas, cuando fue desterrado un segundo grupo de religiosos del territorio nacional, a quienes la Santa Sede les ha impuesto afonía.

Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Política e iglesia católica

Managua, Nicaragua

Una manifestación ciudadana en abril del año 2018, dentro de los predios de la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María de Managua | Fotografía de Coyuntura por Jairo Videa

La iglesia católica de Nicaragua, una institución arraigada en la historia, política, institucionalidad y la cultura del país centroamericano, se encuentra en medio de una encrucijada de incertidumbre y persecución. El reciente anuncio de la renuncia del cardenal Leopoldo Brenes, los cambios en las iglesias capitalinas y de Matagalpa, y la amenaza sandinista a la libertad religiosa que persiste en Nicaragua -y se come al catolicismo, particularmente-, ha desatado un sinfín de interrogantes sobre el futuro de la jerarquía religiosa en el contexto de un régimen político que ejerce una obstinada persecución contra las y los católicos, y toda disidencia nacional.

El jueves 07 de marzo de 2024, el cardenal Leopoldo Brenes presentó su renuncia "sin condiciones" al Papa Francisco, sumiendo a la iglesia nicaragüense en un nuevo proceso de reestructuración que ya tiene efectos. Esta renuncia se produce en medio de una coyuntura marcada por la persistente persecución religiosa ejercida por el régimen de Daniel Ortega y su esposa y Rosario Murillo.

La reciente Semana Santa fue testigo de un cerco consecutivo a las procesiones, así como del destierro de dos obispos, vicarios y sacerdotes a Roma, acciones que han exacerbado la tensión y la incertidumbre en el seno de la iglesia católica nicaragüense. La situación se ha agravado con la imposición de un silencio de facto por parte de la Santa Sede, destinado a preservar la "seguridad de los sacerdotes" que aún permanecen en Nicaragua, y a buscar una salida para que "la fe católica pueda seguir siendo practicada" en el país, según fuentes eclesiásticas consultadas por este medio. Monseñor José Antonio Canales, obispo de Danlí, Honduras, fue el primero en confirmar públicamente esta disposición vaticana.

"Hay que proteger a los que aún quedan y a quienes se han posicionado en nuevos cargos para mantener la palabra de Dios", dijo una fuente de la arquidiócesis de Managua -la que más destierros y cambios de sacerdotes ha registrado solo en 2024-, quien solicitó anonimato "porque en el territorio nicaragüense impera el mal". "Las fuerzas malignas están con garras más afiladas, pero el pueblo, la verdad y el amor siempre ganan", agregó.

El cardenal Brenes, por su parte, ha sugerido a los párrocos abstenerse de hacer referencias a la situación social, política, humanitaria y la persecución religiosa desde los púlpitos, en un intento por mantener un equilibrio delicado entre la presión del régimen y la protección de la comunidad, cuando la libertad de culto está en su peor momento. En ese sentido, la renuncia del cardenal Brenes y la imposición de un silencio por parte de la Santa Sede han profundizado una serie de especulaciones sobre el futuro de la jerarquía católica en Nicaragua. Sin embargo, la decisión sobre su sucesor recae únicamente en el Papa Francisco, quien se enfrenta a la difícil tarea de encontrar un líder capaz de guiar a la iglesia en un contexto de hostilidad política, persecución y autoritarismo descarado.

En medio de este clima tenso, la Semana Santa fue marcada por la prohibición de las procesiones y la presencia masiva de la Policía Nacional en las parroquias y capillas católicas, de todo el territorio, por segundo año consecutivo. El despliegue policial durante los principales días vacacionales alcanzó un total de 4,000 oficiales, según estimaciones de la abogada e investigadora Martha Patricia Molina. La prohibición de las procesiones y el cerco policial durante la Semana Santa evidencian el intento del régimen de Ortega por socavar la libertad religiosa y silenciar cualquier forma de oposición dentro de la iglesia católica. Sin embargo, a pesar de la persecución y el asedio, la comunidad católica de Nicaragua continúa resistiendo y defendiendo su fe en medio de la adversidad, pero ahora debe hacer de forma renovada.

"Esos cambios sacerdotales, obligados por la mano dura del Estado, tienen efecto al final, porque el discurso de los nuevos líderes parroquiales se debilita y fractura. Pueden haber hasta voces, desde adentro, que defiendan una iglesia absurdamente apolítica y ajena a los dolores ciudadanos, como lo es ahora el evangelicalismo", dijo una socióloga centroamericana.

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